El Colegio de Médicos de Ourense registró once agresiones a facultativos a lo largo de 2025, un dato que los responsables provinciales consideran solo la cara visible de un problema mayor por el alto grado de infradenuncia. Las cifras locales se enmarcan en un contexto nacional de récord: 879 ataques a profesionales sanitarios en España, la cifra más alta desde que la Organización Médica Colegial comenzó a llevar registros. La alerta llega en la conmemoración del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, cuando el propio colegio reclama medidas urgentes de prevención y protección. Para la institución, la violencia no solo hiere a los profesionales: erosiona la atención sanitaria pública.

El incremento en Ourense es claro frente al año anterior: en 2024 se comunicaron siete episodios y en 2025 la cifra subió a once, la mitad del total de agresiones notificadas en Galicia, que asciende a 22. El colegio provincial advierte que la mayor parte de los incidentes no llegan a registrarse formalmente; estima que únicamente entre el 10% y el 20% de los casos son comunicados, por lo que la dimensión real del problema sería muy superior. Esa diferencia entre cifras oficiales y vividas en el día a día alimenta la preocupación entre los profesionales y los responsables colegiales, que piden campañas para facilitar la denuncia y el apoyo institucional.

En la estadística provincial se observa además una brecha de género: de las once agresiones notificadas en 2025, nueve víctimas eran médicas y dos, médicos. Según el colegio, varios de los incidentes se produjeron mientras los profesionales desarrollaban su labor asistencial en consultas y en servicios de urgencias, espacios en los que la tensión asistencial suele ser más elevada. El repunte coincide con episodios muy visibles, como la concentración de personal sanitario en las urgencias del hospital de Ourense tras una agresión registrada en julio de 2025, que puso el foco mediático sobre la seguridad en los centros.

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La organización colegial subraya que aceptar la violencia como parte inherente de la profesión supondría un retroceso inasumible y reclama avanzar hacia un modelo de tolerancia cero. Para ello, reclamó a las administraciones sanitarias y a las fuerzas de seguridad un refuerzo de las medidas de protección, protocolos claros de actuación y recursos para acompañar a las víctimas. Desde el colegio insisten en que garantizar la seguridad de quienes atienden a la población es esencial para mantener la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Más allá de las cifras, el impacto sobre los profesionales es directo: la exposición a insultos, amenazas y agresiones físicas aumenta el desgaste, eleva el estrés y puede reducir la disposición a continuar trabajando en condiciones que perciben inseguras. Los responsables colegiales han pedido también formación para el personal en la gestión de conflictos y la implantación de mecanismos rápidos de respuesta cuando se produce un incidente, con el objetivo de proteger tanto a la víctima como al resto del equipo y de evitar la repetición de agresiones.

En el plano jurídico, la denuncia de estos hechos permite activar medidas cautelares y procedimientos que pueden incluir desde la intervención policial hasta sanciones administrativas y penales para los agresores; sin embargo, la percepción de complejidad o de poca eficacia del proceso desalienta a muchos profesionales a formalizar las incidencias. Por ello, el Colegio de Ourense insiste en facilitar caminos accesibles y confidenciales para comunicar episodios de violencia y en acompañar a las víctimas durante todo el proceso.

Los expertos consultados por el colegio relacionan parte de la escalada de episodios con la presión asistencial, los tiempos de espera y situaciones de frustración de pacientes y acompañantes, factores que en ocasiones derivan en comportamientos violentos. Frente a esa realidad, la respuesta propuesta combina medidas organizativas —como mejorar la atención y reducir tiempos— y medidas de seguridad física y normativa, que en conjunto persiguen disuadir y sancionar la conducta agresiva.

El mensaje de los médicos ourensanos es claro: la violencia no puede normalizarse ni tolerarse. El Colegio de Médicos de Ourense apela a que cada agresión sea comunicada y tratada con la seriedad que merece, y reclama a las administraciones que traduzcan los compromisos en recursos concretos para prevenir futuros ataques y proteger a quienes garantizan la atención sanitaria de la población.