Multas, talleres y trabajos en beneficio de la comunidad han dejado de ser excepciones para convertirse en la opción habitual para muchos condenados en Galicia. En apenas una década y media, la aplicación práctica de la reforma penal de 2010, la mayor disponibilidad de plazas para ejecutar penas alternativas y cambios en el perfil de los delitos han reducido el flujo de entradas en prisión. Magistrados consultados por este periódico subrayan que ya no se trata tanto de evitar la cárcel como de buscar una pena que favorezca la reinserción y evite la prescripción de condenas.

Cómo funcionan hoy las penas alternativas

La reforma del Código Penal de 2010 abrió una puerta jurídica que, en la práctica, ha cambiado la vida de muchos condenados. Desde entonces, para determinados tipos de penas cortas el condenado puede optar por el pago de multas, la realización de talleres o cursos de rehabilitación o por cumplir trabajos en beneficio de la comunidad, conocidos por sus siglas como TBC. La entrada en vigor de esa alternativa fue un giro significativo en la política criminal, pero durante años quedó lastrada por un problema práctico: la falta de plazas para ejecutar los trabajos.

Un tercio de las penas, explican fuentes judiciales, llegaron a quedar sin ejecutar y acabaron prescribiendo. Esa fuga fue taponada en los últimos años mediante convenios con ayuntamientos, consellerías y entidades sin ánimo de lucro que permitieron multiplicar las plazas para TBC. El resultado se ha traducido en una aplicación más efectiva de las sanciones y en la reducción de condenas que caducan sin cumplimiento efectivo.

“Enviar a un delincuente primario a la cárcel por unos meses lo expone a otros reclusos y dificulta la elaboración de un plan real de reinserción”, afirma la magistrada Susana Pazos Méndez, titular del Juzgado Penal 2 de Ourense y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Para jueces como Pazos, las alternativas no son un trato benévolo sino una respuesta proporcional y práctica a determinados delitos y perfiles.

El perfil de los condenados y las causas del cambio

Los jueces gallegos apuntan a tres motores que explican por qué las penas alternativas han ganado terreno: el aumento de delitos que permiten TBC, la suspensión de penas cortas de prisión para delincuentes primarios y la conversión de multas impagadas en trabajos comunitarios. Entre las infracciones que ahora alimentan las estadísticas de penas alternativas figuran especialmente delitos de tráfico —como alcoholemias sin reincidencia— y casos de violencia de género en los que no existe riesgo de violencia extrema.

La lógica judicial es sencilla: si un conductor da positivo por alcoholemia, no es reincidente y hay conformidad procesal, la sanción que más favorece la reparación social y la prevención es a menudo el trabajo en beneficio de la comunidad, acompañado de cursos de seguridad vial o programas de sensibilización. Lo mismo ocurre en supuestos de violencia de pareja de carácter menos grave, donde la combinación de medidas restrictivas y programas de intervención suele preferirse a la entrada en prisión.

Además, la práctica habitual de transformar multas impagadas en TBC ha incrementado el volumen de estas penas. Cuando una multa queda sin abonar, la ley prevé su sustitución por trabajo para la comunidad, lo que en la práctica alimenta los registros administrativos con una mayor proporción de penas no privativas de libertad.

“La etapa de prescripciones ya está superada”, asegura Edmundo Rodríguez, portavoz en Galicia de Juezas y Jueces para la Democracia, en referencia a la mejora de la gestión y la ampliación de plazas para ejecutar las medidas alternativas.

Repercusiones locales y retos pendientes

El efecto en la vida cotidiana de los concellos gallegos es visible. En municipios pequeños, los trabajos en beneficio de la comunidad han servido para limpiar zonas verdes, rehabilitar infraestructuras deportivas o apoyar servicios sociales, a veces en colaboración con ONGs locales. El hecho de que estas tareas se realicen en el entorno más próximo ayuda a que la pena tenga un componente reparador palpable para las comunidades afectadas.

No obstante, la generalización de las penas alternativas plantea preguntas políticas y sociales. Desde el punto de vista de la seguridad pública y la gestión penitenciaria, la reducción de entradas en prisión alivia la presión sobre las cárceles y reduce costes, pero también exige más inversión en programas de seguimiento, en formación de personal judicial y en la supervisión de que las medidas cumplen su propósito reeducador. Asimismo, asociaciones de víctimas han expresado en ocasiones su inquietud ante la percepción de que la respuesta penal no es suficientemente severa, especialmente en casos de violencia de género que para ellas revisten dolorosas consecuencias.

La experiencia gallega permite extraer también una lección organizativa: sin convenios entre administraciones y sin la implicación de entidades sociales, muchas condenas habrían vuelto a prescribir. Los acuerdos firmados en los últimos años han sido decisivos para consolidar el sistema y garantizar que las penas alternativas no sean una solución testimonial sino operativa.

Queda, además, la asignatura de la evaluación. La judicatura reclama sistemas de seguimiento que permitan cuantificar la eficacia de las medidas en términos de reincidencia y reinserción. En ausencia de datos sólidos y públicos sobre el impacto real de los TBC y programas formativos, el debate público corre el riesgo de basarse en sensaciones más que en evidencias.

En Galicia, con su tejido de ayuntamientos pequeños y una población envejecida en muchas comarcas, el reto será equilibrar la necesidad de ejecutar penas de forma inmediata con la responsabilidad de acompañar a quienes las cumplen. La alternativa a la prisión ha demostrado ser viable; ahora toca consolidarla con transparencia, recursos y evaluación para que no sea sólo una forma de evitar celdas, sino una política penal eficaz para la sociedad gallega en su conjunto.