Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha solicitado al Tribunal Supremo que le permita declarar por escrito como testigo en el juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. La petición, registrada ante la Sala de lo Penal y recogida por agencias, argumenta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la exención de comparecencia presencial para los presidentes autonómicos y los miembros del Gobierno. Torres pide además que se le remita el pliego de preguntas para poder contestarlas por escrito «en la forma legalmente prevista». El juicio está convocado en el Supremo y entre los testigos citados figura también la fecha del 22 de abril para las declaraciones de algunos comparecientes.

En su escrito dirigido a la Sala, el ministro recuerda que presidió la Comunidad Autónoma de Canarias entre 2019 y 2023, periodo sobre el que, según su exposición, versan los hechos investigados en la causa. La solicitud se apoya en el argumento de que, por razón de su cargo en aquel momento, pudo tener conocimiento de antecedentes relacionados con la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Torres subraya que la norma procesal establece un trato singular para quienes han ocupado la presidencia de una comunidad autónoma y para los miembros del Gobierno, y pide que esa protección se aplique en su caso.

La petición incluye la demanda expresa de que el Tribunal remita el «oportuno pliego de preguntas», que, según anticipa el propio ministro, será contestado por escrito y remitido conforme a los trámites legales. Se trata de un procedimiento que, en la práctica, evita la comparecencia física y el interrogatorio público en sala, sustituyéndolo por respuestas formales por escrito que pasan a formar parte del sumario. Corresponderá ahora a la Sala de lo Penal valorar si admite esa forma de testimonio o si, por el contrario, exige la presencia del testigo en la vista pública.

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La causa, que investiga la presunta comisión de irregularidades en la adquisición de mascarillas en plena emergencia sanitaria, mantiene a varios ex altos cargos como imputados y ha convocado a distintos testigos relacionados con la gestión y contratación de material. El papel de exministros y asesores en este proceso ha puesto sobre la mesa no solo cuestiones de fondo sobre la compra, sino también debates procesales sobre la forma en que deben prestarse las declaraciones. Abogados y fiscales suelen presentar argumentos contrapuestos en estos supuestos, por lo que la decisión del tribunal tendrá impacto en la tramitación del caso.

La comparecencia prevista para el 22 de abril suma otra figura relevante: la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern balear, Francina Armengol, también ha sido citada como testigo, con lo que esa jornada podría concentrar declaraciones de primera fila. El hecho de que ambos sean exmandatarios autonómicos y que ahora uno sea miembro del Gobierno central ha puesto el foco mediático en los derechos procesales de quienes han ocupado altos cargos. Fuentes jurídicas consultadas por los medios insisten en que el Supremo debe equilibrar el respeto a esas prerrogativas con la necesidad de transparencia en un proceso por presunta corrupción administrativa.

Torres ocupa actualmente la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática, un papel que le sitúa en el núcleo del Ejecutivo y que añade complejidad a su petición, dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal también contempla determinadas garantías para los miembros del Gobierno en funciones. Su petición llega en plena instrucción y antes de las vistas orales, lo que permitirá a la Sala resolver la cuestión de forma preventiva y establecer si las respuestas escritas satisfacen las necesidades probatorias de las partes. En ocasiones anteriores, tribunales han aceptado o denegado este tipo de peticiones según la relevancia del testimonio y la posibilidad de sustituir la actuación presencial.

El Tribunal Supremo, responsable de enjuiciar a aforados por su condición, deberá resolver ahora sobre el formato del testimonio y sobre si admite el pliego de preguntas propuesto por Torres. La decisión marcará no solo el desarrollo de esta causa concreta, sino también criterios prácticos sobre cómo se abordan las declaraciones de ex representantes autonómicos y ministros en procedimientos vinculados a la gestión de la pandemia. Mientras tanto, las partes procesales y la opinión pública seguirán de cerca la resolución, por su capacidad de influir en el calendario del juicio y en la percepción de la transparencia del proceso.