La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado una resolución firme que reconoce la existencia de un delito contra el medio ambiente en la cantera de Miramontes, en la parroquia compostelana de Grixoa. El fallo, adoptado por conformidad entre las partes, condena a la mercantil Tecnosolos Galaicos y a su responsable por incumplimientos continuados entre 2016 y 2017 que derivaron en contaminación del suelo y de las aguas, y confirma además episodios posteriores, como un vertido de aguas residuales sin depurar en 2018.

El fallo y las pruebas que lo sostienen

Según los hechos probados por la Audiencia, la empresa excedió de forma “amplia” la capacidad máxima autorizada para el tratamiento de residuos, acumuló materiales en zonas no habilitadas y mantuvo desechos a la intemperie. Esa práctica generó lixiviados y vertidos sin tratamiento que, según el tribunal, provocaron la presencia de contaminantes por encima de los límites legales: cadmio, nitratos, hidrocarburos, plomo y zinc, entre otros. La sentencia describe la acumulación de residuos como una conducta “consciente, premeditada y prolongada en el tiempo”.

El apartado sancionador recoge la conformidad del administrador de la empresa, que aceptó una pena de 18 meses de prisión, junto con multa e inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con la gestión de residuos durante ese mismo periodo. En paralelo, la propia mercantil fue condenada a una sanción económica. Al haber sido aceptada por todas las partes, la resolución es firme y no cabe recurso, lo que cierra la vía penal pero abre la cuestión de la reparación ambiental.

Respaldo vecinal y crítica a la supervisión

Para la Federación de Asociacións do Rural de Santiago (FERUSA) y la Plataforma de Afectados por el vertedero de Miramontes, la sentencia supone el reconocimiento judicial a años de reclamaciones. El portavoz de la plataforma, Santiago López, ha expresado alivio por el fallo y dureza contra la supervisión administrativa durante la etapa en la que se desarrollaron los hechos.

“Confirma lo que nosotros sospechábamos desde un principio: las inspecciones no eran reales. La Xunta decía que todo estaba bien, que era una empresa ejemplar, y sin embargo aquí tenemos lixiviados, olores y aguas afectadas”, explicó López.

El representante vecinal denunció que, durante años, las alertas ciudadanas sobre olores persistentes y descargas se encontraron con una valoración oficial positiva de la actividad. En su lectura, la sentencia es también una enmienda a la labor de control institucional: si las inspecciones hubieran sido rigurosas, los daños podrían haberse evitado o reducido.

En la comarca, el caso de Miramontes no es percibido de forma aislada. Galicia arrastra una histórica tensión entre actividad industrial y protección del territorio, y los vertederos irregulares han sido fuente de conflicto social y político en distintas localidades. La constatación judicial de contaminación añade un nuevo capítulo que obligará a repensar protocolos de supervisión y sanción.

¿Quién paga la limpieza y la restauración?

Pese a la condena penal, las entidades vecinales insisten en que la situación material sigue sin resolverse. Existe, según recuerdan, una obligación administrativa anterior —reconocida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)— de retirar los residuos depositados en la cantera al no poder considerarse tecnosuelos válidos. Esa restauración, sin embargo, continúa pendiente y las plataformas advierten de que la eventual situación concursal de la empresa no puede paralizar la obligación de restablecer el entorno.

FERUSA y la plataforma reclaman a la Xunta de Galicia la puesta en marcha inmediata de un calendario público para la retirada del material, transparencia sobre el estado actual de la cantera y garantías técnicas sobre la restauración. “La defensa del medio ambiente no termina con una condena penal: termina con la restauración real del daño causado”, subrayaron.

En el terreno, la actividad de vertido permanece paralizada —“ahora no entra basura, que sepamos”—, pero los afectados advierten de olores persistentes y episodios que podrían indicar afecciones a cursos de agua próximos. La presencia de contaminantes en el subsuelo y aguas subterráneas, tal y como recoge la resolución, agrava la complejidad técnica y económica del saneamiento.

La pregunta que ahora deben responder las administraciones es doble: primero, asegurar la ejecución de la obligación de retirada, incluso si ello exige activar mecanismos para intervenir frente a una empresa en concurso; segundo, evitar que este caso se repita mediante controles más exigentes y transparencia en las autorizaciones ambientales. La reparación no depende solo de una multa económica ni de una pena privativa de libertad, sino de un plan de actuación claro y con financiación garantizada.

En la esfera política local, la sentencia puede convertirse en un argumento de peso para exigir cambios en los protocolos de inspección y en los criterios de concesión de autorizaciones a instalaciones de tratamiento de residuos. Para los vecinos de Grixoa, el logro es judicial pero la demanda es práctica: quieren ver maquinaria trabajando en la cantera, retirar los residuos y que se restablezca la normalidad ambiental y sanitaria en su contorno.

Queda, asimismo, la lección para la administración: una valoración oficial positiva de una actividad no puede sustituir la verificación independiente y continuada. La resolución de la Audiencia cierra una vía y abre otra, más larga y costosa, que es la de la restauración efectiva del paisaje y de las aguas. La comunidad local espera ahora que esa segunda parte del proceso no acumule tantos años de espera como la primera.