El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó este miércoles en el Parlamento de Galicia en Santiago que todas las ayudas para vivienda financiadas con fondos autonómicos estarán convocadas antes de que termine este mes, con el objetivo de dar respuesta a la emergencia habitacional que afecta a la comunidad. La declaración se produjo durante la sesión de control al Gobierno, en la que respondió a una interpelación sobre la situación del acceso a la vivienda. Rueda justificó la premura en presentar las convocatorias como una demostración del cumplimiento de la Administración autonómica frente a las críticas políticas. El anuncio busca, según el presidente, acelerar la llegada de recursos a quienes buscan alquiler o vivienda protegida.

El compromiso del Ejecutivo gallego se produjo después de que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, expusiera ante el pleno los datos que, a su juicio, evidencian una situación crítica en Galicia. Besteiro advirtió de que hay una «generación entera» que no puede acceder a una vivienda y puso sobre la mesa la cifra de 31.000 personas inscritas en el Registro de demandantes de vivienda pública. A partir de esos datos, el líder socialista reclamó a la Xunta medidas directas sobre el parque inmobiliario vacío para convertir esas viviendas en oferta de alquiler social mediante la creación de un banco de viviendas. La intervención del PSOE buscó presionar al Ejecutivo autonómico para que adopte medidas más contundentes y rápidas.

En su réplica, Rueda defendió la gestión de la Xunta y contrapuso lo que describió como el «esfuerzo real» de la comunidad autónoma frente a la «propaganda» que, a su juicio, protagoniza el Gobierno central en materia de vivienda. El presidente cuestionó la eficacia de anuncios nacionales y reclamó que, además de hablar, el Estado debe concretar medidas que complementen las iniciativas autonómicas. Rueda subrayó la intención de la Xunta de duplicar el parque de vivienda pública a lo largo de la legislatura y sostuvo que las convocatorias que se publicarán este mes forman parte de esa estrategia. La confrontación en el pleno dejó patente la división de diagnósticos entre el Gobierno autonómico y la oposición.

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El líder del Ejecutivo autonómico también se permitió un reproche hacia el tono de las críticas, al considerar que algunos de los mensajes de los socialistas suponen un reconocimiento implícito de que las competencias en vivienda recaen fundamentalmente en la Xunta. Rueda insistió en que su Gobierno asume responsabilidad y que las convocatorias que se lanzarán con cargo a fondos autonómicos servirán para avanzar en distintos programas de ayuda al alquiler y promoción pública. Recalcó que, frente a lo que describió como anuncios sin ejecución, la Xunta está difundiendo plazos concretos y procedimientos. Esa defensa prioriza el calendario administrativo como indicador de gestión.

Desde el punto de vista de la oposición, sin embargo, la mera convocatoria de ayudas no es suficiente si no va acompañada de políticas que actúen sobre el mercado privado de vivienda, donde conviven inmuebles vacíos y una demanda creciente. Besteiro reclamó medidas para que los propietarios de viviendas desocupadas cedan inmuebles al parque social o se incentiven intervenciones públicas que garanticen alquileres asequibles. La propuesta del PSdeG de constituir un banco de viviendas con inmuebles vacíos pretende, según su portavoz, aumentar la oferta disponible de forma inmediata y reducir la presión sobre los precios. Para los socialistas, sin actuaciones en el mercado privado, las ayudas puntuales no resolverán la barrera estructural del acceso a la vivienda.

En el debate también se destacó la dimensión territorial y social del problema: Rueda afirmó que la incidencia de la crisis de la vivienda es «general» en España y que, por lo tanto, corresponde una respuesta coordinada entre administraciones. La Xunta, por su parte, anuncia que sus líneas de apoyo incluirán tanto ayudas directas al alquiler como incentivos para la promoción de vivienda protegida. El calendario comprometido por el Gobierno gallego abre la puerta a que solicitantes y ayuntamientos conozcan las condiciones y plazos en las próximas semanas. No obstante, la oposición mantiene reservas sobre la suficiencia y el alcance de las medidas anunciadas.

Entre las implicaciones prácticas de las convocatorias figura la agilización de procedimientos administrativos para que las familias registradas puedan optar a plazas de vivienda pública y a subvenciones al alquiler. La Xunta deberá fijar bases reguladoras, criterios de baremación y presupuesto desglosado por programas, pasos que marcarán la efectividad de la promesa. Las expectativas creadas entre los 31.000 demandantes hacen que la publicación efectiva de las convocatorias sea vigilada de cerca tanto por organizaciones sociales como por los partidos. Si las ayudas cumplen los plazos anunciados, la respuesta política podría traducirse en una reducción del tiempo de espera para beneficiarios potenciales.

El anuncio de Rueda culmina una sesión tensa en el Parlamento en la que convergieron reproches y compromisos con la vivienda como telón de fondo. Queda por ver si las convocatorias previstas y las medidas complementarias que impulse la Xunta logran atajar la falta de acceso residencial que denuncia la oposición. Mientras tanto, socialistas y nacionalistas continuarán exigiendo actuaciones más amplias sobre el parque de viviendas y una mayor implicación del Gobierno central. La palabra final para los solicitantes llegará en cuanto se publiquen las órdenes y plazos que, según el presidente gallego, estarán listas antes de que concluya el mes.