El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a eludir este viernes una fecha concreta para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y puso por delante la tramitación de reales decretos‑ley destinados a mitigar las consecuencias económicas de la nueva escalada en Oriente Medio. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había hablado el jueves de un retraso de «unas semanas», una expresión que sitúa ya cualquier posible anuncio en el mes de abril y que aleja la expectativa que ella misma fijó para el primer trimestre.

El Ejecutivo prioriza las medidas de urgencia

Sánchez aseguró en su intervención que el Ejecutivo «cumplirá con su obligación» de presentar las cuentas, pero explicó que la prioridad ahora es cerrar los reales decretos que recogen ayudas para hogares, empresas y sectores más expuestos al incremento de precios. La administración justifica la demora en la «envergadura» de la crisis internacional y en la necesidad de dar una respuesta rápida a las primeras réplicas económicas que, según el Ejecutivo, se están registrando.

«Creo que la dimensión, la envergadura de esta crisis… son gravísimas», dijo el jefe del Ejecutivo este viernes para justificar el aplazamiento.

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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, completó la fotografía al afirmar que «la situación actual está lejos de la que vivimos durante la guerra de Ucrania», una comparación con la que pretende marcar la singularidad y la volatilidad de los mercados en las últimas semanas. Los parámetros internacionales no ayudan: el Gobierno cerró el último cuadro macroeconómico con una previsión del barril Brent en torno a 68 dólares, aproximadamente 40 dólares por debajo de los precios actuales, lo que altera ingresos previstos y el cálculo del déficit.

Ese movimiento de precios ya tiene consecuencias directas para la ciudadanía. En Galicia, por ejemplo, el precio del diésel se ha encarecido casi 50 céntimos por litro desde el inicio del conflicto y la gasolina 95 ha subido cerca de 30 céntimos, según datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica. Transportistas, pequeñas y medianas empresas y la flota pesquera —pilas básicas de la economía gallega— ven con preocupación cómo aumentan sus costes operativos en pleno impulso estacional.

Plazos, recursos y la tensión constitucional

España afronta, sin embargo, un problema más allá de la coyuntura: lleva ya tres ejercicios sin aprobar unas nuevas cuentas. Los últimos Presupuestos que tuvieron el refrendo parlamentario datan de noviembre de 2022 y se prorrogaron desde entonces. A falta de un nuevo proyecto, el Ejecutivo ha venido encadenando prórrogas que ahora están en el foco jurídico: el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso del Senado, donde el PP tiene mayoría, que cuestiona la legalidad de esas prórrogas y reclama que se fije un horizonte para la presentación de las cuentas.

La papeleta política no es menor. En diciembre el Gobierno presentó por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria en el Congreso y ambas iniciativas fueron rechazadas por los grupos de la oposición —PP, Vox, UPN— y por los posconvergentes. La presentación de la senda solo habilita técnicamente la capacidad de confeccionar unos Presupuestos, pero la aritmética parlamentaria sigue siendo la gran incógnita: sin acuerdos, cualquier proyecto puede naufragar en el trámite congresual.

Montero ha defendido la constitucionalidad de las prórrogas en sede parlamentaria, pero también aparece condicionada por su doble papel: ministra de Hacienda y lideresa del PSOE andaluz. El calendario autonómico complica aún más la hoja de ruta. El presidente de la Xunta de Andalucía, en funciones, anticipó la celebración de comicios en junio, un escenario que obligaría a la ministra a compaginar campaña y la presentación de las cuentas del Estado si opta por mantener los tiempos que exige la ley electoral para la convocatoria de comicios.

Qué supondría para Galicia y cuáles son los pasos siguientes

Para Galicia, la ausencia de nuevas cuentas nacionales repercute en varias capas: desde transferencias y fondos finalistas hasta la planificación de inversiones en infraestructuras y servicios. El incremento del coste de carburantes afecta directamente al sector del transporte, muy relevante en el corredor atlántico, y a la pesca artesanal que opera en las rías. En ciudades como Vigo y A Coruña las asociaciones empresariales ya han trasladado a este periódico su inquietud por el encarecimiento de la logística y la cadena de suministro.

En lo inmediato, el Gobierno seguirá por la vía de los decretos‑leyes para canalizar ayudas y moratorias; esas medidas podrán mitigar efectos puntuales, pero no sustituyen a un marco presupuestario completo que fije prioridades plurianuales. La posibilidad de que el Ejecutivo anuncie el proyecto en abril no es descartable, como dejan entrever las «semanas» mencionadas por Montero, pero la incertidumbre persiste: la fecha límite del calendario político y las posibles consecuencias del recurso constitucional obligan a mantener la prudencia.

«El Gobierno cumplirá con su obligación», afirmó Sánchez, que no obstante esquivó fijar un día concreto.

Políticamente, la nueva postergación suma desgaste. La oposición carga contra la prórroga permanente y los colectivos locales exigen previsibilidad. En Galicia, los ayuntamientos y la Xunta precisan señales claras para cerrar sus propios ejercicios presupuestarios y planear inversiones, algo que no es baladí en un territorio con tantas necesidades de modernización logística y sanitaria.

A falta de confirmación oficial sobre plazos concretos, la discusión se traslada ahora al terreno jurídico y político: el Tribunal Constitucional tiene en sus manos un recurso cuyo desenlace puede condicionar los márgenes del Gobierno. Mientras tanto, la ciudadanía paga la factura del incremento energético y las empresas evalúan el impacto real en sus cuentas. Que el Ejecutivo priorice medidas urgentes es comprensible; que no fije un calendario claro para las cuentas anuales vuelve a situar la previsión y la estabilidad presupuestaria en el centro del debate público. Los próximos días serán clave para saber si la promesa de presentar Presupuestos se convierte en una hoja de ruta firme o en una nueva postergación que, otra vez, acerque la discusión al otoño y comparta protagonismo con la campaña autonómica andaluza.