Un grupo de adolescentes atacó a una niña de 13 años el pasado 6 de marzo en la Plaza de Barcelos de Pontevedra, según la denuncia presentada por la familia. La agresión se produjo tras una discusión que, al parecer, tenía su origen en un conflicto sentimental y terminó con la víctima en el suelo, recibiendo puñetazos, patadas y tirones de pelo mientras varios jóvenes grababan la escena. Los vídeos se difundieron después en redes sociales y han sido clave para que la Policía Nacional identifique a los presuntos implicados. La menor recibió atención médica por hematomas, contusiones y pérdida de mechones de cabello, y la investigación permanece abierta.

Según el relato aportado por la familia a las autoridades, la joven se encontraba en las pistas deportivas de la plaza acompañada por su prima cuando otra chica la increpó por supuestamente haber besado al exnovio de una amiga. La discusión escaló hasta un forcejeo que atrajo a más adolescentes, varios de ellos con edades entre los 12 y 14 años, que se sumaron a la agresión física. En un momento de la pelea, una de las agresoras arrancó mechones de cabello a la víctima; la madre denunció además que uno de esos mechones fue mostrado después por una de las jóvenes «como un trofeo».

La Policía Nacional incorporó el parte médico al expediente de denuncia y, a lo largo de las últimas horas, ha tomado declaración a varios de los menores que aparecen en las grabaciones. Fuentes policiales señalan que las imágenes difundidas en redes han facilitado la identificación de participantes y testigos, aunque los agentes siguen recabando pruebas para delimitar la participación de cada joven. Al tratarse de menores de edad, las diligencias instruidas se remitirán a la Fiscalía de Menores, que decidirá las medidas y responsabilidades jurídicas que correspondan.

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La víctima fue atendida en un centro hospitalario donde se constataron contusiones y la pérdida de mechones de cabello en distintas zonas de la cabeza, hechos que figuran en el parte médico entregado a las fuerzas de seguridad. La familia, además de presentar la denuncia, ha mostrado su preocupación por la difusión de los vídeos en internet y por el impacto psicológico que la agresión y la viralización del ataque pueden causar en la menor. Fuentes del entorno relatan que la niña continúa afectada y que se han puesto en marcha medidas de apoyo y acompañamiento a la espera de la evolución del procedimiento judicial.

Especialistas en protección a la infancia consultados por este periódico recuerdan que la exhibición de agresiones de menores en redes sociales agrava el daño y puede constituir, además, indicio de delitos relacionados con la privacidad y la difusión de imágenes sin consentimiento. Las investigaciones penales y los servicios sociales evalúan no solo la responsabilidad individual de los agresores, sino también el contexto familiar y educativo que pueda haber facilitado la conducta. En este tipo de casos, la Fiscalía de Menores suele estudiar la aplicación de medidas socioeducativas, la obligación de reparación del daño y, en supuestos graves, internamientos o medidas de tutela, siempre en función de las circunstancias concretas.

La difusión de las imágenes en plataformas digitales ha encendido el debate sobre la facilidad para compartir contenido violento y la dificultad de su retirada inmediata, lo que incrementa la repercusión sobre la víctima y su entorno. En Pontevedra, los agentes tratan de localizar a todos los jóvenes que participaron o presenciaron los hechos para recabar testimonios y garantizar la cadena de custodia de los archivos audiovisuales. El uso de los teléfonos móviles por parte de testigos que graban situaciones de violencia plantea, según expertos, un desafío adicional a la hora de proteger a menores víctimas y evitar la revictimización.

Este caso se suma a otros episodios recientes en la comarca que han llevado a las autoridades locales y educativas a intensificar programas de prevención en los centros escolares y en espacios de ocio juvenil. Fuentes municipales consultadas indican que se reforzará la coordinación entre escuelas, familias y servicios sociales para detectar conductas de riesgo y ofrecer respuestas tempranas. Al mismo tiempo, organizaciones dedicadas a la protección de menores reclaman campañas informativas sobre el uso responsable de las redes y medidas de acompañamiento para los jóvenes implicados en conflictos que puedan derivar en violencia.

La investigación abierta en Pontevedra continúa centrada en definir con precisión la participación de cada uno de los menores y en determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, siempre teniendo en cuenta la normativa de protección de la infancia. La Fiscalía de Menores será la encargada de evaluar las diligencias remitidas por la Policía Nacional y de proponer, si procede, actuaciones encaminadas a la reparación del daño y la prevención de nuevos episodios. Mientras tanto, la familia de la menor agredida pide que se actúe con rapidez y que se proteja la identidad y la recuperación emocional de la víctima.