La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, la lucense Isabel Pardo de Vera, ha negado haber borrado datos de su teléfono móvil o su ordenador o haber tenido participación directa en los contratos de compra de mascarillas que se investigan en la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo.

En un comunicado remitido a EFE, Pardo de Vera rechaza algunas de las tesis plasmadas por la Unidad Central Operativa (Uco) de la Guardia Civil en su último informe remitido al juez Ismael Moreno, que investiga presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por entes públicos como Adif en plena pandemia.

Negación de eliminación de datos y participación en contratos

Los agentes sospechan que Pardo de Vera pudo intervenir para que los contratos fuesen adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y sostienen en su informe que «parte del contenido» de los dispositivos electrónicos que se le incautaron «habría sido eliminado».

Cuestiones que niega la exdirectora de Adif, que se remite a su declaración ante el juez, al que explicó que al cesar como presidenta del organismo, en julio de 2021, entregó su móvil y ordenador, aunque conservó su número.

«No hubo por tanto ningún borrado de datos por mi parte, sino que todos los datos de mi periodo como presidenta quedaron en disposición de los responsables de Adif, como no podía ser de otra manera», sostiene.

Respecto a los contratos de mascarillas investigados, Pardo de Vera reitera que su actuación se limitó a remitir los contactos que el exasesor ministerial Koldo García, en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo, le había dado previamente.

García le dio el contacto del entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el del administrador de Soluciones de Gestión, sociedad -subraya- para ella «desconocida», dado que este organismo ya había tramitado con esta empresa otro contrato de mascarillas.

«Mi actuación por tanto se limitó a dar traslado de esos contactos a Adif, simplemente por si podían ser de ayuda a la hora de valorar posibles suministradores ante el encargo encomendado a Adif y la escasez de oferta en el mercado», explica.

Implicaciones políticas y comparecencias

La Uco analiza en su informe una serie de conversaciones e infiere que «Koldo (García) intervino en la selección de Soluciones de Gestión y que, a través de Isabel (Pardo de Vera), la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía».

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que citará por tercera vez a Isabel Pardo de Vera a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, después del informe de la Unidad Central Operativa.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha señalado que las últimas revelaciones son «gravísimas» y sitúan a Pardo de Vera como «protagonista» de la «trama de amaños de contratos y de cobro de comisiones en la contratación de mascarillas».

«En plena pandemia, mientras los españoles estaban confinados, estamos hablando de comisiones ilegales en los contratos de mascarillas», ha expresado.

La dirigente popular ha señalado a la expresidenta de Adif como «la mano derecha» de Ábalos y una intermediaria política «clave» en la interlocución con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Además, la ha acusado de «borrar mensajes y documentación», una cuestión por la que su grupo le cuestionará durante su comparecencia en la Cámara Alta, todavía sin fecha definida.

«Pardo de Vera está en el ajo de todas las tramas, siempre está su nombre presente, siempre sale», ha insistido.

Otras comparecencias y comisiones de investigación

De la misma forma, la portavoz ha informado de que el empresario Julio Martínez Martínez, a quien vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor vinculado a Plus Ultra, comparecerá el próximo 9 de marzo.

García también ha explicado que este viernes su grupo ha presentado su plan de trabajo para otra comisión de investigación, la que se circunscribirá a indagar sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), cuya creación fue aprobada en enero por el Pleno.

El PP ha incluido como compareciente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como ya habían adelantado que harían, al ser la máxima responsable del organismo.

Serán citados a declarar también, según ha enumerado García, los tres secretarios de Estado del ministerio dirigido por Montero; la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y el expresidente Vicente Fernández; otros directivos de la Sepi; miembros del consejo rector del fondo de rescates; el interventor general del Estado, y responsables de la empresa pública Tragsa y de las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa.

Investigaciones judiciales en torno al caso Koldo

El juez Ismael Moreno ha aplazado sin nueva fecha la citación al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama para la entrega del sobre que aseguró que le dio la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que estaría relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA y la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, que lidera Pedro Sánchez.

Según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el magistrado de la Audiencia Nacional ha emitido una providencia en la que acuerda suspender la citación que estaba prevista para este próximo miércoles, 4 de marzo, y la aplaza sine die.

El juzgado que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional (AN) ha recibido del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid inhibición para que decida si asume la causa sobre el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate en pandemia a la aerolínea Plus Ultra y el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press este viernes que la jueza de Plaza de Castilla a cargo de la causa ha planteado traspasar la competencia de la investigación a la AN y la cuestión ha caído en manos del juzgado que dirige Ismael Moreno.

No obstante, como Moreno se inhibió en 2024 y fue su compañero José Luis Calama quien rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso —entendió que no era competente y la derivó al Juzgado de Instrucción Número 15, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo—, será este segundo magistrado quien resuelva si la AN es competente para la causa.