En Barcelona, este jueves, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, descartó introducir cambios relevantes en la ley de extranjería para priorizar la entrada de trabajadores altamente cualificados, en respuesta a la petición del Cercle d’Economia y a la presión de sectores políticos que abogan por una migración “a la carta”. Saiz justificó su postura en la vigencia de vías legales de integración y en criterios de derechos humanos, en un debate marcado por la próxima regularización extraordinaria que podría beneficiar a unas 800.000 personas.

La intervención de la ministra tuvo lugar en la sede del Cercle d’Economia, entidad que había propuesto restringir y ordenar las llegadas priorizando perfiles formados. Saiz defendió el sistema actual y remarcó que ya existen visados específicos para facilitar la captación de determinados profesionales, por lo que, a su juicio, no es necesario reformar la ley para favorecer a colectivos concretos.

Además de señalar la disponibilidad de permisos adaptados a ciertas cualificaciones, la ministra aportó datos sobre la presencia de mujeres extranjeras en el mercado laboral: según dijo, cerca de 100.000 trabajadoras foráneas cotizan con autorizaciones destinadas a perfiles más formados dentro de un universo de alrededor de tres millones de extranjeros que ya aportan a la Seguridad Social.

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Saiz enmarcó la discusión en términos de derechos humanos y rechazo tajante a una política migratoria que seleccione en función de la cualificación en detrimento de otras consideraciones. Aseguró que priorizar a un grupo sobre otro supondría plantear la migración como un producto a medida, una idea que el Ejecutivo no comparte y que, sostuvo, entraña riesgos legales y éticos.

El Gobierno, según la ministra, seguirá apostando por combinar la normativa vigente con ajustes puntuales que faciliten la regularización y los mecanismos de arraigo. En este punto defendió la labor cotidiana de su departamento y matizó que el arraigo no es automático, sino el resultado de procedimientos administrativos que han ido adaptándose para responder a la realidad del mercado de trabajo y a las necesidades sociales.

Sobre la regularización extraordinaria, Saiz confirmó que el proceso arrancará a principios de abril, si bien evitó precisar una fecha concreta. El objetivo, explicó, es permitir que miles de personas que ya residen en España obtengan permiso de trabajo y residencia, con el fin de sacar a la luz parte de la economía sumergida y ofrecer mayores garantías laborales y sociales a quienes llevan años en situación irregular.

La presidenta del Cercle, Teresa García-Milà, preguntó a la ministra si cabe esperar otra regularización dentro de una década; Saiz optó por no responder directamente a esa hipótesis, y subrayó que las regularizaciones extraordinarias se han aplicado en distintos momentos por administraciones sucesivas para dar respuesta a bolsas acumuladas de migrantes. Desde su punto de vista, lo preocupante sería perpetuar la irregularidad, no la existencia de mecanismos puntuales para combatirla.

La ministra también rechazó vínculos simplistas entre la llegada de migrantes y una supuesta pérdida de productividad económica que algunos foros económicos han señalado. En su intervención defendió que la incorporación ordenada de trabajadores extranjeros, junto a la homologación de titulaciones y la oferta de visados específicos, puede contribuir a cubrir demandas del mercado y mejorar la competitividad sin sacrificar derechos laborales.

El debate sobre la política migratoria llegará ahora al centro de la agenda pública con la implementación de la regularización y con la persistencia de propuestas que reclaman priorizar perfiles cualificados. El Ejecutivo mantiene la posición de no cambiar la ley de extranjería de manera sustancial, mientras insiste en que la gestión migratoria se combina con medidas de integración, control y adaptación legislativa cuando las circunstancias lo exijan.