El escándalo por el acceso a viviendas protegidas en el residencial Les Naus, en La Condomina (Alicante), ha dejado más dudas que certezas desde que estalló a finales de enero. Varios cargos municipales y personas vinculadas a la promoción figuran entre los beneficiarios, y ahora se investiga cómo se sortearon los requisitos para optar a una Vivienda de Protección Pública. Las pesquisas plantean interrogantes sobre la validación documental y el papel de distintas administraciones en la concesión de las plazas.

Entre los nombres ligados al caso aparecen la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la jefa de Contratación del ayuntamiento María Pérez-Hickman y el arquitecto municipal Francisco Nieto, además del que fuera jefe de gabinete de la vicealcaldesa, Miguel Ángel Sánchez. A ellos se suman empleados públicos, parientes de propietarios y jóvenes que se incorporaron a la cooperativa cuando aún eran menores de edad. La proliferación de beneficiarios con vínculos personales y laborales al municipio ha alimentado la indignación ciudadana y la presión política.

Las dudas se centran en los criterios de acceso: hay sospechas sobre cálculos de rendimiento económico y sobre la veracidad de la documentación aportada para cumplir los límites de renta exigidos por la normativa. Se barajan prácticas que, de confirmarse, permitirían a personas con ingresos superiores al umbral acceder a las viviendas; entre ellas, la presentación solo de los ingresos de un miembro de la pareja o la simulación de rupturas matrimoniales. Estas vías apuntan a fallos en los controles administrativos y a posibles lagunas legales.

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Investigación y comisiones

La polémica llega al Parlamento autonómico y al Ayuntamiento. En las Cortes ya se ha constituido una comisión de investigación, mientras que en el Consistorio local está pendiente su formalización. Ambas instancias deberán exigir explicaciones sobre la tramitación de expedientes, la supervisión de la documentación y las responsabilidades políticas y técnicas implicadas.

La Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana tiene competencia para validar la documentación que permite el acceso a las VPP, por lo que su papel será clave en el esclarecimiento. También están llamadas a comparecer unidades técnicas municipales y funcionarios encargados de la comprobación de ingresos y de la firma de la promoción. La coordinación entre administraciones será determinante para identificar fallos y proponer medidas de reparación o sanción.

Además de los cargos públicos, figuran en los listados el hijo de una concejala del PP en San Vicente, la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan que trabajó temporalmente para la Generalitat, y familiares de empleados municipales. Entre los beneficiarios hay, asimismo, jóvenes que se inscribieron en la cooperativa cuando eran prácticamente menores, lo que complica la traza documental de las solicitudes. Estas conexiones familiares y profesionales multiplican las preguntas sobre la imparcialidad en la adjudicación.

Mecanismos y lagunas señaladas

Fuentes consultadas por este periódico apuntan a varias prácticas que habrían facilitado el acceso irregular a las viviendas. Una es la contabilización de ingresos que excluye a uno de los miembros de la unidad de convivencia; otra, la declaración de salarios bajos por parte de empresarios cuya actividad societaria refleja beneficios elevados. También se investiga si ciertos contratos laborales o fórmulas societarias se emplearon para ocultar rentas reales.

Los técnicos deberán aclarar si los controles administrativos aplicados fueron suficientes y si la normativa vigente permite maniobras de ese tipo. En paralelo, la instrucción judicial y las diligencias administrativas tratarán de determinar responsabilidades concretas: si existió negligencia, actuación dolosa o una combinación de ambas. La presunción de inocencia rige, pero la presión política y social exige respuestas rápidas y transparentes.

La controversia ha trascendido el ámbito local y ha alcanzado el debate público autonómico y nacional, con peticiones de mayor transparencia en la adjudicación de vivienda pública. Para muchos vecinos, la sensación es de agravio comparativo: familias que cumplen estrictamente los requisitos han visto cómo se detectaban plazas en manos de personas con presuntas ventajas o conexiones. Eso ha alimentado la demanda de reformas administrativas.

Las próximas semanas serán clave: las comisiones de investigación deberán recabar expedientes, practicar comparecencias y emitir un informe que pueda sustentar actuaciones administrativas o judiciales. También corresponde a la Generalitat revisar los mecanismos de control y, en su caso, exigir responsabilidades. Hasta entonces, persisten las preguntas sobre quién facilitó el acceso, cómo se verificaron los requisitos y qué medidas se tomarán para restituir la confianza pública.