En A Coruña, este jueves 12 de marzo de 2026, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, valoró como una «victoria» para Galicia la decisión del Tribunal Supremo que obliga a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado, aunque mostró su disgusto porque los herederos recibirán una indemnización por los gastos vinculados a la propiedad. La resolución, adoptada por unanimidad, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y aclara tanto la titularidad como el derecho a reparación económica de los demandados. Pontón situó la resolución como un triunfo de la ciudadanía gallega y reclamó que el inmueble sea gestionado como espacio público y de memoria. La dirigente nacionalista subrayó su orgullo por que la causa se cerrara desde Galicia, pese al aspecto que considera injusto de la compensación.

El Tribunal Supremo ratificó la decisión anterior y ordenó la devolución del pazo al Estado, al tiempo que reconoció el derecho de los herederos del dictador a ser resarcidos por los gastos que la propiedad les supuso. El alto tribunal fundamentó su fallo en la prueba documental y en la valoración jurídica de la transferencia y uso del inmueble durante décadas, cerrando así una etapa larga de litigiosidad en torno a la finca situada en Sada. La sentencia representa el último eslabón de un proceso judicial que había generado expectación política y social en Galicia y a nivel nacional.

En su intervención pública, Ana Pontón defendió que la restitución del Pazo de Meirás a la esfera pública debe traducirse en su transferencia a la comunidad autónoma y en la apertura del recinto a la población. A juicio de la portavoz nacional del BNG, convertir el pazo en un lugar de memoria es imprescindible para «recordar y no repetir» episodios del pasado, y así facilitar la normalización de un espacio que, según ella, no puede seguir vinculado a la familia del dictador. No obstante, Pontón criticó la obligación de indemnizar a los herederos, una faceta del fallo que consideró incomprensible y que, dijo, no comparten.

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La resolución del Tribunal Supremo ha suscitado reacciones en distintos ámbitos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebró que exista una sentencia «clara» sobre Meirás y pidió que las administraciones actúen en consecuencia para garantizar la gestión pública del pazo. Fuentes del Ministerio de Memoria Democrática señalaron que la entrega del inmueble al dominio público será interpretada como la devolución a lo público de un bien que, en su criterio, nunca debió permanecer en manos privadas con la utilización que se hizo.

El debate sobre la indemnización ha centrado buena parte de la polémica posterior al fallo. Según la sentencia, la compensación se justifica por los gastos acreditados por los herederos en relación con la conservación y otros costes derivados de la propiedad; la cuantía concreta y la forma de pago deberán fijarse en los trámites posteriores. Esa cláusula ha sido recibida con sorpresa y rechazo por parte de colectivos memorialistas y formaciones políticas que consideran que la restitución debió producirse sin contraprestación.

El Pazo de Meirás, usado históricamente como residencia estival del dictador, ha sido objeto de reclamaciones públicas y litigios desde hace años, alimentando movilizaciones y debates sobre patrimonio, memoria y justicia histórica. En los últimos meses, el inmueble abrió sus jardines al público y, según los responsables de la gestión, registró ya más de trescientos solicitudes de visita, una muestra del interés ciudadano por el espacio y de la demanda de acceso que existía en Galicia.

Juristas y expertos consultados señalan que la sentencia del Supremo puede sentar un precedente para otros litigios sobre bienes vinculados al régimen franquista, aunque advierten de que cada caso presenta particularidades jurídicas que condicionarán su alcance. La resolución tiene, además, una lectura política: refuerza la exigencia de políticas públicas que garanticen la tutela del patrimonio ligado a la memoria democrática y la transparencia en procesos de transferencia y gestión.

Tras el fallo, las administraciones autonómica y estatal deberán coordinar los pasos para la custodia, conservación y apertura del pazo, así como determinar el destino final del inmueble en términos administrativos y patrimoniales. Mientras tanto, la discusión pública sobre la indemnización y el significado simbólico del veredicto persiste, y actores políticos y sociales mantienen la atención sobre cómo se traducirá en medidas concretas el retorno de Meirás al ámbito público.