L. R. D., vecina de O Porriño, y su hija de diez años fueron desahuciadas el martes de la semana pasada después de regresar del trabajo y encontrar una notificación judicial en la puerta y la cerradura cambiada. El desalojo se produjo porque el contrato de alquiler, que figuraba a nombre de su expareja y padre de la menor, dejó de pagarse sin que ella fuera avisada. Desde entonces la mujer y la menor se han visto obligadas a alternar la casa de una madre del colegio con la de la hermana de ésta mientras buscan un alojamiento estable.

La mujer, que prefiere mantener su identidad real por motivos personales, relata que convivía en el piso con su pareja y la niña desde que llegó de Barcelona hace seis años. La separación tuvo lugar en enero de 2024 en un periodo en el que ella estuvo sin empleo; posteriormente consiguió un trabajo a jornada parcial que mantiene en la actualidad. A pesar del acuerdo privado alcanzado con su expareja sobre la custodia, la familia no advirtió de los impagos hasta que el procedimiento judicial llegó al punto de cambiar la cerradura.

Según explica, el convenio entre ambos establecía que la custodia de la menor quedaba a su cargo y que él sería quien abonara la renta mensual, que figuraba a su nombre. Para formalizar ese acuerdo intentó tramitar un convenio regulador con asistencia letrada; el documento fue suscrito por el hombre pero éste nunca acudió a ratificarlo ante el juzgado, alegando repetidas excusas. La falta de ratificación impidió, según la afectada, que existieran garantías judiciales sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas.

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El importe del alquiler ascendía a 425 euros mensuales, una cantidad que la mujer aseguraba no poder asumir sola por las condiciones de su contrato laboral. La sorpresa ante el desahucio fue doble: no solo la pérdida de la vivienda, sino descubrir que el procedimiento se había seguido sin que el juzgado tuviese constancia de la existencia de una menor en el domicilio. La afectada asegura que no recibió notificación previa que le permitiera reaccionar y que se enteró de la fecha del lanzamiento en el trámite judicial posterior.

Tras el desalojo, varios miembros de la comunidad escolar y vecinal se han volcado en la ayuda inmediata: otras madres colaboraron en la recogida de pertenencias y facilitaron estancias temporales para la madre y la niña. La familia busca ahora una solución provisional mientras tramita reclamaciones y valora opciones legales, aunque el tiempo y la precariedad de su empleo dificultan el acceso a una vivienda estable. La mujer relata estar en estado de «shock» y subraya la dificultad de conciliar jornadas de trabajo con la urgencia de encontrar techo para su hija.

El expareja permanecía residiendo en O Porriño tras la ruptura y, según la versión de la afectada, dejó de abonar la renta sin comunicarlo. El procedimiento de desahucio, iniciado a partir del impago, culminó con el lanzamiento práctico que dejó a madre e hija en la calle. El juzgado, por su parte, no habría registrado en su expediente la presencia de una menor, un dato que la víctima asegura que solo conoció tras consultar la situación con los servicios judiciales.

Este caso evidencia la vulnerabilidad de hogares monoparentales y la fragilidad de acuerdos privados sin respaldo procesal cuando afectan a la vivienda familiar. Con un contrato laboral a media jornada, la capacidad de acceso a un alquiler en el mercado sufrirá restricciones añadidas por la escasez de recursos y la urgente necesidad de rehacer la vida. La afectada ha pedido discreción y apoyo para encontrar una solución que proteja a la menor mientras trata de regularizar su situación.

Organizaciones vecinales y agentes sociales consultados por este periódico recuerdan que, junto al apoyo vecinal, existen canales administrativos y servicios sociales municipales que pueden ofrecer asistencia en casos de emergencia habitacional, aunque la respuesta varía según los recursos disponibles. La historia de esta familia en O Porriño suma un nuevo episodio a la creciente lista de situaciones en las que la falta de pago por parte de un titular del contrato acaba por dejar en la calle a quienes dependen de esa vivienda.