PSdeG denuncia estrategia «caducada» frente a incendios en Galicia

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha alertado sobre la falta de preparación gallega para los incendios de verano, subrayando que el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) no se aprobó pese a vencer el plazo legal en octubre.

Los hechos

La diputada Carmen Rodríguez Dacosta ha denunciado que Galicia carece de una estrategia actualizada para hacer frente a los incendios forestales. Según sus declaraciones, la Xunta no ha aprobado el Pladiga, obligatorio por ley antes del 31 de octubre pasado.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, admitió recientemente que los incendios se presentan en «escenarios completamente nuevos y marcados por el cambio climático», lo cual implica una necesidad urgente de adaptación.

Dacosta destacó la gravedad del asunto al señalar que el borrador del Pladiga 2026 prevé hasta 29.200 hectáreas quemadas, un incremento significativo respecto a las 18.500 hectáreas de la planificación anterior. Esta proyección, según la diputada socialista, refleja un reconocimiento tácito de que el problema está lejos de estar controlado y que la tendencia apunta a veranos cada vez más complicados en términos de riesgo y extensión de los fuegos.

La ausencia de este plan ha sido motivo de preocupación tanto en el Parlamento gallego como entre las organizaciones ecologistas, que han exigido mayor transparencia y agilidad en la toma de decisiones. La falta de planificación también dificulta la coordinación entre las diferentes administraciones y cuerpos de emergencias, clave en una comunidad autónoma caracterizada por su dispersión geográfica y la abundancia de masa forestal.

Contexto y antecedentes

El Pladiga es un documento clave que debe estar actualizado cada año para prevenir y controlar los incendios forestales en Galicia, una región con una alta incidencia histórica de este tipo de desastres naturales. Sin embargo, la falta de aprobación del plan hasta ahora deja al gobierno gallego sin un marco operativo efectivo.

El dictamen parlamentario de julio de 2018 recomendó una serie de medidas para mejorar la prevención y extinción de incendios tras los devastadores fuegos registrados en octubre de ese año. Sin embargo, el Ejecutivo gallego no ha cumplido con todas las recomendaciones.

Históricamente, Galicia ha sido una de las comunidades más castigadas por los incendios forestales en España. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en la última década más del 50% de la superficie quemada en el país se ha localizado en el noroeste peninsular, siendo Galicia una de las más afectadas. Los incendios de 2017, por ejemplo, arrasaron más de 49.000 hectáreas y provocaron una profunda conmoción social, lo que llevó a la elaboración de nuevas propuestas de política forestal y a la exigencia de reformas estructurales.

Entre los factores que agravan el problema destacan el abandono rural, la falta de gestión activa del territorio, la acumulación de biomasa y la fragmentación de la propiedad forestal. El cambio climático, con veranos más cálidos y secos, ha incrementado la frecuencia y la virulencia de los incendios, poniendo a prueba los sistemas tradicionales de prevención y extinción.

En los últimos años, diferentes expertos y colectivos han señalado la necesidad de avanzar en la profesionalización de los equipos antiincendios, aumentar los recursos materiales y humanos y fomentar la participación de la población local en la gestión forestal. Sin embargo, la falta de un marco estratégico actualizado dificulta la implementación de estas recomendaciones.

Análisis: Falta de planificación y consecuencias

La ausencia del Pladiga no solo supone un incumplimiento legal, sino que también implica una carencia de directrices claras para la actuación de los servicios de emergencia, voluntarios y agentes forestales. Sin una planificación adecuada, la respuesta a los incendios se vuelve reactiva en lugar de preventiva, lo que aumenta el riesgo de grandes catástrofes ambientales y humanas.

Además, este vacío normativo puede traducirse en una menor coordinación entre las diferentes administraciones implicadas: Xunta, diputaciones, ayuntamientos y el propio Gobierno central, que en ocasiones tiene que intervenir con la Unidad Militar de Emergencias (UME). La falta de previsión también afecta a la sensibilización y formación de la ciudadanía, fundamental para evitar conductas de riesgo en periodos de alto peligro.

El retraso en la aprobación del Pladiga coincide con un incremento de las advertencias científicas sobre la peligrosa combinación de factores climáticos y socioeconómicos que enfrenta Galicia. La creciente despoblación rural, la pérdida de cultivos tradicionales y el envejecimiento de la población dificultan la vigilancia del monte y la adopción de prácticas sostenibles. En este contexto, la prevención y la educación ambiental se convierten en herramientas imprescindibles que, sin un plan actualizado, quedan en segundo plano.

Perspectiva y futuro

La situación actual apunta a un escenario preocupante para el próximo verano, dado que la falta de planificación adecuada puede resultar en una respuesta tardía ante los incendios forestales. Esto podría llevar a un aumento significativo en las superficies quemadas.

Expertos consultados por Europa Press han señalado que la necesidad de adaptación es cada vez mayor debido al cambio climático, lo cual implica la urgente revisión y actualización de estrategias existentes para hacer frente a nuevas amenazas como incendios más intensos y extensos.

En este contexto, la presión social y política aumenta sobre la Xunta para que apruebe cuanto antes el Pladiga y refuerce las políticas de prevención. Organizaciones ecologistas como Adega o Greenpeace han insistido en la importancia de apostar por la gestión activa del territorio, la creación de cortafuegos naturales y la promoción de actividades agrícolas y ganaderas que ayuden a reducir la carga de combustible vegetal en los montes.

Asimismo, la Unión Europea ha alertado recientemente sobre el creciente riesgo de incendios en el sur de Europa, instando a los Estados miembros a reforzar sus capacidades y a invertir en investigación y nuevas tecnologías para la detección y extinción temprana. Galicia, en este sentido, debe alinearse con las mejores prácticas internacionales para no quedar rezagada ante una amenaza que no conoce fronteras.

Impacto en Galicia

A nivel local, el retraso en la aprobación del Pladiga puede tener consecuencias graves tanto para los ecosistemas forestales como para las comunidades que dependen de ellos. La falta de preparación también podría afectar la seguridad ciudadana y la economía regional.

Los incendios no solo destruyen la biodiversidad y los recursos naturales, sino que también ponen en peligro viviendas, infraestructuras y actividades económicas vinculadas al turismo, la agricultura y la silvicultura. En zonas especialmente vulnerables, como las comarcas del interior y las áreas de montaña, el impacto de un gran incendio puede ser devastador y acelerar el proceso de despoblación.

La población gallega, que en numerosas ocasiones ha mostrado una gran capacidad de resiliencia y solidaridad, exige respuestas claras y responsables por parte de sus representantes. La memoria de los grandes incendios pasados sigue viva, y el temor a que se repitan catástrofes similares este verano crece ante la falta de un plan operativo.

Por todo ello, la reflexión final es evidente: ¿cuánto más se permitirá que pase antes de actuar con seriedad sobre un problema que amenaza directamente a las vidas y medios de subsistencia en Galicia? La sociedad gallega, los expertos y los actores políticos coinciden en que la prevención y una gestión forestal sostenible son la única vía para reducir el riesgo y proteger el futuro de la región. El tiempo para actuar se agota y la próxima temporada estival será una prueba decisiva.