El Tribunal Militar ruso dictó este jueves, 12 de marzo de 2026, penas de cadena perpetua contra los cuatro autores materiales del atentado del 22 de marzo de 2024 en la sala Crocus City Hall, en Krasnogorsk, que costó la vida a 150 personas, y dejó sin cargos a Ucrania, a la que el Kremlin había apuntado inicialmente sin aportar pruebas. La sentencia cierra formalmente la investigación sobre el peor ataque en suelo ruso en más de dos décadas, y sitúa el foco en un comando de yihadistas de Tayikistán vinculado, según fuentes oficiales, al grupo Estado Islámico. Las condenas se han dictado en un proceso en el que también se impusieron penas largas a colaboradores y logísticos. El fallo ha reavivado el debate en Rusia sobre la seguridad interna y la respuesta política a la violencia terrorista.

La Justicia militar consideró responsables directos al líder del grupo y a tres cómplices, a quienes identificó como Shamsidin Fariduni, Dalerdzhon Mirzóyev, Murodali Rachabalizoda y Mujammadsobir Faízov, todos de nacionalidad tayika, y les impuso la máxima pena de prisión. Según la acusación, los cuatro perpetradores planificaron y ejecutaron el ataque en el auditorio, y fueron detenidos en la región de Briansk mientras intentaban huir hacia la frontera. Las fuentes judiciales citadas por la agencia TASS sostienen que el comando actuó con preparación y recursos logísticos sustanciales. La sentencia supone que estos individuos cumplirán el resto de su vida en régimen penitenciario severo.

Además de los cuatro autores materiales, otras once personas fueron condenadas también a cadena perpetua por su papel en facilitar armas, munición y financiación a los atacantes. Cuatro acusados más recibieron penas de entre 19 años y 11 meses y 22 años y medio por haber alquilado un apartamento, vendido el vehículo utilizado para desplazarse al lugar del atentado o por otros apoyos logísticos. El tribunal detalló que los primeros proporcionaron armamento y recursos, mientras que los segundos facilitaron la infraestructura necesaria para la comisión del atentado. La causa incluyó pruebas documentales y testimonios que, según la Fiscalía militar, demostraron la coordinación entre los condenados.

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Las autoridades relataron que los atacantes se equiparon con tres fusiles automáticos Kaláshnikov, una pistola Makárov, alrededor de 1.300 cartuchos de munición y artefactos explosivos, con los que irrumpieron en la sala durante un concierto de la banda Picnic en la noche del 22 de marzo de 2024. El asalto provocó un incendio y el colapso parcial del techo del auditorio, circunstancia que contribuyó a numerosas víctimas por asfixia además de las alcanzadas por disparos y explosiones. El recuento oficial sitúa en 150 el número de fallecidos y dejó cientos de heridos, y desde entonces familias y supervivientes han reclamado explicaciones sobre las fallas en la seguridad. El ataque marcó a la opinión pública rusa por su crudeza y alcance.

En las pesquisas, el acusado señalado como líder, Shamsidin Fariduni, aparece relacionado con formación previa y movimientos internacionales; las autoridades dijeron que había cumplido condena en Tayikistán y que recibió instrucción en Turquía antes de preparar el atentado, inspeccionar la sala y adquirir uno de los vehículos empleados. La instrucción y la logística descritas por la Fiscalía subrayan, según los investigadores, una planificación deliberada y la búsqueda de medios letales. Las condenas se han sustentado en una combinación de pruebas materiales y declaraciones de los detenidos y colaboradores. No obstante, algunos detalles sobre la trayectoria de los acusados siguen siendo objeto de investigación.

El fallo judicial arroja además un cambio significativo en la narrativa oficial sobre la autoría del ataque: tras las primeras acusaciones públicas del presidente ruso, Vladímir Putin, en marzo de 2024 contra Ucrania, la causa no ha incluido cargos ni imputaciones contra Kiev en la versión final del proceso. El Kremlin sostuvo entonces sin presentar pruebas que Kiev podía estar detrás del atentado; hoy la acusación penal se centra exclusivamente en los yihadistas tayikos y sus cómplices. La decisión judicial de no perseguir políticamente a Ucrania ha sido interpretada como un cierre técnico del expediente sobre cualquier responsabilidad extranjera en la masacre.

La resolución ha reabierto el debate interno en Rusia sobre la eficacia de los servicios de seguridad, que en aquel periodo estuvieron muy centrados en la persecución de críticos de la guerra en Ucrania, una circunstancia que, según críticos y parte de la oposición, pudo distraer recursos de la prevención del terrorismo. Los hechos ocurrieron hace casi dos años y, según analistas, ponen de relieve vacíos en la protección de grandes concentraciones y en el intercambio de inteligencia transfronterizo. El veredicto proporciona un relativo alivio a las víctimas, pero no disipa todas las preguntas sobre fallos de prevención.

Al mismo tiempo, la sentencia ha provocado llamados de algunos sectores políticos rusos para reinstaurar la pena de muerte como respuesta a crímenes especialmente graves, una demanda que vuelve periódicamente al debate público en momentos de conmoción. Las autoridades han evitado, por el momento, cambios legislativos inmediatos, y no constan reacciones oficiales relevantes desde las autoridades ucranianas sobre el cierre de la investigación penal. Para las familias de las víctimas, la condena es una forma de justicia, aunque para observadores independientes el caso sigue poniendo en evidencia retos pendientes en materia de seguridad y radicalización.