Teresa Peramato, fiscal general del Estado, ha firmado un decreto por el que designa a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, para que se persone y eleve al Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la condena dictada al exfiscal general Álvaro García Ortiz. La decisión se adoptó tras la resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del 26 de febrero que rechazó el incidente de nulidad planteado, lo que abrió la vía para acudir ahora en amparo. El nombramiento fue confirmado por Peramato en una entrevista en el canal 24 horas de TVE y formaliza la participación de la Fiscalía en la petición ante el tribunal de garantías.

El decreto encomienda a la teniente fiscal del alto tribunal la tramitación del recurso, una actuación que convierte a la Fiscalía en parte activa de la petición de protección constitucional y que supone además el respaldo institucional a la iniciativa que ya había anunciado el propio condenado. Según fuentes del Ministerio Público, el movimiento pretende garantizar que se preserven los derechos fundamentales de la persona afectada y que se someta a examen constitucional el proceso que concluyó en la condena por revelación de datos reservados.

El precedente inmediato es la resolución del Supremo del 26 de febrero, cuando la Sala de lo Penal rechazó el incidente de nulidad que habían suscitado el Ministerio Público y la Abogacía del Estado contra la sentencia. Esa decisión del alto tribunal cerró la puerta a esa vía procesal, pero dejó libre el acceso al amparo ante el Tribunal Constitucional, mecanismo que sirve para discutir si en el procedimiento se vulneraron derechos protegidos por la Carta Magna.

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La condena que afecta a Álvaro García Ortiz se dictó por un delito de revelación de datos reservados en relación con informaciones que, según la sentencia, perjudicaron a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El caso ha concitado interés público por la vinculación de personas y órganos del Estado que lo rodean, así como por las implicaciones que tiene para la custodia de información sensible y la función fiscal en causas de relevancia política.

La intervención de la Fiscalía en un recurso de amparo no es habitual en todos los procedimientos, por lo que la designación de Sánchez Conde subraya la importancia que Peramato otorga a este asunto. Jurídicamente, el amparo busca que el Constitucional valore si se respetaron derechos como el de defensa, la presunción de inocencia o las garantías procesales que pudieran haber quedado afectadas en el trámite que culminó con la condena.

En la entrevista citada por el Ministerio Público, Peramato explicó que la teniente fiscal le manifestó su intención de promover el recurso de amparo y que, en consecuencia, ella rubricó el decreto para que figure la Fiscalía entre los intervinientes. La fiscal general ha insistido en que su papel es velar por la legalidad y la tutela de los derechos dentro del ejercicio de la acción pública, una justificación que busca responder a las dudas sobre la motivación institucional de la iniciativa.

El paso dado por Peramato llega en un contexto de discusión pública y política sobre la independencia y la función de la Fiscalía, donde existen voces críticas que interpretan movimientos de esta naturaleza como una defensa corporativa, y otras que los valoran como necesarios para garantizar recursos efectivos cuando hay dudas sobre el proceso penal. Hasta ahora, tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado intervinieron en fases anteriores del procedimiento, lo que refleja la complejidad jurídica del asunto.

Si la Fiscalía presenta finalmente el recurso de amparo, el Tribunal Constitucional deberá decidir primero sobre su admisión a trámite; en caso de aceptarlo entraría en el fondo del asunto y podría tardar meses en emitir una resolución. Hay que subrayar, además, que la interposición del amparo no suspende de forma automática la ejecución de la pena impuesta por la sentencia, salvo que el propio Constitucional acuerde alguna medida cautelar en ese sentido.

El resultado de este nuevo episodio procesal tendrá impacto tanto en la esfera jurídica como en la política: marcará la pauta sobre cómo se protege a miembros de la carrera fiscal ante sentencias por delitos de revelación de información y puede reabrir el debate sobre los límites entre la actividad profesional y la responsabilidad penal. Mientras tanto, la Fiscalía, con el decreto firmado por Peramato, ha dejado claro que concurrirá a la sala que decida si se han vulnerado derechos constitucionales en este caso que sigue acaparando la atención pública.