La Policía Nacional registró este lunes varias viviendas de alto standing en Mallorca en el marco de una investigación que vincula esas propiedades con el oligarca ruso Nikolai Aleksandrovich Kolesov, señalado por presuntas maniobras para eludir sanciones impuestas por la guerra en Ucrania. Los registros se concentraron en el municipio de Calvià, en zonas como Cala Vinyes y la urbanización Sol de Mallorca, y forman parte de una causa instruida bajo secreto. Fuentes periodísticas y de investigación apuntan a que las mansiones estaban formalmente a nombre de familiares del investigado. La operación pretende clarificar si la compra y el uso de esos inmuebles sirvieron para blanquear o proteger activos ligados a contrataciones para el sector defensa ruso.

Según informaciones a las que ha tenido acceso la prensa, decenas de agentes participaron en las inspecciones y se registraron al menos dos residencias relacionadas con Kolesov. La pesquisa está atribuida a la Comisaría General de Información, que dirige diligencias sobre redes financieras y de influencias que podrían vulnerar el régimen de sanciones internacionales. Por el momento no hay datos públicos sobre detenciones ni sobre el hallazgo de documentos concretos, ya que la instrucción permanece bajo secreto de sumario. Los registros, sin embargo, suponen un avance operativo tras los trabajos periodísticos que habían puesto en el foco estas propiedades.

La vinculación entre las mansiones mallorquinas y el oligarca ruso proviene de una investigación de la Fundación Anticorrupción creada por el opositor Aleksei Navalni, completada con reportajes de periodistas independientes. Ese trabajo atribuye a Kolesov la titularidad última de cinco villas en la isla, formalmente registradas a nombre de familiares para sortear controles financieros internacionales. Parte de esas compras se remontan a 2014, con sociedades vinculadas al investigado implicadas en la adquisición, y uno de los inmuebles cambió de titularidad en 2022 para figurar a nombre de una pariente próxima.

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Fuentes de la pesquisa y los reportajes recuerdan que Kolesov ha ocupado cargos de relevancia regional y nacional, y que su actividad empresarial le sitúa como un proveedor cercano al complejo militar-industrial ruso. Investigadores citan su vinculación con compañías dedicadas a componentes para la aviación y la defensa, lo que explicaría la atención de los servicios de inteligencia y las autoridades judiciales. La periodista Maria Pevchikh, colaboradora de las investigaciones sobre corrupción en el entorno del Kremlin, ha documentado los movimientos societarios y las transferencias de propiedad que habrían permitido mantener activos en el extranjero.

La muerte en 2024 de Aleksei Navalni en una prisión rusa, en circunstancias que continúan sin aclararse, intensificó la labor de su fundación y de sus colaboradores, que mantienen abiertas líneas de investigación sobre el patrimonio de altos funcionarios y empresarios próximos al poder en Moscú. Parte de ese trabajo fue difundido en 2025 por periodistas que recorrieron las zonas donde estaban las villas, mientras las autoridades españolas evaluaban posibles vulneraciones de la normativa sobre combate al blanqueo y alusión de sanciones. La documentación recabada en esas pesquisas fue uno de los elementos que motivaron el interés policial actual.

Desde la Fiscalía y la Policía se insiste en la necesidad de respetar la presunción de inocencia mientras avanzan las diligencias, aunque el caso sitúa de nuevo en la agenda pública el papel de los activos inmobiliarios como vehículo para proteger capitales sujetos a sanciones internacionales. La alarmante presencia de capital extranjero en enclaves turísticos, y la complejidad de rastrear estructuras societarias opacas, son elementos que, según expertos consultados por la prensa, complican la labor de control y requieren cooperación internacional. En este sentido, las actuaciones en Mallorca podrían abrir vías para nuevas actuaciones coordinadas con otros países.

Contactos con despachos de abogados que habitualmente representan a clientes rusos en España no han ofrecido respuesta oficial y la investigación, según las fuentes, permanece cerrada al acceso público. Tampoco consta una reacción pública de las empresas vinculadas a Kolesov ni del propio entorno familiar que figura en las compraventas. Las diligencias judiciales deberán ahora determinar si existe prueba suficiente para atribuir responsabilidad penal o administrativa por la adquisición y uso de los inmuebles.

El caso se suma a una serie de pesquisas internacionales que tratan de localizar y asegurar bienes vinculados a personas sujetas a sanciones por la invasión de Ucrania, y pone de relieve la persistente atención sobre la presencia de capitales rusos en las islas Baleares. A medida que avance la instrucción, las autoridades españolas podrían solicitar colaboración a terceros estados para rastrear transferencias y sociedades pantalla que, según las investigaciones periodísticas, habrían facilitado el acceso a esas propiedades. Se espera que en los próximos días, y siempre dentro del secreto del sumario, se conozcan nuevos pasos procesales.