El Ayuntamiento de Sada reclama al Ejecutivo central que «se luche hasta el último céntimo» para impugnar cualquier indemnización que los herederos de Francisco Franco pudieran reclamar tras la sentencia del 13 de marzo de 2026 que declara el pazo de Meirás propiedad del Estado. La petición se produce después de que los tribunales consideraran que la familia no actuó como poseedora de buena fe, lo que abre la vía a una compensación económica. El gobierno local, presidido por Benito Portela, no acepta que la devolución del inmueble cierre la cuestión sin batalla judicial. La controversia mezcla ahora el regreso del pazo al patrimonio público con la disputa sobre posibles pagos a los herederos.

El alcalde sadense, Benito Portela, trasladó a la opinión pública la postura del Consistorio: pedir al Gobierno central que explore todas las vías jurídicas para evitar una indemnización. Portela considera que la victoria en los tribunales sobre la titularidad del pazo no debe traducirse automáticamente en compensaciones que, a su juicio, resultarían injustas. El Ayuntamiento insiste en que cualquier decisión sobre pagos debe debatirse y agotarse en los tribunales.

Voces municipales recuerdan advertencias formuladas años atrás. El concejal Francisco Montouto señaló en 2018 el riesgo de aceptar la presunción de buena fe sobre la posesión del pazo y su diagnóstico se ha citado como antecedente a la actual sentencia. Esa previsión alimenta la sensación, entre quienes alertaron entonces, de haber tenido razón ante la resolución judicial. Aun así, el veredicto ha dejado un poso de insatisfacción entre sectores que esperaban que la devolución del inmueble zanjase por completo la cuestión.

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Reacciones del Ejecutivo y del PSdeG

El Ministerio de Memoria Democrática anunció desde el primer momento su intención de recurrir para evitar la asunción de pagos. El titular del departamento, Ángel Víctor Torres, trasladó que el Gobierno «iba a dar la batalla» en sede judicial con el objetivo de que el Estado no tuviera que afrontar indemnizaciones. La postura del ministerio apunta a que la lucha procesal continúa pese a la sentencia de posesión.

«Iba a dar la batalla»

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, felicitó por la sentencia que devolvió el pazo al patrimonio público, pero matizó que la cuestión de la indemnización debe discutirse. Desde su partido han expresado apoyo al recurso del Ejecutivo con el argumento de que la adquisición original del inmueble estuvo marcada por irregularidades. La formación espera que el litigio que ahora se plantea prospere y evite un desembolso económico.

La Xunta y el trasfondo jurídico

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresó su disposición a ir «de la mano» con el Gobierno central para estudiar y, si procede, apoyar un recurso que impida el pago a los herederos. Rueda subrayó que, en su opinión, la colaboración entre administraciones fue determinante para recuperar la titularidad pública del pazo y que esa fórmula puede repetirse si existe viabilidad jurídica. Recordó además que la Abogacía del Estado empleó documentación aportada por la Xunta en el proceso de devolución.

En el plano jurídico, la sentencia de marzo de 2026 se apoya en el criterio de que la familia Franco no actuó como poseedora de buena fe, lo que justifica la reversión del inmueble al patrimonio público. Ese mismo fundamento abre la puerta a discutir si procede indemnizar a los herederos por la pérdida de un bien cuya adquisición fue, según la resolución, irregular. El debate se dirimirá ahora en los despachos de letrados y, posiblemente, en las instancias judiciales superiores.

La pulseada del próximo periodo será de carácter técnico y político: los equipos jurídicos del Estado y de la Xunta deben evaluar la solidez de los argumentos para impugnar cualquier pago en sede contencioso-administrativa. Si los recursos prosperan, el Estado evitaría costes; si no, podría abrirse la vía a una compensación cuya cuantía aún no se ha hecho pública. Las partes implicadas mantienen, de momento, un discurso de cautela y determinación.

Más allá de los aspectos legales y económicos, el caso de Meirás mantiene su carga simbólica en Galicia y en el conjunto de España. La restitución del pazo al dominio público se celebra en amplios sectores, pero la posibilidad de una indemnización a los herederos añade una nueva capa de debate sobre cómo resolver las consecuencias patrimoniales del pasado. Mientras tanto, Sada y las administraciones implicadas anuncian que seguirán la pelea hasta agotar las vías legales disponibles.