El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esquivó este viernes concretar cuándo presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2027 y justificó la dilación en la necesidad de tramitar de forma urgente una batería de reales decretos para paliar los efectos económicos de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había admitido pocos días antes un retraso de «unas semanas» que tensiona el calendario constitucional y político del Ejecutivo.
Decretos de urgencia frente a la tramitación presupuestaria
En su intervención, Pedro Sánchez insistió en que el Gobierno «cumplirá con su obligación» de presentar las cuentas, pero dejó claro que antes debe aprobar medidas que den respuesta inmediata a la subida de precios y a la inestabilidad de los mercados energéticos. El argumento técnico —expresado también por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo— es que la coyuntura actual no se parece a la de la guerra de Ucrania, aunque los efectos son ya muy visibles en el bolsillo de las familias.
Las cifras hablan por sí solas. Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, el diésel se ha encarecido en Galicia casi 50 céntimos por litro y la gasolina 95 en torno a 30 céntimos, según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. Ese encarecimiento perjudica de forma directa al transporte de mercancías, al sector pesquero y a buena parte de la actividad económica en las rías gallegas, desde la lonja de Vigo hasta las conserveras de la ría de Arousa.
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Conoce más →«Creo que la dimensión, la envergadura de esta crisis son gravísimas», afirmó el presidente al justificar la prioridad de los decretos.
Fuentes gubernamentales consultadas consideran que los reales decretos permiten una respuesta ágil para compensar subidas puntuales de costes, pero admiten que esas medidas no sustituyen la herramienta estructural que suponen unos Presupuestos aprobados por el Parlamento. Para elaborarlos, además, el Ejecutivo necesitaría cerrar un cuadro macroeconómico que se ha visto alterado por la reciente escalada del precio del crudo.
El reloj constitucional y la presión del Senado
La demora tiene consecuencias más allá del impacto económico inmediato: el calendario se aproxima al plazo marcado por el artículo 134 de la Constitución. España encadena tres ejercicios sin aprobar unas nuevas cuentas —las vigentes se remontan a noviembre de 2022— y el asunto ha escalado hasta el Tribunal Constitucional. El Senado, con mayoría del PP, presentó un recurso que fue admitido a trámite y reclama la nulidad de las prórrogas y que se imponga una fecha límite al Ejecutivo.
En el Congreso, la propia senda de déficit fue rechazada en noviembre por fuerzas como PP, Vox, UPN y Junts, aunque su mero registro habilita técnicamente al Gobierno para configurar el proyecto de Presupuestos. El escollo real es la aritmética parlamentaria: sin una mayoría clara, los Presupuestos corren el riesgo de naufragar como ya ocurrió en ejercicios anteriores.
A eso se añade la realidad interna del propio partido: María Jesús Montero compagina su cartera con el liderazgo del PSOE andaluz y su posible candidatura en los comicios autonómicos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, situó esas elecciones en junio; el anuncio formal debe producirse con 54 días de antelación, lo que podría complicar la participación de Montero en la tramitación de las cuentas si decide competir abiertamente por la presidencia andaluza.
Impacto en Galicia y la política española
En Galicia la incertidumbre presupuestaria se traduce en previsiones difusas para inversiones y transferencias del Estado. Infraestructuras pendientes, contratos públicos y programas de apoyo a sectores estratégicos como la pesca o la automoción dependen en buena medida del cierre de las cuentas. El puerto de Vigo, principal motor exportador de la comunidad, y las cooperativas de la ría de Arousa sufren ya el efecto directo del aumento del coste del combustible.
Más allá del mapa autonómico, la comparación con otros países resulta incómoda para el Ejecutivo: naciones en guerra o en conflicto prolongado, como Ucrania, han logrado aprobar sus respectivos Presupuestos, y la mayoría de socios europeos disponen ya de cuentas públicas en tramitación. Esa percepción alimenta las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de demorar las cuentas por razones tácticas y de eludir la confrontación política con la derecha.
Los analistas subrayan que, además de la presión política, existe un factor técnico que obliga a revisión: cuando el Gobierno cerró el último cuadro macroeconómico, la previsión para el barril Brent era de 68 dólares; desde entonces el precio ha variado al alza en torno a 40 dólares, lo que obliga a recalcular ingresos y gastos y dificulta la elaboración de unas cuentas fiables sin nuevos supuestos macro.
En la arena parlamentaria, la negociación con fuerzas nacionalistas y de izquierda será clave para cualquier intento de sacar adelante los Presupuestos. Ya se han visto pactos frágiles que han terminado en retirada, y el Ejecutivo deberá decidir si prioriza blindar medidas sociales mediante decretos o arriesga la tramitación presupuestaria en busca de apoyos más duraderos.
La mezcla de urgencia económica, restricciones políticas y el calendario autonómico dibuja un escenario complejo. Si las «semanas» anunciadas por Montero se concretan en un anuncio en abril, el Gobierno podría mantener cierto margen; si la presentación se aplaza hasta octubre, aumentará la presión judicial y parlamentaria. Entre tanto, Galicia y el resto del país afrontan la difícil combinación de precios al alza y decisiones políticas pospuestas.
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