Santiago — La administración autonómica tramita un goteo constante de expedientes contra propietarios que no cumplen la normativa sobre animales de compañía: en 2025 la Consellería de Medio Ambiente cerró 308 sanciones firmes, y la conducta más repetida fue la falta de identificación de perros considerados potencialmente peligrosos. La cuestión no es anecdótica: casi dos tercios de las infracciones graves están vinculadas al absentismo del microchip y del registro, conductas que conllevan multas de hasta 5.000 euros y, en los casos extremos, el comiso del animal y la prohibición de tenencia.

La infracción más común y por qué preocupa

Los datos que maneja la Xunta dejan pocas dudas: de las sanciones consideradas graves, la principal —con 151 multas en 2025— es no tener «fichado» al perro potencialmente peligroso. Esa cifra es casi idéntica a la del ejercicio anterior, cuando se registraron 147 sanciones por la misma razón, lo que revela un patrón de reincidencia más que un pico accidental. A falta de microchip y registro, las autoridades pierden capacidad de control sobre animales que por ley están sometidos a obligaciones adicionales —desde seguros de responsabilidad civil hasta medidas de seguridad en la vía pública—, y la consecuencia inmediata es un mayor riesgo para la convivencia.

En la práctica, los requerimientos para estos perros no solo implican un número en una base de datos. Exigen que el animal vaya provisto de bozal y correa en las salidas, que su propietario acredite aptitudes y cuente con la póliza cuando procede. El incumplimiento persistente se ha traducido no solo en sanciones económicas, sino en operaciones de retirada: la imagen de perros intervenidos en noviembre de 2024 en un caso de Cambados recuerda que detrás de los expedientes administrativos hay animalitos que acaban en manos de servicios municipales y protectoras.

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La cifra de perros catalogados oficialmente como «potencialmente peligrosos» en Galicia es relevante por sí sola: 20.606 animales registrados. Ese volumen plantea un desafío de gestión para los ayuntamientos y para la propia Consellería: inspecciones, control documental y campañas de concienciación que, por ahora, no han logrado reducir la gravedad de la infracción más repetida.

Una ley con recorrido, pero con tensiones en el territorio

La normativa autonómica que reforma el régimen de tenencia entró en vigor en 2018 y, desde entonces, la estadística arroja más de 2.400 sanciones derivadas de su aplicación. Aparte de la falta de identificación, las infracciones graves más frecuentes incluyen el abandono, el maltrato, el mantenimiento en condiciones higiénico-sanitarias deficientes, la tenencia en instalaciones no autorizadas y dejar animales sueltos por vías públicas.

Estas conductas no surgen en el vacío: tienen raíces culturales y estructurales. En amplias zonas rurales de Galicia, la relación con los perros responde a tradiciones de trabajo y caza; muchos perros permanecen en fincas o cuartadas y los trámites administrativos —microchip, seguro, ficha— no siempre se perciben como prioritarios. Además, las protectoras y perreras locales arrastran una capacidad limitada, lo que dificulta la reacción rápida cuando se detectan situaciones de abandono o hacinamiento. En Meira, por ejemplo, operativos recientes se saldaron con la retirada de 22 perros de caza, una muestra de que la problemática afecta tanto a áreas urbanas como a municipios de perfil rural.

Otra tensión habitual tiene que ver con la coordinación entre administraciones: la Xunta dispone de la normativa marco y del registro autonómico, pero la detección y la actuación inmediata recaen en muchas ocasiones en policías locales y servicios municipales con recursos desiguales. A esa realidad se añade la brecha informativa: numerosos propietarios desconocen plazos, requisitos o incluso la obligación de contratar un seguro en los supuestos previstos.

Repercusiones, multas y medidas accesorias

No todas las sanciones se limitan a una multa económica. El marco legal prevé que la cuantía se agrave en función del daño causado, del número de animales implicados o del estado sanitario en que se encuentren. En los supuestos más graves la administración puede acordar el comiso de los animales y la prohibición de tenencia como medidas accesorias, decisiones que buscan proteger a los animales y prevenir riesgos a terceros. Una sanción económica sin capacidad de seguimiento pierde parte de su eficacia; por eso, la potestad de retirar animales y de vetar la tenencia actúa como la medida más contundente cuando la situación lo aconseja.

El balance anual de multas —que en 2025 fue algo inferior al ejercicio precedente, con 308 transgresiones sancionadas frente a las 342 de 2024— no debe leerse únicamente como una cifra punitiva. Para muchos agentes implicados es también un termómetro de consciencia social. Casi seis sanciones por semana de media indican que las obligaciones siguen sin calar entre una parte de la población pese a la batería normativa.

Frente a esa realidad, comunidades y colectivos plantean respuestas complementarias: campañas informativas, jornadas de microchipaje a bajo coste o gratuitas en concellos con mayor índice de animales sin identificar, y protocolos uniformes para la actuación de policías locales. También se reclama reforzar el registro digital para facilitar cruces de información y agilizar la tramitación de expedientes, así como medidas específicas para perros de trabajo y de cría que habitualmente escapan del control por su dispersión territorial.

En el plano político, la Consellería, dirigida por Ángeles Vázquez, insiste en que la norma busca un equilibrio entre derechos y deberes: proteger a los animales de compañía y garantizar la seguridad de la ciudadanía. A largo plazo, subrayan técnicos y veterinarios, la solución no será solo sancionadora. Hacen falta más recursos en prevención, educación y en la red de atención a los animales intervenidos.

El reto, por tanto, es doble: endurecer el cumplimiento donde sea imprescindible y, al mismo tiempo, construir una cultura de tenencia responsable que disminuya la necesidad de sanciones. Galicia vive un momento de ajuste entre una ley moderna y unas prácticas que tardan más en cambiar; hasta que ese ajuste sea palpable, los expedientes y las multas seguirán marcando la relación entre la administración y los dueños de mascotas.