Quedan en libertad los cuatro detenidos en el operativo contra narcopisos del Ensanche de Santiago, aunque siguen investigados

Santiago de Compostela — El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha decretado la libertad provisional de las cuatro personas que fueron detenidas en un operativo policial el pasado viernes en el barrio del Ensanche, si bien proseguirán investigadas por presunto tráfico de drogas, usurpación de inmuebles y tenencia ilícita de armas. La resolución judicial, que llegó tras la puesta a disposición de los arrestados durante la mañana del sábado, obliga además al desalojo inmediato de las viviendas ocupadas, según han trasladado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Desarrollo del operativo y actuación judicial

La intervención se llevó a cabo después de una serie de denuncias vecinales por la existencia de lo que los residentes describen como «narcopisos» —viviendas que, según las quejas, se emplean como puntos de venta y consumo—. La Policía Nacional encabezó el operativo, que en un primer momento se saldó con entre cuatro y cinco arrestos y quedó finalmente en cuatro detenciones confirmadas por fuentes judiciales.

Los detenidos comparecieron ante el juzgado este sábado. La autoridad judicial ha acordado mantener el secreto de las actuaciones, una medida que limita la información pública sobre las pruebas recogidas y la estrategia de la instrucción. No obstante, se ha hecho constar la gravedad de las diligencias abiertas: junto al supuesto tráfico de drogas, las investigaciones indagan en ocupación ilícita de inmuebles y en la posible tenencia de armas, cargos que en conjunto configuran un expediente con múltiples aristas penales y administrativas.

La orden de desalojo inmediato de las viviendas es una de las medidas más directas adoptadas por la jueza instructora. En la práctica, su cumplimiento exige coordinación entre fuerzas de seguridad, servicios sociales y el Ayuntamiento de Santiago, una logística que en ocasiones se complica cuando en esos inmuebles residen también personas en situación de vulnerabilidad.

Fuentes policiales consultadas señalan que la intervención fue la culminación de un seguimiento que se intensificó tras las quejas de los vecinos, que llevan meses denunciando ruidos, entradas y salidas incesantes y conflictos que alteran la convivencia en zonas próximas al casco histórico y a áreas universitarias. No ha trascendido, por ahora, si se produjeron incautaciones relevantes durante el registro ni qué pruebas concretas vinculan a los investigados con la venta al menudeo de sustancias.

Un problema recurrente en el centro de la ciudad

El Ensanche de Santiago, contiguo al casco histórico y con una mezcla de edificios residenciales, comercios y apartamentos turísticos, ha vivido en los últimos años una transformación que ha tensionado el mercado de vivienda y la convivencia urbana. Los narcopisos no son un fenómeno exclusivo de la capital gallega, pero su presencia en barrios céntricos ancla un debate que atraviesa lo policial y lo social: seguridad, vivienda asequible y gestión de la ciudad.

Vecinos y comerciantes coinciden en que la percepción de inseguridad afecta al comercio local y al uso cotidiano del espacio público. Al mismo tiempo, organizaciones sociales vienen advirtiendo sobre la criminalización de personas en situación de exclusión, muchas veces alojadas en pisos ocupados por falta de alternativas habitacionales. Ese choque de demandas —orden público por un lado, derechos sociales por otro— es la fotografía habitual tras operaciones como la de esta semana.

En administraciones municipales europeas con tejido urbano similar, la respuesta a estos problemas suele combinar intervenciones policiales con programas de inserción, atención sanitaria y alternativas de vivienda. En Santiago, la búsqueda de ese equilibrio promete ser uno de los principales retos en las próximas semanas, sobre todo si la instrucción judicial concluye en la formalización de cargos.

Repercusiones y próximos pasos

Con el secreto de las actuaciones vigente, el curso procesal seguirá marcado por la reserva informativa. Aun así, el juzgado ha dejado claras dos consecuencias inmediatas: la libertad provisional de los investigados con las obligaciones impuestas y la orden de desalojo. En palabras de fuentes judiciales, los implicados «tienen la obligación de desalojo inmediato de las viviendas ocupadas», una medida que abre el capítulo administrativo y social de la cuestión.

«Tienen la obligación de desalojo inmediato de las viviendas ocupadas», han indicado fuentes del TSXG.

Si la instrucción culmina con una acusación formal, la causa podría derivar en procedimientos penales por tráfico de drogas y delitos contra la integridad de la propiedad, con la posible suma de cargos por tenencia ilícita de armas. En paralelo, el Ayuntamiento de Santiago y los servicios sociales deberán afrontar las consecuencias del desalojo: realojos, atención básica y, en algunos casos, la derivación a recursos de salud mental o adicciones si procede.

Políticamente, la operación reaviva la presión sobre las administraciones para que afiancen políticas de vivienda y seguridad. En Galicia, como en otras comunidades, las operaciones policiales ofrecen resultados a corto plazo pero no siempre alivian la demanda structural de alojamientos asequibles ni frenan las redes que alimentan el tráfico. Por eso la reacción de los actores locales —desde el gobierno municipal hasta colectivos vecinales y ONG— será clave en los próximos días.

Más allá de los pasos judiciales, la ciudad observa con atención. Los vecinos del Ensanche esperan respuestas que combinen firmeza y sensibilidad; los comerciantes, una vuelta a la normalidad; y los responsables públicos, medidas que eviten la proliferación de nuevos puntos de venta. La instrucción judicial, con su ritmo y discreción legal, marcará el calendario, pero el debate prolongado sobre el modelo urbano de Santiago y la gestión de sus problemas sociales promete ocupar titulares mucho después de que las puertas de esos pisos queden cerradas.