Sara Martínez Peña, antigua recepcionista y responsable de la cafetería de Funeraria Castellana, ha ratificado ante la Audiencia de Valladolid que, durante su etapa laboral entre 2005 y 2006, conoció la práctica conocida internamente como «reciclaje», por la que los féretros contratados por las familias eran sustituidos por otros de menor calidad antes de su incineración. El testimonio, ofrecido en la segunda jornada del juicio que investiga presuntas irregularidades en el grupo funerario, sitúa la maniobra en el interior de las instalaciones y la justifica por el beneficio económico que implicaba su reventa. La ex empleada explicó que la operación se realizaba justo antes de la cremación, cuando los familiares no podían presenciar el proceso.

Martínez Peña describió que la denominación «reciclaje» no le era inicialmente familiar, pero que la conoció a través de comentarios entre compañeros que, según su relato, mostraban una actitud de complicidad. La mujer aseguró que la práctica generaba incluso sonrisas entre el personal, lo que, en su opinión, evidenciaba que no se trataba de una improvisación sino de una operativa conocida en la plantilla. Su papel en la empresa le permitió observar rutinas y conversaciones que ahora ha reproducido ante el tribunal.

Según la versión de la testigo, las familias contrataban un ataúd de mayor calidad, pero en el momento de la cremación ese féretro era sustituido por otro más económico y el original se guardaba en un garaje para ser posteriormente vendido. La antigua empleada relató que el cambio afectaba asimismo a los arreglos florales, algunos de los cuales se modificaban antes de los servicios para su reutilización. Estas prácticas, explicó, se efectuaban en un margen del procedimiento en que los allegados no asistían a la incineración, lo que facilitaba el engaño.

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La testigo aseguró que contactó con los investigadores en enero de 2019 después de conocer por los medios la denominada Operación Ignis, que ya había desencadenado registros y detenciones vinculadas al grupo funerario. Fue un amigo policía quien, según su testimonio, le aconsejó que trasladase a las autoridades lo que sabía sobre las prácticas internas. En uno de los registros relacionados con aquella operación, las fuerzas de seguridad hallaron y se incautaron de cerca de 1.000.000 euros en el domicilio del propietario del grupo, un hallazgo que aparece en la instrucción del caso.

En la sala, la ex empleada reprodujo la declaración que había formulado ante los investigadores años antes, y citó un ejemplo que le marcó: la existencia de un «arcón enorme» de alta gama cuyo aspecto resaltaba por encima del resto, según comentó al tribunal. Fue interrogada tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones personadas y por una de las defensas, en una sesión en la que su relato sirvió para contextualizar la magnitud y el carácter sistemático de las prácticas denunciadas. Martínez Peña insistió en que no se trató de hechos aislados sino de un procedimiento conocido entre el personal.

El juicio que se celebra en Valladolid se centra en determinar si las conductas en el seno del grupo funerario constituyeron delitos como estafa o apropiación indebida, y si hubo actuación organizada para lucrarse a costa de las familias. Las diligencias abiertas, iniciadas con la Operación Ignis, analizaron registros en varias instalaciones del grupo y llevaron a la detención de varios implicados, según consta en el sumario. Las defensas han venido negando la existencia de una práctica generalizada y prometen rebatir los testimonios durante el proceso.

Los acusados, que suman diversas personas vinculadas a la dirección y a la operativa del grupo, afrontan una carpeta judicial compleja en la que las pruebas documentales, las declaraciones de extrabajadores y las actuaciones policiales serán clave para sustentar la acusación. En la sesión de hoy, la Fiscalía y las partes han profundizado en los detalles de los relatos y en la cronología de los hechos denunciados. El tribunal continuará con la declaración de testigos y peritos en las próximas sesiones para completar la instrucción probatoria.

Más allá del caso concreto, el proceso ha reabierto el debate sobre la transparencia y la regulación del sector funerario y sobre la protección de los derechos de las familias en momentos de duelo. Para muchos afectados, la posibilidad de que se produjesen cambios de ataúdes o reutilización de elementos florales plantea dudas sobre controles y supervisión en un servicio sensible. El juicio en Valladolid se perfila como prueba de fuego para esclarecer responsabilidades y reparar, en su caso, a quienes pudieron ser perjudicados.