La Xunta ha presentado un Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para urbanizar una bolsa de suelo de 12 hectáreas en el barrio del Sagrado Corazón de Lugo con la intención de edificar 22 bloques que sumarían 1.265 viviendas, además de espacios verdes y equipamientos. El plan, que la administración autonómica prevé ejecutar por fases y cuya construcción podría arrancar en 2028, se tramita con urgencia para agilizar plazos y está sometido a alegaciones de vecinos y colectivos. El ámbito afectado se ubica entre las calles Serra de Meira, Calzada das Gándaras y Venancio Senra, una zona prácticamente sin edificaciones que la Xunta pretende urbanizar y sacar después a concurso de promociones. Los promotores del proyecto defienden que la iniciativa responde a la demanda de vivienda prevista para la próxima década, mientras que detractores alertan por el procedimiento de expropiación y por el impacto ambiental y social.

El documento, elaborado por el estudio del arquitecto lucense José Alonso, plantea no solo la edificación residencial sino también la creación de un eje verde que atraviese el nuevo desarrollo, una plaza central, un carril bici y las infraestructuras de servicios necesarias. Se trata de un PIA, figura que permite a la Xunta acelerar trámites urbanísticos y, según la administración, responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado. La previsión oficial es ir desarrollando las fases de construcción en función de la demanda y de la capacidad de ejecución, con el horizonte primero de empezar a levantar las primeras promociones en 2028. El proyecto fue expuesto públicamente durante un plazo de información que algunos vecinos han considerado insuficiente por su brevedad y la complejidad de la documentación.

En total, el ámbito está compuesto por 84 parcelas con una superficie media de 1.429 metros cuadrados; el 84% de esos terrenos pertenecen a particulares y el 16% restante a entidades o administraciones. Entre los titulares figuran seis parcelas de la promotora Dmanán y cinco del propio Concello de Lugo. En la zona hay escasas construcciones: un grupo elevador de agua municipal fuera de uso que se demolerá, una antena de radiofrecuencia que se reubicará, dos alpendres que se expropiarán, una edificación anexa al núcleo de Burozos y una piscina que también quedarán integradas o removidas según el planeamiento. Además, el plan incorpora la pista del colegio Sagrado Corazón, que pasará a formar parte del diseño urbano.

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La Xunta plantea expropiar esos terrenos, urbanizarlos y después sacar a concurso las parcelas para que promotores y constructores puedan adquirirlas y edificar. El coste estimado para la urbanización asciende a 15 millones de euros, a los que habrá que añadir el desembolso por la adquisición de los suelos, que se compensará conforme al precio de suelo rústico vigente al no encontrarse el ámbito calificado como urbano. Precisamente ese criterio de valoración es uno de los principales focos de rechazo entre los propietarios afectados, que denuncian indemnizaciones insuficientes; en otros procesos similares algunos particulares recurrieron y obtuvieron fallos favorables en los tribunales.

El estudio que acompaña al plan incluye un análisis de demanda que concluye que, si Lugo mantiene un crecimiento demográfico del 0,5% anual, la ciudad necesitará entre 2.500 y 3.000 viviendas entre 2025 y 2035. Esa estimación tiene en cuenta la existencia de viviendas vacías o inapropiadas para la demanda actual, la necesidad de sustituir inmuebles obsoletos y la reserva estructural para mantener un mercado dinámico. En paralelo, existen más de 1.000 personas inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda, un dato que la Xunta utiliza para justificar la capacidad absorción del mercado. El planeamiento modifica asimismo la clasificación prevista en el PXOM, que contemplaba todo el suelo como protegido, y ahora reserva un reparto de usos con diferente rango de protección.

Según la propuesta, la oferta residencial se distribuiría en porcentajes que combinan vivienda libre, social y de régimen medio, con el objetivo declarado de atender a distintos segmentos de demanda. Los responsables técnicos sostienen que esa mezcla favorecerá la cohesión social y la viabilidad económica del proyecto, al tiempo que facilita la colaboración entre administración y promotores privados. No obstante, asociaciones como Adega y colectivos vecinales han presentado alegaciones cuestionando aspectos ambientales y urbanísticos, y han reclamado mayor transparencia y garantías respecto a la conservación de zonas verdes y a la movilidad en el entorno.

El proceso participativo ha sido criticado por el corto plazo de exposición pública —quince días— y por la densidad del expediente, que según vecinos dificulta una valoración completa. La Xunta afirma que está analizando todas las alegaciones recibidas antes de aprobar de manera definitiva el PIA y avanzar con las expropiaciones. Fuentes municipales recuerdan que, una vez urbanizado el suelo por la administración autonómica, las parcelas se adjudicarán mediante concurso para promover la construcción por terceros, lo que obligará a coordinar calidades, plazos y dotaciones en cada fase.

El proyecto del Sagrado Corazón se plantea como una intervención estratégica para aumentar la oferta de vivienda en Lugo y ordenar un suelo periurbano hasta ahora infrautilizado, incorporando elementos de movilidad sostenible y espacios públicos. Sin embargo, su viabilidad dependerá del resultado del trámite de alegaciones, del modo en que se compensen los propietarios y de eventuales recursos judiciales que puedan paralizar partes del proceso. La expectativa oficial es que, si se sortean esos escollos, las primeras obras puedan iniciarse en 2028, pero vecinos y colectivos advierten de que la cronología podría alargarse si persisten las discrepancias sobre el precio de expropiación y los impactos ambientales.