Operativo antidroga en Santiago: 250 dosis de cocaína, armas blancas y el desalojo inmediato de dos pisos

Policía Nacional llevó a cabo el pasado viernes un operativo en dos viviendas de Santiago de Compostela que se saldó con la intervención de 250 dosis de cocaína, una cantidad menor de hachís, armas blancas y 2.000 euros en moneda fraccionada. Cuatro personas fueron detenidas, pasaron a disposición judicial el sábado y quedaron en libertad, si bien continúan investigadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, la usurpación de inmuebles y la tenencia ilícita de armas.

El operativo y los hallazgos

Según fuentes policiales, las inspecciones se centraron en dos inmuebles de la ciudad: uno en la rúa de Alfredo Brañas, en el Ensanche compostelano, y otro en el barrio de Vistalegre. El primero funcionaba como punto de venta y consumo, mientras que el segundo, siempre según la versión de los agentes, se utilizaba exclusivamente para la distribución de estupefacientes.

Además de las dosis de cocaína, los agentes encontraron una «cantidad algo menor» de hachís, una báscula de precisión para el pesado de las dosis y billetes sueltos por un importe aproximado de 2.000 euros. Entre los objetos incautados figuran dos cuchillos de monte, un machete, un fusil simulado y una escopeta de perdigones, elementos que llevaron a imputar también la tenencia ilícita de armas.

La operación quedó bajo secreto de sumario en sus inicios, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago levantó posteriormente el secreto. En la vista celebrada en la mañana del sábado, las cuatro personas detenidas fueron puestas en libertad provisional y continúan investigadas. La magistrada, además, impuso «la obligación del desalojo inmediato de las viviendas ocupadas», una medida que ya ha comenzado a marcar los siguientes pasos procesales.

Fuentes cercanas al caso precisan que, por el momento, no se han formalizado imputaciones definitivas que impliquen penas de prisión inmediatas y que la causa sigue abierta mientras la Policía Nacional continúa recabando pruebas y practicando diligencias de investigación.

Antecedentes y el mapa local del menudeo

No es la primera vez que zonas como el Ensanche llaman la atención de las fuerzas de seguridad por la presencia de puntos de venta al por menor. Santiago, con su doble condición de capital administrativa y ciudad universitaria, concentra en determinados barrios una mezcla compleja: viviendas de estudiantes, pisos compartidos, locales comerciales y ocupaciones. Esa heterogeneidad facilita en ocasiones la proliferación del menudeo, según fuentes municipales consultadas.

El barrio de Vistalegre, por su parte, ha ido cambiando en los últimos años: consolidación de vivienda de renta media, pero también segmentos de población con problemas de acceso a la vivienda que han dado lugar a ocupaciones puntuales. Cabe recordar que la usurpación de inmuebles está en el centro de un debate social y jurídico más amplio, que enfrenta la urgencia de garantizar el derecho a la vivienda con la necesidad de combatir la delincuencia organizada que, en ocasiones, se aprovecha de espacios desocupados.

En la memoria de la ciudad quedan otros operativos similares y campañas policiales coordinadas, muchas veces llevadas en colaboración con la Policía Local y la Xunta, dirigidas no solo a perseguir la oferta de drogas sino también a desarticular redes que operan a pequeña escala en torno a determinados edificios. La intervención del viernes se enmarca en esa estrategia policial, pero también plantea preguntas sobre las medidas preventivas y sociales que la administración local debe reforzar.

Repercusiones y próximos pasos

La orden de desalojo inmediato dictada por la jueza abre ahora una vía administrativa y civil además de la penal. El proceso de ejecución del desalojo suele implicar notificaciones, coordinación con servicios sociales y, en su caso, la intervención de la fuerza pública si los ocupantes no se marchan voluntariamente. En barrios como el Ensanche la rapidez en la respuesta es vista con interés por comerciantes y vecinos, que en ocasiones se quejan del ruido, el consumo en vía pública y la sensación de inseguridad.

El Ayuntamiento de Santiago, a falta de confirmación oficial sobre actuaciones concretas, suele acompañar estos procesos con programas de mediación social y, cuando procede, con recursos habitacionales temporales para personas en situación de exclusión. No obstante, representantes vecinales consultados en otras ocasiones han señalado la necesidad de respuestas más ágiles y coordinadas entre administraciones para evitar la mera rotación de puntos de venta de drogas entre distintos inmuebles.

En el plano judicial, la investigación deberá determinar el grado de implicación de cada uno de los cuatro investigados y si existe o no una estructura más amplia detrás de la distribución detectada. La presencia de una escopeta de perdigones y de un fusil simulado, además de los cuchillos, complica la calificación penal en función de cómo se valore la intencionalidad y la tipología de las armas encontradas.

Para el vecindario, la operación pone de relieve la tensión entre control policial y problemas estructurales: la falta de vivienda asequible, el mercado de alquiler tensionado y la actividad de quienes aprovechan esas grietas para montar puntos de venta. A medio plazo, la respuesta eficaz exigirá no solo allanamientos y desalojos puntuales, sino políticas integradas que combinen seguridad, vivienda y programas de inclusión.

En Santiago sigue abierta la investigación. Los próximos días serán clave para conocer si las diligencias policiales permiten identificar redes más amplias o si, por el contrario, se trató de un menudeo aislado aprovechando la dinámica urbana. Mientras tanto, el anuncio judicial del desalojo inmediato ha encendido las alarmas en los inmuebles señalados y ha devuelto a la agenda pública la discusión sobre cómo enfrentar de manera sostenida el problema de la droga en los barrios centrales de la ciudad.