Un hombre investigado por dos robos en establecimientos de Foz podría ser condenado hasta a cuatro años de cárcel si el Juzgado de lo Penal de Lugo acepta la petición de la Fiscalía en la audiencia preliminar prevista para este jueves. Los hechos, según el ministerio público, se cometieron en la madrugada del 2 de junio de 2023 y dos días después, cuando los locales estaban cerrados al público. En ambos asaltos el presunto autor fracturó elementos de los locales para abrir las cajas registradoras y sustraer el efectivo. La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de robo con fuerza en las cosas y reclama, además, la reparación del daño económico causado.

En la primera de las entradas, el investigado accedió al interior de un bar de la villa focense hacia las cuatro y cuarto de la madrugada usando la tapa de una alcantarilla para romper una ventana del local. Una vez dentro maniobró sobre la caja registradora hasta lograr su apertura y apoderarse de 450 euros, añade el escrito fiscal. Los daños materiales causados en esa intervención ascienden, según la peritación, a 240 euros, importe que la aseguradora del propietario abonó al cliente y ahora reclama al presunto autor.

Dos noches después, alrededor de las cuatro y media de la madrugada, el mismo investigado volvió a entrar en otro bar de la misma localidad cuando el establecimiento permanecía cerrado. En esa segunda ocasión fracturó la puerta lateral corredera, se llevó la caja registradora y, tras sustraer 350 euros, abandonó el dispositivo a unos cien metros del lugar, según consta en la instrucción. Los daños materiales en este segundo local fueron valorados en 290,40 euros, cantidad que la aseguradora satisfizo al titular del negocio, aunque no indemnizó la pérdida del efectivo.

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La Fiscalía solicita que, además de la condena penal, el acusado indemnice a las partes civiles por las cantidades que se le reclaman. En el escrito de acusación pide la devolución a la aseguradora de la suma global abonada al primer perjudicado, que asciende a 690 euros —la suma del efectivo sustraído y los desperfectos—. Para el segundo establecimiento, la reclamación civil se limita a la cuantía del dinero sustraído y a los intereses legales correspondientes.

El ministerio público describe las dos actuaciones como un mismo plan delictivo ejecutado en días consecutivos y por ello califica la conducta como delito continuado, opción que eleva las penas solicitadas. Si el juez admite la acusación y se ratifica la continuidad del delito en el juicio oral, la pena solicitada por la Fiscalía podría llegar a los cuatro años de prisión, además de las responsabilidades civiles por las cantidades reclamadas.

Fuentes judiciales consultadas por este diario señalan que en la causa figuran diligencias de investigación encaminadas a acreditar la autoría y la posible participación del encausado en ambos robos, aunque en el sumario no consta por ahora la identidad pública del imputado. La investigación recoge los testimonios, los informes periciales sobre los daños materiales y la relación con las pólizas de seguro que han asumido las reparaciones.

Los casos de robos en locales comerciales durante la madrugada han generado preocupación entre los hosteleros de A Mariña, que apuntan al daño económico y la sensación de inseguridad que generan estos episodios. Los responsables de varios establecimientos trasladan a los tribunales las reclamaciones por los desperfectos y las pérdidas de efectivo, y confían en que la vía penal y civil permita recuperar parte de lo sustraído y sancionar a los responsables.

La audiencia preliminar fijada para este jueves será la primera fase procesal en la que la defensa y la Fiscalía debatirán la calificación y las pruebas que deben elevarse a juicio. De prosperar la acusación tal y como la plantea el ministerio público, el procedimiento avanzará hasta la vista oral en la que se decidirá la posible imposición de la pena y las indemnizaciones reclamadas por las aseguradoras y los titulares de los bares.