Toni González, alcalde de Almussafes, ha anunciado el 13 de marzo de 2026 que impulsa acciones judiciales contra la secretaria general del PSPV, la ministra Diana Morant, por unas afirmaciones que considera injuriosas. González ha presentado en el Juzgado Civil de Gandia una solicitud de acto de conciliación previa a una querella por presuntas injurias graves y calumnias, y exige una reparación económica de 50.000 euros. El regidor sostiene que las declaraciones, que se difundieron en distintos medios, le han causado un grave perjuicio personal y político. La disputa se produce en medio de su expulsión reciente del partido por acusaciones de acoso laboral y sexual.

En el escrito remitido al tribunal, el alcalde relata que Morant le dirigió calificativos y atribuciones de conducta impropia, entre ellas la expresión que él considera más difamatoria, además de sustentar que tales afirmaciones eran conocidas por ella como infundadas. González solicita que en el acto de conciliación la dirigente del PSPV reconozca la falsedad de las imputaciones y proceda a indemnizarle por los daños morales y reputacionales sufridos. Si no hay conformidad, advierte, formalizará la querella por injurias y calumnias ante los tribunales competentes. El procedimiento de conciliación es un paso previo obligatorio en este tipo de reclamaciones civiles.

El conflicto arrastra antecedentes. El regidor fue suspendido cautelarmente de militancia en diciembre pasado tras trascender denuncias por acoso sexual y laboral presentadas en su contra, y semanas después el PSOE decidió su expulsión. La medida interna se adoptó en un contexto de presión mediática y política que, según la dirección provincial y autonómica, recomendaba adoptar medidas cautelares hasta el esclarecimiento de los hechos. González, sin embargo, ha defendido desde el primer momento su inocencia y ha denunciado una campaña destinada a desacreditarle.

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Paralelamente a la disputa interna del partido, la Agència Valenciana Antifrau ha abierto un expediente sancionador que afecta al alcalde y a la empresa municipal donde trabajaba la primera denunciante, quien fue despedida semanas atrás. En su resolución preliminar, el organismo describe lo que denomina un «patrón de represalias continuadas» hacia esa empleada municipal, lo que añade complejidad a la instrucción y a la batalla de narrativas entre las partes. Estos procedimientos administrativos y sancionadores transcurren de forma independiente de las posibles responsabilidades penales o civiles que se reclaman ahora en los juzgados.

Desde la dirección autonómica del PSPV han trasladado a los medios que no responderán a las iniciativas judiciales del alcalde y han señalado que no piensan entrar en una confrontación que, a su juicio, busca únicamente erosionar al partido. Fuentes del entorno de la secretaria general consideran que la denuncia carece de recorrido y que el foco debe centrarse en el trato a la presunta víctima y en la investigación en curso. En Almussafes, la dirección local alega que la expulsión responde, más bien, a un ajuste de cuentas interno por el respaldo público de González al candidato Carlos Fernández Bielsa frente a la actual secretaria general.

En sus comunicados públicos, el alcalde no solo reclama la reparación económica y la rectificación de Morant, sino que también ha anunciado que trabaja en el lanzamiento de una nueva formación política local. Esta estrategia, según analistas consultados, busca capitalizar el malestar en sectores del municipio y consolidar una plataforma alternativa ante su salida del PSOE. El movimiento, no obstante, enfrenta el desgaste reputacional derivado de las acusaciones y la investigación administrativa abierta.

Jurídicamente, la vía que ha elegido González pasa por agotar la conciliación contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Civil antes de acudir a la vía penal con una querella por injurias y calumnias, delitos que en España pueden implicar responsabilidad civil y, en casos graves, consecuencias penales. El resultado del acto de conciliación marcará el siguiente paso procesal y podría acelerar o frenar la escalada judicial entre ambas partes. En cualquier caso, la causa se enmarca ya en varios frentes que deberán aclararse en distintas instancias.

La disputa añade incertidumbre a la coyuntura política local en Almussafes y prolonga la tensión interna en el PSPV valenciano. A medida que avancen las diligencias administrativas y judiciales, la batalla de narrativas entre el alcalde y la dirección autonómica del partido previsiblemente condicionará la agenda política y electoral en la comarca. Por ahora, ambas partes mantienen posturas enfrentadas y la disputa judicial será el siguiente termómetro de una crisis que todavía no despeja su horizonte.