María Varela, una mujer gallega de 43 años diagnosticada de cáncer de mama metastásico, registrará este miércoles 11 de marzo de 2026 en el Ministerio de Sanidad las más de 55.000 firmas que ha reunido en la plataforma change.org para reclamar que los programas de cribado comiencen a los 40 años en todo el país. La iniciativa tiene por objetivo unificar la edad de la primera mamografía en las comunidades autónomas para detectar tumores en fases tempranas y aumentar las posibilidades de tratamiento. Acompañarán a Varela tres mujeres también diagnosticadas, de 30, 31 y 46 años, que respaldan la petición.

Varela, natural de Santiago y residente en el municipio de A Baña, recibió el diagnóstico de enfermedad metastásica y sostiene que un cribado más temprano podría haber cambiado su pronóstico. En su petición pública y en sus relatos personales explica que la detección tardía redujo notablemente sus opciones terapéuticas y que esa experiencia la impulsó a recoger adhesiones y testimonios. Según la promotora de la campaña, durante la recogida le han llegado más de 120 relatos de pacientes y familiares que vivieron un diagnóstico antes de los 45 años.

La reclamación apunta a eliminar las diferencias entre comunidades: en algunas autonomías la primera mamografía programada se efectúa a los 50 años, en otras a los 45 y en algunos casos solo se adelanta a los 40 si existen factores de riesgo previos. Varela y su entorno sostienen que el acceso a la detección temprana no puede depender del lugar de residencia y piden que el criterio se homogeneice para garantizar igualdad de oportunidades sanitarias.

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La campaña, impulsada en change.org, ha sumado adhesiones de toda España y recibirá mañana su trámite formal en el Ministerio de Sanidad, donde las promotoras esperan entregar la documentación y exigir una respuesta política. La acción se enmarca en un debate más amplio sobre la revisión de los protocolos de cribado y la incorporación de criterios que reduzcan la edad de invitación a pruebas poblacionales. Representantes de la iniciativa señalaron que buscan abrir una mesa de diálogo con las autoridades sanitarias y las sociedades científicas.

Los testimonios agregados a la petición recogen relatos de mujeres que fueron diagnosticadas con “cuarenta y pico” años, así como casos incluso más jóvenes, y denuncian que en muchas ocasiones la detección dependió de exámenes privados o de la propia insistencia ante los servicios sanitarios. La promotora sostiene que ese patrón revela la necesidad de medidas poblacionales más proactivas y basadas en evidencia para no dejar a nadie fuera del sistema preventivo. Varela ha venido relatando en redes sociales y en medios su experiencia, con la intención de visibilizar la realidad de las pacientes con tumores en edades tempranas.

En Galicia, como en otras comunidades, la regulación y los programas de cribado están sometidos a decisiones autonómicas dentro de un marco estatal, lo que explica la variabilidad actual en la edad de inicio. Desde distintos ámbitos médicos se discute la conveniencia y la eficacia de alterar los umbrales de edad, por lo que las demandas ciudadanas se enfrentan a consideraciones técnicas y presupuestarias. La iniciativa de Varela aspira a acelerar ese debate y a situarlo en la agenda política.

Junto a la entrega de firmas, las promotoras pretenden aportar los testimonios recogidos como evidencia social del impacto que tiene el diagnóstico en edades intermedias. Subrayan que más allá del número de apoyos, lo que buscan es que las historias de las afectadas se traduzcan en medidas concretas: rastreos más tempranos, protocolos homogéneos y mayor información a la población. La movilización incluye además la denuncia de desigualdades territoriales que, según ellas, condicionan el acceso a la prevención.

La petición también pone el foco en las consecuencias personales y familiares del cáncer: Varela ha contado públicamente cómo su hija pequeña le pregunta por su curación y cómo siempre evita dar falsas esperanzas mientras afronta el tratamiento. Esa dimensión humana ha sido uno de los motores para sumar firmas y explicitar el coste emocional de los diagnósticos tardíos. Para las impulsoras, convertir ese clamor individual en una política de salud pública es una cuestión de justicia sanitaria.

La entrega de las más de 55.000 firmas llega en un momento en que las administraciones sanitarias españolas revisan protocolos y priorizan la equidad en el acceso a programas preventivos. La respuesta del Ministerio de Sanidad, a la que la plataforma y las afectadas esperan con interés, marcará el siguiente paso en una iniciativa que busca convertir la presión ciudadana en cambios normativos que adelanten la primera mamografía de la población general. Mientras tanto, la campaña continuará recabando apoyos para mantener la demanda viva.