Pedro Sánchez comparecerá ante el Pleno del Congreso el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo respecto al reciente recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio. La convocatoria, solicitada por el presidente del Gobierno, pretende aclarar las decisiones de España tras el ataque que Estados Unidos e Israel realizaron contra Irán y la oleada de bombardeos subsiguiente en la región. En su intervención el Ejecutivo justificará por qué rechazó autorizar el uso de las bases españolas de Rota y Morón en esa operación y explicará el envío de una fragata al Mediterráneo Oriental. La comparecencia aspira a responder también a las preocupaciones sobre la seguridad de las fuerzas españolas y las repercusiones diplomáticas.

Fuentes de Moncloa trasladaron a los grupos parlamentarios que Sánchez expondrá ante todas las formaciones la valoración del Gobierno sobre la crisis y las medidas adoptadas hasta la fecha. La petición de comparecencia llega en un momento de alta tensión internacional, con movimientos militares y una fuerte actividad diplomática en Bruselas y en los foros de la OTAN y la Unión Europea. El presidente quiere asimismo detallar el seguimiento político de la última cumbre del Consejo Europeo, celebrada en febrero en el castillo de Alden Biesen, y cómo esa agenda europea condiciona la respuesta española. Los grupos tendrán la oportunidad de preguntar y, en su caso, someter a votación las decisiones que se planteen.

Desde Moncloa han subrayado que, aunque España se opone al conflicto, ha mantenido medidas defensivas y de cooperación con socios europeos. En una declaración institucional, el presidente recuperó el leiv motiv del «No a la guerra» que marcó la oposición ciudadana a la invasión de Irak en 2003, para justificar la negativa a permitir el empleo de instalaciones militares españolas en operaciones lideradas por Washington. El Gobierno insiste en que la no autorización no equivale a un alineamiento contrario con aliados, sino a una defensa de la soberanía del territorio nacional y de los marcos legales que rigen el uso de bases.

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La respuesta internacional no se hizo esperar: según fuentes oficiales y diplomáticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con dureza a la negativa española, advirtiendo sobre posibles medidas económicas y elevando el tono público contra el Ejecutivo. En paralelo, España autorizó el envío de la fragata Cristóbal Colón a aguas próximas a Chipre, en una operación conjunta con Francia y Grecia, tras el impacto de un dron iraní contra una base militar británica en la isla. El despliegue, según el Ministerio de Defensa, persigue misiones de vigilancia y protección de la navegación, no operaciones ofensivas, aunque ha sido presentado por la oposición como una exposición de riesgos para las tropas.

La reacción política interna ha sido inmediata. El principal partido de la oposición, liderado por Alberto Núñez Feijóo, exigió la comparecencia del presidente y reclamó que el Congreso vote expresamente la autorización para el envío de la fragata, alegando que la Ley de Defensa Nacional obliga a consultar a la Cámara cuando se trata de zonas consideradas de conflicto. El PP sostiene que la decisión pone en riesgo a militares españoles y que el Ejecutivo no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios para iniciativas de tal calado. Además, los populares han acusado al Gobierno de actuar con criterio electoralista y de generar incertidumbre en las relaciones con Estados Unidos.

El Gobierno, por su parte, anunció que iniciará esta semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con agentes sociales para coordinar medidas ante las potenciales consecuencias de la escalada bélica. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, explicó en rueda de prensa que la intención es contrastar un «plan de rescate integral» para mitigar los efectos económicos y sociales derivados de la crisis internacional, aunque reiteró que el Gobierno no avala la guerra. Saiz adelantó que se recogerán propuestas de sindicatos, patronal y de la Comisión Europea en el diseño de esas medidas, y que habrá diálogo abierto con todas las fuerzas políticas.

Más allá del debate parlamentario, la crisis plantea interrogantes sobre el equilibrio que España debe mantener entre sus compromisos con la alianza transatlántica y su papel en la política europea. La negativa a ceder bases ha tensado una relación histórica con Washington, mientras que la participación en operaciones de vigilancia con socios comunitarios busca reforzar la imagen de España como actor fiable en seguridad. En el plano interior, la Cámara tendrá que dirimir si avala o no el envío de medios militares y cómo articular un consenso en torno a las implicaciones presupuestarias y de riesgo para las tropas.

La comparecencia del 25 de marzo marcará, en cualquier caso, un momento clave para fijar la posición oficial y abrir un debate público sobre las líneas rojas de la política exterior española. El Ejecutivo intentará conjugar explicaciones jurídicas y estratégicas con una agenda de medidas socioeconómicas que atenúen el impacto de la crisis, mientras la oposición presiona para forzar controles y decisiones concretas en el Congreso. La sesión se espera tensa y con preguntas centradas en la coordinación con aliados, la seguridad de las bases y la protección de los intereses económicos nacionales.