Galicia pagó un peaje mayor del que se reconoció en un primer momento tras el gran apagón que dejó sin suministro a buena parte de la península el 28 de abril del año pasado. Un informe europeo, al que ha tenido acceso este diario, señala retrasos de horas en la recuperación del servicio vinculados tanto a fallos en las comunicaciones como a deficiencias en la ejecución del plan de reposición, y sitúa a varias comarcas gallegas entre las más afectadas.

Qué falló y cómo se alargó la emergencia

El documento detalla una concatenación de problemas: la caída de líneas de transporte de alta tensión, incidencias en centros de conmutación y, sobre todo, fallos en la cadena de comunicaciones entre operadores, compañías distribuidoras y servicios de emergencia. En zonas con cobertura móvil irregular, la localización de averías y la coordinación de cuadrillas se hicieron a salto de línea, con técnicos desplazándose a pie o en vehículos off‑road para confirmar el estado de las torretas.

Imágenes de torretas en municipios como Castro de Rei se convirtieron en un símbolo de la fragilidad de la red, pero el informe subraya que la dimensión del problema fue más amplia: los protocolos de aislamiento y reconexión no se activaron con la rapidez prevista en varios nodos críticos, lo que obligó a improvisaciones que prolongaron los cortes. Según testimonios recogidos, brigadas municipales y voluntarios tuvieron que asumir tareas de apoyo logístico ante la ausencia de comunicación estable con los centros de control.

Fuentes cercanas a equipos técnicos relatan que en puntos del interior y en zonas costeras —donde la actividad pesquera y las conserveras dependen de suministro constante— los retrasos fueron especialmente sensibles. «Esa noche hubo pescaderías cerradas, sistemas de frío sin energía y familias que permanecieron horas sin calefacción eléctrica», explican esas fuentes, que piden aún más análisis para cuantificar el impacto económico real en sectores como la pesca y la industria agroalimentaria.

«Se produjeron retrasos de horas en recuperar el servicio en zonas aisladas, vinculados tanto a fallos en la cadena de comunicaciones como a una ejecución parcial del plan de contingencia.»

Antecedentes y la singularidad del territorio gallego

Galicia no es un territorio homogéneo: su orografía, la dispersión de población y la concentración de infraestructuras portuarias obligan a planes de contingencia distintos a los de otros territorios más densos. No es la primera vez que cortes localizados evidencian debilidades; sin embargo, el informe europeo plantea que esta vez la combinación entre incidencia técnica y falta de sincronía en las comunicaciones convirtió un fallo puntual en una crisis de mayor alcance.

El reparto de responsabilidades entre operador del sistema, distribuidoras y administraciones autonómica y municipales aparece como un factor que entorpeció las decisiones en tiempo real. La recomendación de los expertos incluye la implantación de canales de comunicación redundantes, la priorización del acceso a redes privadas para equipos de emergencia y el despliegue de microredes con almacenamiento en puntos estratégicos.

Especialistas en redes y energía recuerdan que la modernización de la red no se limita a la sustitución de cableado: exige también inversión en inteligencia de red y en sistemas SCADA interoperables que permitan visualizar y actuar sobre la red desde diferentes centros coordinados. En Galicia, las propuestas técnicas que ya se debaten incluyen microgeneración en zonas costeras, almacenamiento en baterías y protocolos de desconexión selectiva que protejan servicios esenciales.

Reacciones políticas y pasos a seguir

La publicación del informe ha reavivado la polémica política. La Xunta de Galicia ha solicitado explicaciones y una reunión con el operador y el Ministerio para revisar las conclusiones técnicas. Mientras tanto, la oposición ha instado a crear una comisión de investigación que aclare por qué no se aplicaron con eficacia los protocolos previstos y qué mejoras son urgentes para evitar la repetición de episodios similares.

A nivel estatal y europeo, el informe acompaña al debate sobre la resiliencia de las redes eléctricas y la necesidad de priorizar inversiones que combinen refuerzo físico y digitalización. El Ejecutivo central ya movilizó medidas legislativas y económicas en otros frentes —entre ellas un plan de ayudas por 5.000 millones para contener los efectos de la crisis energética—, pero en Galicia la discusión se focaliza ahora en asegurar la conectividad de emergencias y la autonomía operativa en puntos aislados.

Las empresas eléctricas implicadas han anunciado auditorías internas y la implantación de mejoras en sus sistemas de comunicaciones. Reguladores europeos recomiendan además simulacros obligatorios y la creación de equipos móviles con capacidad de restablecimiento rápido y autonomía energética, algo que en zonas rurales gallegas puede marcar la diferencia entre horas y días sin suministro.

En la sociedad, el recuerdo de la noche del 28 de abril sigue presente. Vecinos de comarcas como A Terra Chá o del litoral de A Coruña relatan escenas de solidaridad: centros sociales abrieron sus puertas, ayuntamientos coordinaban albergues temporales y asociaciones locales facilitaron generadores en hospitales comarcales. Esa respuesta ciudadana puso el foco en la necesidad de articular sistemas más fiables, no solo para evitar pérdidas económicas, sino para garantizar servicios básicos.

El informe europeo no deja un único culpable, pero sí un deber de transparencia y acción. Para Galicia la lección es doble: modernizar la infraestructura física y reforzar la cadena de mando y comunicación entre actores públicos y privados. A falta de una resolución final, la región exige ahora auditorías externas y un calendario claro de actuaciones. Los minutos que se pierdan en coordinar una respuesta, dicen los expertos, se traducen en días de oscuridad para miles de hogares y en un coste tangible para una economía que vive del mar y la tierra.