Cientos de personas se concentraron esta mañana en la plaza da Quintana, en galiciauniversal.org/el-bar-de-santiago-donde-felipe-vi-se-despejaba-los-viernes-asi-era-el-mitico-zum-zum/" title="Santiago">Santiago de Compostela, para ratificar el Protocolo Lingua Vital, un documento impulsado por la plataforma Queremos Galego que recoge casi 300 medidas destinadas a recuperar el uso del gallego. La asamblea abierta, celebrada el 14 de marzo de 2026, busca revertir lo que sus promotores describen como una situación de «emergencia lingüística» tras datos preocupantes difundidos por el Instituto Galego de Estatística. El objetivo declarado es actuar en ámbitos como la educación, la administración pública, los medios de comunicación y el tejido económico.

El protocolo es fruto del trabajo conjunto de 57 entidades que han trabajado durante meses y cuenta con el respaldo de casi 400 organizaciones, según explicaron los organizadores. El documento parte de los objetivos fijados en el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado por unanimidad en 2004 y detecta numerosas iniciativas previstas entonces que nunca llegaron a ejecutarse. Ante esa carencia, la plataforma plantea una batería amplia de medidas para recuperar espacios de uso y garantizar los derechos lingüísticos.

Marcos Maceiras, presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, denunció antes del inicio de la asamblea la inacción del Ejecutivo autonómico desde que el IGE publicara hace año y medio su informe sobre el estado del idioma. Maceiras acusó a la Xunta de actuar en sentido contrario a la protección de la lengua, con decisiones que, a su juicio, han ido erosionando la oficialidad efectiva del gallego. Señaló, entre otros ejemplos, votaciones parlamentarias que dificultaron el uso del gallego en notarías y juzgados, campañas institucionales en castellano en centros educativos y la negativa a que Galicia tuviera voz propia en organismos internacionales como la Unesco.

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La coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas, reivindicó la autoría colectiva del trabajo y lanzó un mensaje directo al Gobierno gallego: el protocolo es una alternativa lista para ser aplicada. Armas instó a las administraciones a aprovechar el documento, a copiarlo si hace falta, y recordó que muchas de las propuestas incluidas deberían haber sido implementadas ya por las instituciones. Su discurso subrayó la voluntad de las entidades sociales de ofrecer soluciones concretas ante la pasividad que denuncian.

En la asamblea se presentaron además las conclusiones de la comisión dedicada a los servicios públicos, explicadas por Mónica Fernández Valencia, que defendió que la vitalidad del gallego está ligada a su uso en los espacios de gestión pública. Entre las propuestas figura la exigencia de conocimientos de gallego como requisito para acceder a puestos de la función pública y la garantía de que la primera atención en las administraciones pueda prestarse en gallego. Fernández Valencia abogó por pasar de recomendaciones a medidas que aseguren de forma efectiva los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

El catálogo de medidas aspira a incidir en todos los sectores relevantes para la supervivencia de la lengua: enseñanza, administración, medios y economía. Los promotores sostienen que actuar sobre estos ámbitos es clave para asegurar la transmisión intergeneracional y el uso cotidiano del gallego. Aunque la mayoría de las propuestas son de carácter normativo, también incluyen acciones de carácter formativo y campañas públicas para fomentar el uso social del idioma.

La movilización de hoy fue, según los organizadores, una demostración de que la sociedad civil no ha permanecido indiferente ante lo que consideran un retroceso. Asociaciones culturales, sindicatos, colectivos profesionales y organizaciones vecinales participaron en la elaboración del protocolo y respaldaron su ratificación en la plaza da Quintana. La lectura pública del documento cerró la asamblea y sirvió para reclamar una reacción administrativa inmediata.

El contexto político y estadístico es determinante en la argumentación de la plataforma: el informe del IGE, difundido hace aproximadamente año y medio, señaló una tendencia de descenso en el uso habitual y en la transmisión generacional del gallego, lo que motivó las alarmas sobre su vitalidad. Para Queremos Galego, la respuesta debe ser integral y priorizar los espacios donde el idioma puede normalizarse de manera cotidiana, especialmente en la gestión pública y la educación.

Los promotores del Protocolo Lingua Vital pusieron hoy el texto a disposición de las administraciones y anunciaron que continuarán exigiendo su implantación. Advirtieron también que, de no obtener una respuesta efectiva por parte de la Xunta, intensificarán las movilizaciones y acciones públicas para presionar por su cumplimiento. La jornada concluyó con un llamamiento a convertir las propuestas en políticas reales que reviertan la situación del idioma en el territorio gallego.