Sanidade y el sindicato médico O’Mega cerraron anoche un pacto que pone fin a diecisiete días de paro en la Atención Primaria gallega. La negociación, que se prolongó hasta pasadas las diez en la sede de la consellería en Santiago, incluye limitar a un máximo de 30 pacientes por día las agendas de consulta, cambios en la jornada complementaria y medidas sobre las guardias que, en principio, devuelven la normalidad a la actividad asistencial.
Qué recoge el acuerdo y cómo se implantará
La Xunta se comprometió a activar antes del 15 de junio un paquete de medidas organizativas que permitan aplicar en la práctica el cupo máximo de 30 pacientes diarios por facultativo en Atención Primaria. La hoja de ruta recoge además que la aplicación plena estará operativa «antes do 31 de outubro«, garantizando en todo momento la asistencia sanitaria de urgencia. Según fuentes cercanas a la negociación, también se revisarán las agendas de pediatría, odontología y farmacias para evitar trasvases de carga a otras consultas.
En materia retributiva, el acuerdo reduce progresivamente las horas exigidas para cobrar la jornada complementaria: de 160 horas este año a 140, con un descenso adicional hasta 122 horas en 2028. Se pactó además iniciar en 2027 la posible actualización del complemento de productividad variable y establecer criterios de incentivos homogéneos entre el personal de los PAC y los equipos de los centros de salud.
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Conoce más →Otro punto que figuraba en las reivindicaciones y que la consellería asumió es la elaboración, en el segundo trimestre, de un acuerdo de «voluntariedade» para las guardias en primaria: la fórmula pretende que las guardias sean preferentemente voluntarias y con incentivos económicos y de conciliación. Además, el plan incluye la creación gradual de nuevas plazas vinculadas a los puntos de atención continuada (PAC).
Un conflicto con efectos tangibles en la atención sanitaria
No es la primera vez que la primaria gallega atraviesa conflictos que ponen en riesgo la continuidad asistencial. La huelga iniciada por O’Mega el 2 de marzo llevó, según los cálculos sindicales, a la suspensión de al menos 69.182 consultas en apenas quince días, con especial incidencia en áreas urbanas como Vigo y en comarcas rurales donde la plantilla está más justificada. A falta de confirmación oficial sobre todos los detalles, la visibilidad social del conflicto —manifestaciones, titulares y malestar ciudadano— obligó a acelerar las conversaciones.
El seguimiento del paro fue heterogéneo: el Sergas comunicó que por la mañana se adhirieron 67 facultativos y por la tarde 15, con porcentajes que oscilaron entre el 0,72% en el área de Lugo, A Mariña y Monforte y el 5,3% en Vigo. Esos datos ilustran la dispersión del malestar: mientras que en las ciudades el pulso sindical puede ser mayor, en los entornos rurales la presión viene por la escasez de profesionales y la dificultad para cubrir turnos.
La reclamación del estatuto específico para médicos —tema que también se debatió en manifestaciones conjuntas a nivel estatal— añadió una capa más al conflicto. Para muchos profesionales, la fórmula de cupos y compensaciones es necesaria, pero insuficiente si no se acompaña de contratación estable y de criterios formativos que garanticen el relevo generacional.
Implicaciones a medio plazo y medidas pendientes
El documento incluye, además, la eliminación progresiva de la categoría de facultativo especialista en atención primaria (Feap) «de aquí a finais de 2029«, y el reconocimiento del MIR como vía única de especialización. Ese cambio configura una transición que tendrá efectos en la oferta de plazas y en la planificación docente: las facultades, los hospitales y las gerencias deberán coordinarse para que la formación práctica alcance a los futuros especialistas, en especial en zonas donde hoy faltan plazas formativas.
El acuerdo gana tiempo político para la consellería, pero abre dudas sobre su financiación. La implantación de cupos reales exige refuerzo de plantillas o redistribución horaria que puede necesitar partidas extraordinarias. No es casual que sindicatos y profesionales insistan en la necesidad de un plan de atracción para establecerse en comarcas rurales: incentivos económicos, contratos estables y alternativas formativas en el entorno son medidas que todavía deberán negociarse con la Xunta.
Además, el seguimiento del cumplimiento será clave. Fuentes sindicales anticipan que O’Mega mantendrá una vigilancia estrecha y no descarta activar mecanismos de presión si los plazos o las contrataciones no se cumplen. La creación de una comisión de seguimiento, con representantes de la consellería y de las organizaciones médicas, sería la vía natural para evaluar hitos como la reducción de cupos y la adaptación de agendas.
En lo inmediato, la reapertura de la actividad ordinaria aliviará a miles de pacientes que vieron anuladas citas en las últimas semanas. Pero la normalidad formal no equivale a la solución estructural: la primaria gallega arrastra déficits que vienen de años de recortes, problemas de relevo generacional y dificultades para conjugar guardias con vida familiar. A falta de confirmación oficial sobre la totalidad de los puntos, los próximos meses serán decisivos para comprobar si este acuerdo se convierte en un punto de inflexión o en un parche transitorio.
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