Unións Agrarias exigió este martes en Pontevedra la retirada de una propuesta que plantea rebajar hasta 2.000 kilos por hectárea el techo de producción en la Denominación de Origen Rías Baixas, al considerar que supondría trasladar a los viticultores los problemas de stock de unas pocas bodegas. El sindicato lanzó su protesta en el contexto del debate que mantiene el consejo regulador de la denominación y afirmó que la medida castigaría especialmente a la subzona de O Salnés, donde se concentra la mayoría de productores que venden uva. La organización reclama claridad sobre quién impulsa formalmente la iniciativa y solicita que se aporte un informe técnico que la avale antes de cualquier decisión.

La reacción llegó de la mano del secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, y del representante del sindicato en el consejo regulador, Manuel Ángel Dopazo, quienes calificaron la propuesta de injusta y desproporcionada. Ambos participaron en el debate público sobre la posible modificación del límite de rendimientos y coincidieron en que no existen argumentos suficientes que justifiquen castigar a los viticultores por problemas de gestión de stock ajenos a su actividad. Según el sindicato, la iniciativa beneficiaría a un número reducido de bodegas en detrimento del conjunto de la denominación.

Unións Agrarias subraya que no hay fundamentos técnicos, económicos ni de calidad que sostengan el recorte y recuerda que, apenas días atrás, el propio consejo regulador había hecho una valoración positiva de la campaña, con incrementos en ventas y exportaciones. Para el sindicato, resulta contradictorio que, frente a esos datos macro, ahora se plantee reducir rendimientos como si fuera la vía adecuada para resolver desajustes puntuales. García puso en duda la proporcionalidad de una medida que, a su juicio, no atiende a la realidad heterogénea de las diferentes subzonas de la denominación.

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El impacto diferencial es, precisamente, uno de los argumentos centrales de la protesta. Unións Agrarias advierte de que la medida dañaría de forma notable a O Salnés —considerada «el corazón» de Rías Baixas por concentrar la mayor parte de las explotaciones tradicionales y de los viticultores que venden uva—, mientras que otras zonas como O Rosal o la Ribeira do Ulla, con rendimientos medios más bajos, sufrirían menos. Esa asimetría, sostienen, podría agravar la precariedad económica de familias que dependen directamente de la comercialización de la uva.

La organización ofreció cifras orientativas para ilustrar las consecuencias económicas de la propuesta: un viticultor con una hectárea y una cosecha de 12.000 kilos vería reducidos sus ingresos de manera significativa si se aplicara el recorte, dado que los costes de mano de obra, tratamientos y mantenimiento de la viña permanecerían sin cambios. Unións Agrarias estima que la pérdida de ingresos para ese perfil de explotación rondaría los 4.000 euros, una cifra que, según subrayaron, hará inviable para muchos asumir la medida sin perder rentabilidad. Esa proyección sirve para explicar la indignación y el rechazo masivo entre los productores.

El sindicato también alertó sobre efectos colaterales del ajuste: una reducción severa de cupos podría incentivar la salida de uva y vino fuera del amparo de la denominación y alimentar mercados paralelos, con la consiguiente pérdida de control sobre la calidad y la trazabilidad del producto. García planteó que no es razonable obligar a pagar con menores ingresos a quienes ya están trabajando la viña y mantuvo que la uva que cumpla los requisitos de calidad y esté en las parras debe tener cobertura legal para ser comercializada bajo la D.O., frente a lo que calificó como soluciones que penalizan a productores por uva «virtual» o fuera de cupo.

En su intervención, Unións Agrarias exigió al consejo regulador que haga pública la autoría formal de la propuesta y el documento técnico en el que se sustenta antes de cualquier votación, y avisó de que reclamará su retirada si no existe justificación. El sindicato sostiene que la mayor parte del sector de base rechaza la iniciativa y maneja un respaldo entre viticultores cercano al 95% en contra del recorte, un dato que utiliza para reforzar la petición de transparencia y diálogo.

La controversia pone de relieve la tensión entre la necesidad de ordenar mercados y la protección de los ingresos de pequeños y medianos productores dentro de la D.O. Rías Baixas. Unións Agrarias anunció que seguirá presente en los debates del consejo regulador y que trasladará las protestas de los viticultores a las instancias pertinentes, advirtiendo de que cualquier decisión que no atienda a la realidad productiva local puede fracturar la cohesión interna de la denominación y generar problemas de largo recorrido para el sector.