La Guardia Civil detuvo el pasado 10 de marzo a dos adultos e investiga a un menor, todos con residencia en la provincia de Lleida, como presuntos autores del robo de 5.500 kilos de cable de cobre en A Fonsagrada, en la comarca de A Montaña lucense. Los arrestos se produjeron cuando los sospechosos, que se dirigían presumiblemente de regreso a Cataluña, fueron sorprendidos con el material en vehículos que acababan de cargar. La actuación se enmarca en el protocolo de prevención de sustracciones de cableado tras el aumento de este tipo de delitos. El cobre intervenido tiene un valor estimado de 22.000 euros, según fuentes de la benemérita.

Según el comunicado de la Guardia Civil, los detenidos tienen 59 y 39 años, mientras que el tercero de los implicados, cuya identidad no ha trascendido al ser menor, permanece bajo investigación. A los dos mayores se les imputa, de forma provisional, la presunta pertenencia a un grupo criminal y varios delitos de hurto. Tras la intervención, los arrestados fueron puestos a disposición del juzgado de Becerreá, que instruirá las diligencias. La investigación continúa abierta y no se descarta que se realicen nuevas detenciones.

Los agentes interceptaron a los sospechosos en la trama de carreteras que conecta A Fonsagrada con el resto de la provincia cuando, según la investigación, regresaban a su lugar de residencia con la mercancía. En el operativo se procedió a la incautación de los dos vehículos empleados para el transporte y del cable recuperado, parte del cual fue posteriormente entregado a las empresas afectadas para su reposición o tratamiento. Las pesquisas permitieron también determinar que el material había sido previamente arrancado en distintas localizaciones de la zona.

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Fuentes policiales explicaron que los presuntos ladrones formaban parte de «un grupo criminal asentado» en el noroeste peninsular cuyo modo de operar implica la actuación por fases: unos miembros cortan el tendido, otros acuden con vehículos para cargar el cobre y lo trasladan a su lugar de origen. Estas acciones suelen desarrollarse de madrugada, con estancias breves en la zona para reducir el riesgo de ser detectados. Los implicados utilizarían tanto vehículos propios como turismos de alquiler para dificultar el rastreo.

La sustracción de cable en Galicia y en el resto de España ha experimentado un repunte en los últimos años impulsado por el aumento del precio del cobre en los mercados internacionales y por la transición de las compañías telefónicas hacia la fibra óptica, que deja al descubierto tramos del tendido tradicional. El metal, conocido como «oro rojo», llega a rondar precios elevados que convierten cada hilo de cobre en un objetivo apreciado por las organizaciones que lo reciclan de forma ilegal. Esta dinámica obligó a reforzar los dispositivos de vigilancia en puntos críticos de infraestructuras y polígonos industriales.

En el caso de A Fonsagrada, la Guardia Civil destacó la colaboración con las empresas afectadas y la rapidez en la puesta a disposición del material recuperado para minimizar el perjuicio económico y facilitar la reparación de los servicios dañados. El valor económico de lo intervenido se calculó en torno a veintidós mil euros, aunque la cifra final puede variar en función del tratamiento y la recuperación del metal. Los responsables policiales subrayaron además la importancia de mantener líneas de comunicación con empresas y ayuntamientos para detectar cortes o sustracciones de forma precoz.

El hallazgo forma parte de varias operaciones recientes contra el robo de cableado en Lugo y provincias limítrofes, en las que se han intervenido cantidades similares de material y, en ocasiones, vehículos industriales utilizados para su transporte. En semanas anteriores se ha informado de otros incidentes en la comarca, incluida la aparición de un camión con gran cantidad de cable sustraído en una nave de A Louzaneta. Las actuaciones judiciales pretenden aclarar si existe una red coordinada que actúa en distintos puntos del noroeste.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y trabaja ahora en la identificación de los otros miembros del grupo que, según las pesquisas, serían los encargados de cortar y ocultar los tendidos antes de que los «transportistas» se encarguen de su retirada. Mientras tanto, las empresas proveedoras de servicios y los ayuntamientos continúan adoptando medidas preventivas para proteger infraestructuras críticas y reducir el impacto de estos robos en las zonas rurales, donde los cortes de suministro y la pérdida de cableado suponen costes e inconvenientes para vecinos y administraciones.