Unas cien personas se concentraron este sábado al mediodía en la Praza das Conchiñas, en A Coruña, para exigir más vivienda social y denunciar la especulación inmobiliaria que, según los convocantes, está expulsando a vecinos de varios barrios de la ciudad. La protesta, convocada por la Plataforma polo Dereito ás Persoas, buscó visibilizar la presión del mercado sobre familias con pocos recursos y reclamar medidas públicas que garanticen el derecho a la vivienda. Los asistentes corearon consignas contra la especulación y pidieron la intervención del Ayuntamiento y la Xunta para frenar desalojos y la transformación de pisos en alojamientos turísticos. La concentración transcurrió de forma pacífica y se extendió durante la hora central del día.
Los manifestantes, en torno al centenar según la organización, lanzaron lemas traducidos al castellano como “más vivienda social, no a la especulación”, “fuera rentistas de nuestros barrios” y “su codicia es nuestra miseria”, que reflejaron el malestar por la proliferación de grandes propietarios y pisos turísticos. La protesta reunió a vecinos afectados, asociaciones y activistas que denunciaron la pérdida de tejido comunitario y el encarecimiento de los alquileres en zonas tradicionales de la ciudad. Entre las demandas figuró la creación de un parque público de vivienda y políticas de control sobre los alquileres y las viviendas de uso turístico.
En la protesta intervino Mónica, que explicó la situación de Monte Mero, una zona verde habitada por alrededor de doscientas familias que, según su relato, podrían verse obligadas a abandonar sus casas ante un proceso de expropiación con la previsión de construir cerca de 4.000 nuevas viviendas en esa área. Mónica aseguró que a los propietarios se les ofrece una compensación simbólica que no permite la realojación: por su cuenta comparativa, señaló el desajuste entre lo que se ofrece y lo que cuesta adquirir suelo o volver a edificar. La portavoz advirtió de que las familias afrontan una situación “muy complicada y desesperada” y alertó de que, de no mediar soluciones, tendrán que dejar sus hogares en diciembre de 2026.
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Conoce más →Otro de los focos de la protesta fue el barrio del Agra do Orzán, uno de los más afectados por la presión inmobiliaria en la ciudad. Miguel Lamelo rememoró los orígenes obreros del barrio, fundado por marineros, y lamentó cómo la llegada masiva de apartamentos turísticos y grandes tenedores está transformando el paisaje urbano y social. Lamelo denunció que se han producido desalojos de personas vulnerables para convertir pisos en alojamientos turísticos y calificó esa práctica de “inadmisible”, subrayando el impacto sobre familias de bajos ingresos y sobre el comercio de proximidad.
El testimonio de Emilio, vecino del Agra do Orzán, ilustró con un caso concreto la dinámica denunciada por los manifestantes. Relató que el propietario de su edificio, con varios inmuebles en A Coruña y su área metropolitana, decidió vender para afrontar las reformas que exige la normativa de eficiencia energética de la Unión Europea. Algunos inquilinos recibieron el aviso directamente y otros cuando la propiedad ya estaba en manos de una empresa inmobiliaria que exigió el desalojo. Hasta entonces, los pisos se alquilaban a precios asequibles —en torno a los 380 euros al mes— y, en el inmueble de Emilio, cinco familias perderán su vivienda.
Los organizadores subrayaron que la movilización reclama soluciones inmediatas y medidas estructurales: más vivienda pública, límites a la especulación y controles a las plataformas de alquiler turístico. También pidieron transparencia en los procesos de venta y en las condiciones de expropiación, y reclamaron planes de realojo dignos para las familias afectadas. Los convocantes anunciaron que continuarán con movilizaciones y acciones de presión hasta lograr compromisos efectivos por parte de las administraciones competentes.
La protesta de As Conchiñas se suma a otras movilizaciones en Galicia y en el resto de España ante la crisis de acceso a la vivienda, marcada por el aumento de la demanda turística, la concentración de la propiedad y la subida de los costes de la construcción. En A Coruña, vecinos y colectivos sociales llevan meses denunciando la pérdida de oferta asequible y la transformación de barrios tradicionales, y reclaman una respuesta coordinada entre Ayuntamiento y Xunta que incluya inversión en rehabilitación social y protecciones legales para inquilinos vulnerables.
Al finalizar el acto, las voces de los participantes reclamaron un calendario de medidas concretas y advirtieron de que, si no llegan soluciones, intensificarán las protestas. La Plataforma polo Dereito ás Persoas aseguró que seguirá visibilizando los casos particulares como el de Monte Mero y el del Agra do Orzán para presionar por políticas que prioricen el derecho a la vivienda frente al interés especulativo.
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