Una mortalidad real del 25 % por banda marrón habilitará el reemplazo del pino por eucalipto

El departamento autonómico ultima el procedimiento que aclarará cuándo procede la excepción a la moratoria sobre la especie

La Xunta ha avanzado que publicará en los próximos días el procedimiento administrativo que concretará las dos excepciones previstas en la moratoria que pesa sobre nuevas plantaciones de eucalipto. La medida establece que, cuando en una masa de pino se constate una mortalidad real del 25 % atribuible a la banda marrón, podrá iniciarse el trámite para autorizar su sustitución por eucalipto, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y administrativos que determine la normativa.

La iniciativa persigue dar una respuesta práctica a propietarios que afrontan masas de coníferas con daños severos, y evitar que terrenos con baja viabilidad productiva queden abandonados. Pero la intención declarada por la administración es doble: atender un problema fitosanitario y, a la vez, acotar las posibilidades de uso de la excepción para que no se convierta en una vía de expansión encubierta del eucalipto.

Cómo se acreditará la afección

El procedimiento fijará los criterios técnicos para evaluar la afección por banda marrón y las pruebas que deberán presentar quienes soliciten la excepción. No bastará una mera apreciación visual; serán necesarias valoraciones formales que permitan cuantificar la mortalidad en la masa, identificar el origen de la afección y determinar la pérdida de capacidad productiva. La administración prevé inspecciones y posibles peritajes para validar las solicitudes.

Además, se espera que la tramitación incluya plazos, documentación mínima y controles posteriores a la autorización, con el fin de comprobar que la sustitución se realiza conforme a las condiciones aprobadas. La propuesta busca evitar fraudes y usos oportunistas, estableciendo pasos claros antes de permitir la reconversión del monte.

Impactos económicos y sociales

Para muchas familias y pequeñas sociedades forestales el pino sigue siendo una fuente de ingresos. La llegada de la banda marrón ha afectado la rentabilidad de algunas masas, y la posibilidad de reconvertir parcelas a eucalipto puede suponer una salida económica rápida para la regeneración del terreno. No obstante, el debate social y profesional recoge matices: la sustitución puede facilitar la recuperación productiva, pero también plantea interrogantes sobre la dependencia de un modelo monoprodictivo y sobre la gestión a largo plazo del paisaje rural.

En el plano local, las decisiones tendrán efectos sobre la mano de obra, la industria de la madera y los servicios vinculados al monte. La regulación deberá compatibilizar estas realidades con objetivos ambientales y de prevención de incendios, sin dejar de atender a la necesidad de seguridad jurídica para los titulares de las fincas.

Riesgos ambientales y controles necesarios

Quienes han venido denunciando la expansión del eucalipto advierten que cualquier autorización debe ir acompañada de condicionantes rigurosos: establecimiento de franjas de protección, límites a la extensión por cuenca hidrográfica, y medidas de restauración que fomenten la diversidad. También se reclama que se evalúe el impacto sobre el suelo, la infiltración y la conectividad entre hábitats.

La experiencia muestra que las excepciones, si no van acompañadas de salvaguardias, pueden modificar el mosaico forestal y aumentar la homogeneidad de paisajes sensibles. Por eso el procedimiento administrativo será clave: su diseño determinará si la medida sirve para resolver casos puntuales o si abre una vía de efectos más amplios.

Fiscalización y seguimiento

En la práctica, la eficacia de la norma dependerá de la capacidad de inspección y del seguimiento posterior. La administración deberá coordinar criterios técnicos con las oficinas comarcales y disponer de recursos para verificar in situ las afecciones y supervisar las labores de sustitución. También será relevante la articulación con ayudas públicas y seguros agrarios, para que las intervenciones no generen incentivos perversos.

Las entidades profesionales y las organizaciones conservacionistas están pendientes de la letra pequeña: pedirán transparencia en los informes técnicos y garantías de que las autorizaciones se conceden exclusivamente por razones silvícolas y de riesgo demostrado, evitando que el instrumento se utilice con fines distintos a los declarados.

Qué queda por concretar

La publicación del procedimiento marcará el inicio de su aplicación, pero no cerrará el debate. Habrá que ver cómo se materializan los criterios de medición del 25 %, qué clases de informe serán válidas y cuál será la tramitación administrativa concreta. Asimismo, la implicación de técnicas y técnicos en el terreno y los mecanismos de participación y recurso de terceros serán componentes que influirán en su aceptación social.

En las próximas semanas, los detalles que aparezcan en el texto normativo serán determinantes: definirán si la excepción se convierte en una herramienta técnica para tratar masas seriamente dañadas por la banda marrón o en un resquicio que cambie el rumbo de la ordenación del monte gallego.