Sanidade y O’Mega sellan un acuerdo que reduce cupos y pone fin a una huelga de 17 días en atención primaria

Tras negociaciones que se prolongaron hasta entrada la noche del martes en la sede de la Consellería en Santiago, la Xunta y el sindicato médico O’Mega alcanzaron un pacto que permite levantar la huelga iniciada el 2 de marzo en centros de salud y puntos de atención continuada (PAC). El acuerdo incluye limitar a 30 el cupo máximo de pacientes por jornada en primaria, la obligación de adoptar medidas organizativas antes del 15 de junio y la previsión de aplicar la medida plenamente antes del 31 de octubre. La protesta obligó a suspender, según las cuentas de la administración, alrededor de 69.182 consultas en quince días.

Qué recoge el pacto y cómo se negoció

La negociación arrancó el lunes y se intensificó ayer; la reunión se reanudó por la tarde y se prolongó hasta pasadas las diez. Por la Xunta intervinieron responsables de la Secretaría Xeral Técnica; por O’Mega, el comité estuvo encabezado por Manuel Rodríguez Piñeiro. Según fuentes presentes, hubo momentos de fuerte choque sobre cifras y calendario, seguidos de concesiones mutuas para desbloquear el conflicto.

El núcleo del acuerdo, más allá del límite de cupo, es un plan de medidas organizativas que la Consellería debe activar antes del 15 de junio. La idea es que la reducción de pacientes por consulta se acompañe de cambios en las agendas de pediatría, odontología y farmacia, de modo que no se traslade la sobrecarga de un servicio a otro. El compromiso formaliza además un calendario para que la limitación sea obligatoria antes del 31 de octubre, con la garantía expresa de mantener la asistencia sanitaria de emergencia.

En el terreno retributivo se pactaron ajustes que afectan a la jornada complementaria: el umbral de horas para cobrar ese complemento bajará de 160 a 140 en este año y se fijará en 122 en 2028. También se abrió la posibilidad de actualizar el complemento de productividad variable a partir de 2027, una medida que los sindicatos consideran tardía pero que la Xunta presenta como respuesta a las reclamaciones económicas del colectivo.

Guardias, plazas y la reordenación profesional

Otro bloque del acuerdo gira en torno a las guardias y al modelo de especialización. La Consellería se comprometió a sacar en el segundo trimestre un marco de «voluntariedade» para las guardias en primaria, acompañado de un plan para crear nuevas plazas en los PAC. Además, se pactó no convocar nuevas plazas en la categoría de facultativo especialista de atención primaria (Feap) con la intención de suprimir esa categoría a finales de 2029, reconociendo el MIR como la única vía de especialización.

Esos cambios trazan un nuevo mapa profesional: la Xunta busca homogeneizar la formación y atar la retribución a indicadores como el número de tarjetas sanitarias gestionadas. Para muchos médicos, sin embargo, la cuestión central sigue siendo la plantilla: sin contrataciones suficientes y sin estabilidad, las mejoras de organización y los incentivos pueden quedarse en parches. Cabe recordar que atraer y retener médicos en el rural gallego exige medidas integrales que incluyan vivienda, carrera profesional y condiciones laborales.

La concreción en la dotación presupuestaria será clave. A falta de confirmación oficial sobre partidas específicas, el temor entre representantes sanitarios es que los plazos queden sobre el papel si no se acompasan con recursos humanos y materiales.

Impacto sobre la atención y el mapa de la protesta

El seguimiento de la huelga fue desigual: el Sergas registró ayer un 0,72% de adhesión en el área de Lugo, A Mariña y Monforte y hasta un 5,3% en Vigo; en total, 67 facultativos secundaron el paro por la mañana y 15 por la tarde en toda Galicia. Esos porcentajes contrastan con la sensación de colapso que vivieron algunos centros, donde las anulaciones y las citas retrasadas llegaron a tensar a la ciudadanía.

La cifra de 69.182 consultas suspendidas durante quince días es más que un dato estadístico: supone listas de espera más largas para pacientes crónicos, demoras en diagnósticos y mayor presión sobre urgencias hospitalarias. En poblaciones envejecidas y dispersas como las de buena parte de Galicia, un retraso en la atención primaria puede convertirse en un problema de salud pública con coste social y sanitario.

Vigo fue uno de los focos más visibles de la movilización —las imágenes de las protestas del 10 de marzo dieron la vuelta a la comunidad—, pero la protesta tuvo ramificaciones en distintos ámbitos sanitarios. La confluencia con las huelgas a nivel estatal que reclamaban un estatuto marco propio para los médicos añadió tensión política y mediática al conflicto.

Qué puede pasar ahora y los riesgos de incumplimiento

El acuerdo evita una escalada inmediata y devuelve la actividad a los centros de salud, aunque abre una etapa en la que la ejecución será examinada con lupa. La Consellería dispone de plazos claros: medidas organizativas antes del 15 de junio y aplicación completa antes del 31 de octubre. Si esos hitos se cumplen con dotación de personal y criterios homogéneos, el pacto puede servir como guía para desatascar la primaria. Si no, existe riesgo de frustración y de nuevas movilizaciones.

En el plano político, la Xunta —gobernada por un ejecutivo que ha venido priorizando la estabilidad presupuestaria— deberá decidir hasta qué punto moviliza inversión para reforzar plantillas y sustituir a los médicos que faltan en el mapa rural. Para los profesionales, el reto es convertir compromisos y plazos en realidades tangibles. Para los pacientes, la prueba será sentir una mejora en la accesibilidad y en la continuidad de cuidados en los próximos meses.

En definitiva, la paz firmada anoche entre Sanidade y O’Mega pone fin a una huelga de 17 días, pero abre una cuenta atrás: la credibilidad del acuerdo dependerrá de su materialización, no solo de su firma. Si algo deja claro la experiencia reciente en Galicia es que los acuerdos sobre el papel requieren acompañamiento sostenido para no volver a encender la protesta.