O’Mega, el principal sindicato médico que llevaba en pie de guerra desde el 2 de marzo, y la Xunta alcanzaron un pacto que ha permitido desconvocar la huelga indefinida en Atención Primaria en Galicia. El acuerdo, negociado con la intermediación del Sergas, recoge medidas asistenciales, organizativas y retributivas, con plazos concretos de implantación entre junio y octubre de 2026 y medidas específicas sobre los Puntos de Atención Continuada (PAC) antes de junio.
Detalles del acuerdo: qué cambia en la consulta y en los PAC
En el corazón del pacto figura la limitación de la agenda ordinaria a 30 actos asistenciales diarios para médicos de familia, pediatras y odontólogos. Esa cifra pretende ser la palanca para avanzar hacia consultas más largas y menos burocratizadas. El sindicato ha fijado como objetivo que esa reorganización permita consultas de 10 minutos por paciente, una demanda sostenida desde hace años por los facultativos de primaria.
«La herramienta esencial para rebajar la sobrecarga asistencial y recuperar tiempo clínico», según la definición aportada por representantes sindicales en los contactos previos.
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No obstante, el acuerdo asume la realidad: la sobredemanda no desaparece. Para los casos que excedan el tope de 30 pacientes se establecerán mecanismos de contingencia y agendas de sobredemanda, que se cubrirán mediante actividad extraordinaria fuera de la jornada ordinaria. Es decir, se habilita una vía para absorber los picos asistenciales, aunque con la reserva de que esa solución puede implicar trabajo adicional remunerado.
Otra pieza sensible es la revisión de los PAC: la Consellería se comprometió a fijar antes de junio nuevos criterios de cómputo de jornada con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Además, el pacto abre la posibilidad de revisar anualmente los planes funcionales de los PAC para evaluar refuerzos de plantilla, con una cláusula que contempla incremento de efectivos cuando la presión asistencial supere el 30%, si bien la Xunta sitúa esa revisión anual a partir de 2027 y condicionada a recursos disponibles.
Antecedentes y el mapa sanitario gallego
La movilización comenzada el 2 de marzo no surge de la nada. Galicia ha sufrido durante la última década una doble presión: envejecimiento poblacional y dificultades para consolidar plantillas estables en zonas rurales. En municipios de la provincia de Pontevedra y de Lugo, los PAC han sido especialmente tensionados durante los fines de semana y festivos. A falta de confirmación oficial sobre la distribución exacta de las medidas, en ciudades como Vigo ya se han vivido episodios de saturación que, simbólicamente, han alimentado el conflicto.
La reconversión progresiva de plazas de facultativo especialista de Atención Primaria a plazas de médico de familia, ya iniciada por la administración, se consolida ahora en el acuerdo. Asimismo, se reconoce la vía MIR como única forma de especialización médica en este ámbito, y se refuerza el papel del médico de familia como referente del sistema. Son transformaciones que apuntan a un modelo más centrado en la continuidad asistencial, pero que requieren más profesionales para materializarse.
En paralelo a las medidas organizativas aparecen compromisos retributivos: la Xunta acepta reducir progresivamente el umbral de horas necesarias para percibir la jornada complementaria especial desde las actuales 160 horas a 140 en este 2026, 130 en 2027 y 122 desde el 1 de enero de 2028. También se ha pactado desarrollar un marco de voluntariedad incentivada para las guardias en Atención Primaria y PAC en el segundo trimestre de 2026, asociado a la creación de nuevas plazas y a criterios de mayor equidad retributiva.
Repercusiones y próximos pasos: entre la prudencia y la exigencia
La desconvocatoria de la huelga no cierra el conflicto; lo traslada al terreno del cumplimiento. El pacto incorpora reuniones trimestrales de seguimiento para verificar que lo firmado se traduce en cambios palpables. En la práctica, ese seguimiento será la ficha de evaluación: sin indicadores claros y sin incrementos de plantilla, los 30 actos diarios y las consultas de 10 minutos pueden quedarse en buenas intenciones.
Desde la óptica práctica, la implantación progresiva entre el 15 de junio y el 30 de octubre de 2026 dará un margen para adaptar agendas, equipos y circuitos asistenciales. Pero el calendario choca con la necesidad urgente de personal en muchos centros. El sindicato ha pedido más contrataciones y estabilidad para evitar que la cobertura de la sobredemanda dependa sistemáticamente de jornadas extraordinarias.
Por otra parte, la retroactividad en el cómputo de jornada para los PAC plantea un desafío administrativo y económico: habrá que concretar cómo se compensará a quienes hayan prestado servicios bajo criterios diferentes durante los primeros meses de 2026. Es una cuestión que podría reabrir frentes si la regularización no se gestiona con transparencia y celeridad.
En términos políticos, el relato no es homogéneo. Mientras el sindicato presenta el pacto como un avance que marca un punto de inflexión, la administración lo describe como una respuesta equilibrada que combina organización y recursos. Esa doble lectura era previsible; lo novedoso es que ambos han aceptado someter la puesta en marcha a revisiones trimestrales, lo que crea un marco formal para la rendición de cuentas.
Si la experiencia reciente sirve de guía, habrá que vigilar dos asuntos concretos: la creación efectiva de nuevas plazas y la distribución de incentivos para guardias voluntarias. Sin una política de recursos humanos decidida, la limitación de agendas y la promesa de consultas de 10 minutos quedarán cojas. Galicia necesita un refuerzo estructural, no solo medidas de encaje temporal.
La firma del acuerdo deja, por ahora, la paz en los centros de salud, pero la paciente sanidad gallega exige más que compromisos: necesita ejecución. La pelota queda en el tejado de la Xunta y del Sergas, y el próximo trimestre será clave para saber si el pacto se convierte en mejora tangible o en un alivio temporal hasta la siguiente crisis.
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