Una madre gallega lleva al Congreso la revisión penal del exceso de velocidad: «No es rabia, es justicia»

El martes, el salón de plenos del Congreso acogerá el cierre de una lucha que empezó en una curva de la Costa da Morte. Pilar Rosanes, afincada en Barcelona pero con raíces en Galicia, y su marido, Chus, escucharán cómo una propuesta del Gobierno pretende convertir en delito conductas que hoy son solo infracciones. Lo piden por su hijo, Josep, arrollado en la AC-442 en Dumbría en agosto de 2020 cuando tenía 20 años; el conductor fue condenado a dos años de cárcel y no ingresó en prisión por carecer de antecedentes.

El accidente que lo cambió todo

El 9 de agosto de 2020, un turismo que invadió el carril contrario arrolló a Josep cuando viajaba en moto por la AC-442. En la sentencia constó que el vehículo circulaba a más de 126 km/h en una curva limitada a 70 km/h. La imagen del joven tendido en el asfalto —un nombre, una vida, una historia truncada— se convirtió en el punto de partida de una movilización que ahora llega al Congreso.

La reacción de la familia no fue solo personal. Pilar transformó el dolor en visibilidad: denuncias, encuentros con asociaciones de víctimas, presión mediática y campañas públicas. «Si con que solo una persona que conozca la historia de Josep se lo piense dos veces antes de arrancar el motor, habrá valido la pena», repite en sus intervenciones. Según fuentes cercanas a su entorno, acudirán a Madrid con la mezcla de esperanza y miedo que deja la perspectiva de escuchar debates técnicos sobre lo que para ellos fue una pérdida humana irremplazable.

La sensación de humillación que denuncia la familia no es excepcional en Galicia. Los tramos de alto riesgo, como algunos ramales de la AP-9 o carreteras comarcales de la costa, han sido escenario de accidentes con exceso de velocidad en los últimos años. No es la primera vez que víctimas piden mano dura: la percepción de que la legislación penal no encaja con la gravedad de ciertos hechos alimenta una demanda social sostenida.

La reforma que llega al hemiciclo

La iniciativa que se vota pretende rebajar los umbrales que determinan cuándo el exceso de velocidad deja de ser una mera infracción administrativa para convertirse en delito. El PSOE propone reducir de 80 a 70 km/h el umbral en vías interurbanas y de 60 a 50 km/h en urbanas. Bajo ese nuevo marco, circular a 190 km/h en autopistas o autovías —una práctica que en tramos como la AP-9 puede darse con relativa frecuencia— sería delito con consecuencias penales reales.

Para Pilar, la reforma supone un paso, aunque moderado. «Es insuficiente, pero las actuales penas son humillantes para las víctimas», declara. El reproche se centra en la rigidez del Código Penal: o prisión o nada. A diferencia de otros países europeos, donde existe un abanico sancionador —multas importantes, penas accesorias, sistemas de puntos más severos— aquí la sensación de impunidad persiste cuando el condenado no acumula antecedentes y la pena no se ejecuta de forma efectiva.

«No es rabia ni rencor, es justicia», sostiene Pilar antes del debate en la Comisión de Seguridad Vial.

Los juristas consultados por este periódico subrayan que bajar los umbrales facilitaría la labor del Ministerio Fiscal y de los jueces para calificar conductas peligrosas como delitos. Pero advierten también del riesgo opuesto: la criminalización excesiva de conductas que, si bien peligrosas, pueden responder a negligencias no dolosas. La humedad en las carreteras gallegas, el trazado de curvas cerradas y la coexistencia de vehículos agrícolas y turismos hacen que las circunstancias ambientales y temporales sean relevantes a la hora de tipificar.

Repercusiones y próximos pasos

Si la reforma prospera, el sistema judicial verá incrementadas las causas por conducción temeraria o por exceso doloso de velocidad, y los fiscales podrán solicitar penas más acordes con las consecuencias de las conductas. No obstante, especialistas en seguridad vial y jueces reclaman medidas complementarias: revisión de los tramos más peligrosos, campañas educativas continuadas, controles de velocidad con tecnología y, muy importante, un catálogo de sanciones económicas y administrativas intermedias que permitan a los jueces graduar las penas sin tener que elegir entre prisión o la sensación de impunidad.

En Francia e Italia existen instrumentos que combinan sanciones económicas muy altas, retirada de permisos y penas de prisión en los casos más graves. Pilar lo subraya: «Si no se puede añadir la conducción temeraria, es complicado que la pena sea efectiva. La cárcel no ha sido nunca un objetivo, pero nuestro Código Penal ofrece cárcel o nada».

El debate parlamentario también tendrá un componente simbólico. Para muchas familias gallegas, la sesión representa la posibilidad de transformar un dolor local en una norma que evite episodios similares en el futuro. Representantes municipales de zonas como el Barbanza o la Costa da Morte llevan años reclamando actuaciones concretas en la calzada y mejor señalización; la reforma penal no sustituye esas medidas, pero puede modificar las escalas de responsabilidad y la respuesta judicial.

A falta de confirmación oficial sobre enmiendas y apoyos, la votación será un termómetro político: medirá la respuesta de los partidos a una demanda social que trasciende siglas. Más allá del resultado, la presencia de Pilar y Chus en el Congreso es ya en sí misma una imagen potente: la de un matrimonio que lleva la voz de un pueblo pequeño a la cámara donde se escriben las normas nacionales. Si el Parlamento da el paso, será una victoria compartida por quienes llevan años denunciando que un vehículo puede convertirse en un arma y por las aldeas gallegas que exigen carreteras más seguras.

Queda, en definitiva, trabajo por delante. La reforma puede ajustar umbrales y dar herramientas a jueces y fiscales, pero la prevención —mejor trazado, controles, educación vial— seguirá siendo la partida esencial para que no vuelva a repetirse la historia de Josep en una curva cualquiera de la costa gallega.