El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este viernes un paquete de respuesta económica ligado a la escalada bélica en Oriente Medio que movilizará 5.000 millones de euros y agrupa 80 medidas orientadas a paliar el alza de costes energéticos y sus efectos sobre las familias y las empresas. La comparecencia llegó tras un Consejo de Ministros extraordinario que comenzó con más de dos horas de retraso por el plantón de los ministros de Sumar, que reclamaban la inclusión de medidas de vivienda como condición para entrar a la reunión. Finalmente, el Ejecutivo aprobó dos reales decretos-ley: uno específico sobre vivienda y otro de carácter general, centrado en la energía y la industria.

Medidas y cifras clave del paquete anticrisis

El decreto general, explicó Sánchez, articula un conjunto de medidas de choque para abaratar la factura energética y fomentar la transición hacia fuentes renovables y la soberanía energética. Entre las medidas más destacadas figura una reducción de la fiscalidad sobre la electricidad cercana al 60 %, la rebaja del IVA eléctrico del 21 % al 10 % y la congelación del precio máximo de la venta de butano y propano. En carburantes se prevé una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro, lo que supone un ahorro estimado de unos 20 euros por depósito para un coche medio.

El Ejecutivo amplía también hasta diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y mantiene la prohibición de interrumpir suministros a hogares en situación de vulnerabilidad. Para la industria se ha previsto una bonificación del 80 % en los peajes eléctricos y una mayor flexibilidad en los contratos de suministro para que trabajadores y empresas puedan adaptarse sin costes añadidos. A esto se suma el refuerzo de las competencias sancionadoras y de supervisión de la CNMC, con el objetivo de evitar prácticas especulativas en los mercados energéticos.

El paquete incluye además incentivos fiscales: amplias deducciones en el IRPF por la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor. Según el Gobierno, alrededor de 20 millones de hogares podrían verse beneficiados por estas medidas y algo más de 3 millones de empresas obtendrán algún tipo de soporte. «Proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria», resumió Sánchez en su intervención, subrayando la doble vía de medidas coyunturales y otras de carácter estructural orientadas a la descarbonización.

«Proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria»

El pulso político: vivienda y división interna en la coalición

La negociación interna marcó tanto o más la jornada que las medidas técnicas. La exigencia de los ministros afines a Sumar de que la respuesta incluyera medidas habitacionales paralizó el inicio del Consejo de Ministros. Al final, el Gobierno optó por separar los contenidos en dos decretos-ley: el de vivienda, con medidas específicas que han sido objetivo de disputa, y el de carácter general que contiene la batería energética. Voces de la formación de izquierdas anunciaron que no respaldarán el decreto de vivienda y que analizarán «en profundidad» el paquete general antes de marcar una posición definitiva.

La fractura pone de relieve una tensión recurrente en la coalición entre prioridades sociales —alojamiento y políticas de acceso a la vivienda— y medidas económicas de choque que buscan contener la inflación y preservar el tejido industrial. En Galicia, donde el coste de la energía afecta de forma directa a industrias como la conservera o a los polígonos de automoción, la decisión de bonificar peajes y reducir impuestos eléctricos tendrá lectura inmediata. No es la primera vez que el equilibrio del Gobierno se pone a prueba cuando llegan las facturas.

Impacto internacional y movimiento de tropas

El paquete se presenta, además, en un contexto internacional cada vez más tenso. La ofensiva en Oriente Medio cumple ya tres semanas y las potencias occidentales han intensificado sus operaciones, con episodios que apuntan a una escalada —incluido el anuncio del asesinato de un alto cargo de inteligencia iraní, Ismael Ahmadi, según fuentes oficiales— y la posibilidad de que el conflicto entre en una nueva fase que podría requerir operaciones terrestres. Ese deterioro ha tenido consecuencias prácticas para España: el Ministerio de Defensa confirmó la evacuación de cerca de 200 militares españoles que permanecían desplegados en Irak.

La operación de repliegue, protagonizada por los efectivos encuadrados en la coalición Inherent Resolve y en la misión de la OTAN en Irak, llevó a que un centenar de militares fueran trasladados previamente a Turquía y que el resto saliera en las últimas horas hacia países de la zona. La ministra Margarita Robles difundió un videocomunicado en el que detalló que la evacuación se realizó en coordinación con aliados y que algunos vuelos tuvieron que abortarse por cruces de misiles. Robles insistió en que todos los soldados se encuentran fuera de territorio iraquí y a salvo, aunque la situación sigue siendo «difícil y complicada».

«Podemos decir que en este momento los 200 militares están ya fuera del territorio iraquí, están ya en otros países de la zona, pero están perfectamente a salvo todos» —Margarita Robles

España mantiene en la zona un grupo táctico de operaciones especiales de 71 militares y personal en cuarteles generales, y la reubicación temporal de estas unidades responde al empeoramiento de la seguridad por la guerra en Irán. El Gobierno subraya que las decisiones se tomaron de acuerdo con los aliados de la Alianza Atlántica y que la prioridad ha sido preservar la seguridad del personal sin renunciar a los compromisos internacionales contra el yihadismo.

En Galicia, donde la proyección exterior de la crisis se traduce en incertidumbre para las exportaciones de conservas, la pesca y la agroindustria, las medidas anunciadas buscan amortiguar un impacto que ya se aprecia en el precio de la energía y de los combustibles. La combinación de descuentos, incentivos para la producción renovable y medidas de protección social pretende ser un manto que cubra tanto a familias con dificultades como a empresas necesitadas de certidumbre para no deslocalizarse.

El pulso político interno, la rapidez con la que evolucione el conflicto internacional y la ejecución efectiva de los decretos marcarán en las próximas semanas la capacidad del Ejecutivo para convertir los anuncios en alivio real. Para Galicia, donde la economía local depende de la industria energética y del sector primario, la apuesta por la descarbonización y por reducciones fiscales abre una ventana de oportunidades, pero también obliga a un seguimiento ciudadano y sectorial intenso para comprobar si las medidas llegan y en qué medida compensan los costes que ya pesan en las facturas domésticas y en las cuentas de las pymes.