Este lunes, 9 de marzo de 2026, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Irak, Mohamed al Sudani, en la que ambos pactaron impulsar ante la Asamblea General de la ONU una sesión dedicada a abordar las repercusiones de la guerra ligada a Irán y a buscar fórmulas para frenar su expansión. El intercambio se centró en la situación en Oriente Próximo, su impacto sobre la seguridad regional e internacional y los efectos en las cadenas de suministro. Ambos líderes convinieron en la necesidad de una respuesta multilateral que permita contener la escalada y atender las consecuencias humanitarias y económicas. La iniciativa supone llevar la crisis a un espacio político amplio para intentar coordinar una reacción internacional.

La oficina del primer ministro iraquí hizo público el acuerdo en un comunicado en el que subraya que los dos mandatarios trabajarán de manera conjunta para convocar esa sesión de la Asamblea General. Según la nota oficial, la convocatoria tiene como objetivo abrir un foro donde examinar las repercusiones del conflicto y explorar mecanismos para evitar que se extienda a otros países de la región. El anuncio no especifica aún fecha ni el formato exacto de la reunión propuesta, que deberá negociarse con otros estados miembros de la ONU. La iniciativa se enmarca en los intentos de varios gobiernos por internacionalizar la respuesta ante la escalada de violencia.

Durante la conversación, añadieron las fuentes iraquíes, Sánchez y al Sudani trataron cómo las hostilidades están afectando a la seguridad regional y a ámbitos tan sensibles como el suministro energético y las cadenas globales de mercancías. Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación internacional y de integrar esfuerzos diplomáticos para lograr un cese inmediato de la escalada. Según el comunicado, los mandatarios insistieron en que la desescalada solo será posible mediante el diálogo y la presión colectiva de la comunidad internacional. Se subrayó, asimismo, la urgencia de limitar daños antes de que resulten más difíciles de contener.

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El primer ministro iraquí aprovechó la conversación para lanzar una advertencia sobre el peligro que suponen las ideologías extremistas y el terrorismo, y destacó que sus efectos pueden traspasar las fronteras de la región y alcanzar a países europeos. En ese sentido, la nota señaló la preocupación por posibles repercusiones en la seguridad interna de varios Estados y por el riesgo añadido que suponen las crisis humanitarias. Fuentes cercanas a la delegación iraquí insistieron en que una respuesta coordinada no sólo debe buscar la estabilidad política, sino también medidas para reducir el sufrimiento de la población civil. La eventual convocatoria en la Asamblea General pretende, en parte, dar visibilidad internacional a estos aspectos.

Sánchez, por su parte, defendió ante al Sudani soluciones «justas y pacíficas» y la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad y estabilidad en Oriente Próximo. El presidente español valoró la posición de Irak y sus esfuerzos por contener la violencia en su territorio y en la región, según trasladaron desde Moncloa. En la conversación se insistió en la prioridad de la diplomacia sobre la acción militar y en la búsqueda de fórmulas que permitan regresar a la negociación. Desde el Ejecutivo español se indicó que la iniciativa diplomática será acompañada de contactos con socios europeos y con organismos internacionales.

En paralelo, el mismo lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, habló con su homólogo iraquí, Fuad Huseín, para trasladar la «solidaridad y apoyo» de España tras los ataques sufridos en territorio iraquí. Albares condenó las agresiones y pidió el cese de la violencia, añadiendo que el derecho internacional debe ser respetado y que la respuesta debe pasar por la diplomacia. El jefe de la diplomacia española utilizó además sus canales oficiales para subrayar la necesidad de una rápida desescalada y de protección para la población civil. El departamento de Exteriores, según fuentes oficiales, seguirá coordinando con Bagdad y con socios europeos los pasos a dar en la ONU.

La propuesta de llevar la cuestión a la Asamblea General abre una vía política con alcance simbólico y organizativo, aunque sus decisiones no tienen el mismo carácter vinculante que las del Consejo de Seguridad. Expertos consultados recuerdan que una sesión de la Asamblea puede servir para articular una respuesta multilateral y para presionar diplomáticamente, pero que su eficacia dependerá de la capacidad de sumar apoyos y de evitar la paralización por posiciones encontradas entre grandes potencias. En todo caso, la iniciativa muestra el interés de varios gobiernos por crear un foro amplio que permita abordar las consecuencias humanitarias y económicas de la crisis.

En los próximos días se espera que España e Irak intenten concretar la propuesta y busquen aliados entre los países miembros para fijar fecha y contenidos de la reunión en la ONU. El objetivo declarado por ambos líderes es evitar la expansión del conflicto, mitigar sus efectos sobre la población y las economías tensas por las perturbaciones en las cadenas de suministro, y recuperar cauces de diálogo que permitan una salida negociada. La urgencia del llamamiento contrasta con la incertidumbre sobre la receptividad que encontrará en un organismo internacional marcado por profundas divisiones geopolíticas. Mientras tanto, la diplomacia europea y los actores regionales seguirán bajo observación para ver si logran traducir gestos como este en medidas concretas de contención.