El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este viernes un paquete de medidas por valor de 5.000 millones que, según explicó, busca proteger a hogares, pymes, al sector primario y a la industria frente al encarecimiento de la energía y los carburantes derivado de la escalada del conflicto en Oriente Medio. El Ejecutivo ha decidido bajar el IVA de los carburantes y de la electricidad al 10%, congelar el precio del gas butano y del propano, y aplicar descuentos directos en el surtidor para determinados colectivos a partir de la publicación en el BOE.

Las medidas aprobadas y su entrada en vigor

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez explicó que el paquete se compone de ochenta medidas que se plasmarán en dos decretos ley —uno con las medidas económicas y otro específico sobre vivienda— y que deberán ser convalidados por el Congreso. Entre los anuncios más llamativos figura la rebaja del IVA de los carburantes hasta el mínimo que permite la Unión Europea, lo que, según el presidente, puede suponer un ahorro de hasta 30 céntimos por litro y alrededor de 20 euros por depósito en función del combustible.

Además de la rebaja del IVA, el Ejecutivo suspende el impuesto de producción de la energía eléctrica (un 7% que pagan las eléctricas) y reduce el impuesto especial de electricidad del 5,11% al 0,5%. Para la gran industria electrointensiva se anuncia una bonificación de peajes de hasta el 80%, una medida que el Gobierno cifra en unos 200 millones de impacto directo en la reducción de costes. Los trabajadores del transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca tendrán descuentos directos de 20 céntimos por litro en el combustible que reposten, aplicable a camiones, autobuses, ambulancias y furgonetas.

Las medidas sobre gas se han centrado en reducir el IVA del gas natural, los pellets y la leña del tipo general (21%) al reducido (10%) y en congelar el precio máximo del butano y del propano. Sánchez señaló que todas estas actuaciones entrarán en vigor ya este sábado tras su publicación en el BOE, con la intención de que su efecto sea inmediato sobre los precios en los puntos de venta.

“Estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo”, afirmó el presidente durante su comparecencia.

Un acuerdo con tiranteces: la crisis en la coalición y la vivienda

La negociación del paquete no fue sencilla: antes del inicio del Consejo de Ministros algunos integrantes de Sumar se ausentaron en señal de protesta por no haber incluido en el primer decreto medidas concretas de protección de los inquilinos, una reclamación de la que llevan meses alertando desde su grupo. Finalmente, y tras nuevas conversaciones, el Ejecutivo optó por dividir las medidas en dos decretos diferenciados, lo que permitió incorporar un título específico sobre vivienda que también deberá pasar por el Congreso para su convalidación.

La fractura momentánea dentro del Gobierno pone de manifiesto la dificultad de conciliar respuestas rápidas ante crisis externas con las demandas sociales más sensibles en el corto plazo. En la práctica, la decisión de segregar las medidas busca acelerar la entrada en vigor de las ayudas energéticas mientras se negocian con más calma las propuestas sobre arrendamientos y protección de inquilinos, que generan mayor debate político y tienen implicaciones presupuestarias distintas.

Impacto en Galicia: transporte, pesca y calefacción doméstica

En Galicia, la medida llega en un momento delicado. En las últimas semanas se han multiplicado las noticias sobre estaciones donde el depósito de diésel supera los 100 euros; según registros recientes, más de 700 gasolineras de la comunidad han superado esa barrera, una presión directa sobre familias y empresas de transporte. El descuento de 20 céntimos y la rebaja del IVA podrían aliviar parcialmente la factura de los camioneros que sostienen la logística alimentaria, así como de flotas que conectan los polígonos industriales del noroeste con el resto del país.

El sector primario gallego —agricultura, ganadería y pesca— es especialmente sensible a las subidas de los combustibles y de los fertilizantes. El Gobierno ha previsto ayudas directas para profesionales del campo y para la adquisición de insumos agrícolas ante el riesgo de que la escalada de precios se traslade a la cesta de la compra. En las rías gallegas, donde la pesca artesanal aporta renta a miles de familias y la flota necesita carburante para salir a faenar, cualquier alivio en el surtidor se traduce en margen para mantener jornadas y capturas.

También la calefacción doméstica figura en la lista de preocupaciones. La reducción del IVA para pellets y leña al 10% responde, en parte, a la realidad de muchos municipios rurales de Galicia donde estos combustibles son una alternativa habitual al gas. Con todo, el efecto real sobre las economías familiares dependerá de cómo trasladen las distribuidoras y los puntos de venta estas rebajas al consumidor final.

Repercusiones económicas y desafíos a medio plazo

A corto plazo, el paquete pretende contener la inflación energética y reducir el impacto inmediato sobre la actividad económica y el empleo, sobre todo en sectores intensivos en consumo energético. No obstante, varios analistas advierten que las medidas, siendo necesarias, son paliativas: no sustituyen un plan estructural para reducir la dependencia de mercados exteriores ni resuelven la volatilidad de precios en un escenario geopolítico inestable.

El coste de estas intervenciones plantea preguntas sobre sostenibilidad fiscal. El Ejecutivo defiende que los 5.000 millones movilizados están calibrados para esta coyuntura, pero la necesidad de prorrogar o ampliar apoyos si la crisis se prolonga podría tensionar las cuentas públicas en meses venideros. En términos políticos, la gestión de la crisis se ha convertido en una prueba de fuego para la coalición en la que los equilibrios entre las diferentes sensibilidades internas serán decisivos para evitar nuevas fricciones.

Para Galicia, la urgencia es que las medidas lleguen con rapidez y despliegue operativo: que los descuentos en carburantes y las rebajas fiscales se trasladen a surtidores y facturas y que las ayudas a sectores vulnerables se tramiten sin demoras burocráticas. La economía gallega, con un tejido productivo muy ligado al transporte, la industria pesquera y la agroalimentaria, no puede permitirse periodos largos de incertidumbre.

Queda por ver cómo se plasmarán las medidas en el Congreso y si los decretos suplementarios sobre vivienda satisfarán a los socios que mostraron recelo. Mientras tanto, el Ejecutivo ha optado por una intervención intensa y rápida. La pregunta que va a dominar los próximos meses es si ese impulso bastará para sostener la actividad y proteger el empleo mientras persiste la amenaza de nuevos shocks internacionales.