Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, y Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, se enzarzaron este miércoles en el pleno del Parlamento gallego por la tramitación del proyecto de la empresa portuguesa Altri en Palas de Rei y por la designación de un adjunto para la Valedoría do Pobo. El choque se produjo en la sesión de control y giró en torno a la decisión de la Xunta, anunciada el mes pasado, de archivar la iniciativa industrial y a las críticas de los nacionalistas sobre la actuación del Gobierno autonómico. Rueda acusó a Pontón de practicar un «nacionalismo kamikaze» que, según él, rechaza cualquier proyecto industrial para Galicia; Pontón replicó que el Goberno está dispuesto a «saltar la ley» para favorecer intereses empresariales.

El intercambio se intensificó al mezclar la cuestión industrial con la cobertura de cargos institucionales: Pontón ha tachado a Rueda de «mal perdedor» por haber vetado la iniciativa del BNG para el adjunto a la Valedoría do Pobo tras la derrota política en torno a Altri. Rueda, por su parte, puso en duda la imparcialidad del candidato propuesto por los nacionalistas porque es miembro de Adega, la asociación ecologista que fue una de las principales voces contrarias al proyecto de celulosa y fibra textil en Lugo. La polémica no se limitó a reproches personales sino que adquirió un tono político al invocar la relación entre movimientos sociales, partidos y procesos administrativos.

Durante su intervención, el presidente de la Xunta acusó al BNG de oponerse sistemáticamente al desarrollo industrial y sostuvo que el rechazo a proyectos como el de Altri responde a una postura de «negacionismo industrial». Rueda aseguró además que una gran parte de las reclamaciones contra iniciativas empresariales proceden de asociaciones con las que, afirmó, Pontón mantiene una «íntima amistad». En este contexto, señaló con dureza que los nacionalistas se envuelven en la bandera de la defensa del medio ambiente mientras, a su juicio, utilizan manifestaciones y plataformas para bloquear inversiones.

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La líder del Bloque rechazó esas acusaciones y reiteró la postura del BNG contra Altri: «Somos el no a Altri», declaró, y vinculó la decisión de la Xunta a una política industrial que, en su opinión, ha fallado en múltiples promesas y apuesta por proyectos contaminantes. Pontón sostuvo que la actuación del Ejecutivo gallego carece de coherencia y ley, y acusó a Rueda de buscar venganza política al impedir la toma en consideración del candidato nacionalista a la Valedoría do Pobo. La portavoz reivindicó, además, la legitimidad de las organizaciones ecologistas para intervenir en los procesos administrativos y defender el territorio.

El enfrentamiento recuperó pasajes de la polémica sobre la macroplanta proyectada por Altri en Palas de Rei, que durante meses centró protestas vecinales y críticas de ecologistas y ayuntamientos. La Xunta anunció el archivo de la iniciativa el mes pasado, una decisión que reavivó el debate sobre el equilibrio entre empleo, modelo productivo y protección ambiental en Galicia. Adega, entre otras entidades, se situó en primera línea de oposición al proyecto, algo que el Gobierno autonómico ha utilizado para cuestionar la neutralidad de quien pudiera ocupar una responsabilidad en la institución de defensa de los derechos de la ciudadanía.

En la sesión, Rueda también insinuó la existencia de una «ayuda imprescindible» de determinados actores políticos para respaldar la estrategia del BNG, en alusión al PSOE gallego, lo que introdujo un nuevo elemento de fricción entre las formaciones. Pontón descartó que su partido persiga objetivos espurios y definió la actuación del Ejecutivo como una instrumentalización de las instituciones para acallar resistencias sociales. La acusación cruzada sobre la independencia del candidato a la Valedoría añade una capa jurídica y ética al conflicto que ahora se abre a posibles recursos y debates parlamentarios.

El pulso parlamentario refleja, en suma, una doble disputa: por un lado, la definición del modelo industrial gallego y, por otro, la garantía de independencia de órganos institucionales claves para la protección de derechos. Tanto PP como BNG se aferran a narrativas distintas: el primero reclama apertura a la inversión y denuncia bloqueos ideológicos; el segundo reivindica la soberanía ambiental y denuncia concesiones a intereses privados. El choque, según varios portavoces consultados, no parece cercano a una solución amistosa y promete prolongarse en próximas sesiones y en los foros administrativos competentes.

Con la crispación instalada, la Cámara autonómica continuará abordando las disputas políticas sobre Altri y la Valedoría do Pobo en las próximas semanas, mientras los agentes sociales mantienen posiciones contrapuestas. La resolución de este conflicto marcará no solo el destino del polémico proyecto de Palas de Rei, sino también la normalización de las relaciones entre partidos y la confianza en los procesos de designación institucionales en Galicia.