La lacra del alcohol en las carreteras gallegas no da tregua. En 2025 la Jefatura Provincial de A Coruña, que coordina los centros territoriales, registró cerca de 13.700 sanciones por conducir bajo la influencia del alcohol —una media de casi 40 al día— y la Fiscalía Superior contabilizó más de 4.300 procedimientos penales por alcoholemia en 2024. Mientras tanto, el Congreso rechazó esta semana una reforma dirigida a rebajar la tasa y a limitar las aplicaciones que avisan de controles, decisión que ha reactivado la indignación entre autoridades de tráfico y víctimas.

La fotografía de los controles: cifras al alza pese a las campañas

Las cifras muestran una evolución sostenida: las sanciones en Galicia por alcoholemia han crecido un 30% respecto a hace cuatro años. No es sólo un repunte estadístico; detrás hay itinerarios cortados, noches de fiesta y, en la opinión de mandos de Tráfico, una relajación de ciertos hábitos sociales. Los agentes de la Guardia Civil desplegados en autopistas y carreteras convencionales siguen detectando conductores que dan positivo tanto en controles preventivos como en aquellos motivados por incidentes.

En términos absolutos, las patrullas detectaron en 2025 casi 83.400 infracciones graves en Galicia que implican detracción de puntos; de ellas, 13.731 fueron por alcohol. Dos provincias —A Coruña y Pontevedra— concentran casi el 80% de los casos, con más de 5.100 y casi 5.500 sanciones respectivamente. En el ranking autonómico siguen Lugo, con más de 1.700, y Ourense, cerca de 1.400.

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No todas las infracciones acaban en multa: una proporción significativa deriva en procesos penales por superar la tasa fija que tipifica delito. La Fiscalía calcula que uno de cada cuatro conductores interceptados con presencia de alcohol en las carreteras gallegas arrojó tasas de delito, una realidad que invierte la vieja idea de que la sanción es sólo económica. Un portavoz de la DGT consultado señaló que «la tendencia exige respuestas combinadas: más presencia policial, controles focalizados y medidas tecnológicas», y añadió que la negativa parlamentaria a la modificación complica la hoja de ruta.

«Es un paso atrás que el Parlamento no aprobara ajustes que buscaban reducir riesgos y cerrar vías de escape para quienes eluden controles», reconocen fuentes de la Dirección General de Tráfico.

El coste humano: autopsias y tragedias

El dato forense refuerza la urgencia: el Instituto Nacional de Toxicología reveló que en 2024 el 34,4% de los conductores fallecidos en España presentaba alcohol en sangre y el 42,6% de los peatones muertos también dio positivo. En Galicia esas cifras son todavía más duras: más del 40% de los fallecidos en la comunidad presentaban resultados tóxicos positivos y, de quienes circulaban bajo los efectos del alcohol, el 26% superaba la tasa penal.

Las cifras no son números fríos: hablan de curvas en la noche, de carreteras secundarias mal iluminadas y de trayectos cortos que acaban en tragedia. En la Galicia rural, donde la densidad de puntos de control es menor y las carreteras —con curvas cerradas y firmes estrechos— aumentan el riesgo, la combinación de alcohol y conducción suele tener consecuencias más graves. No es la primera vez que las estadísticas recogen una estacionalidad: periodos festivos y fines de semana largos concentran un alto porcentaje de positivos.

Las víctimas —familias que pierden a un miembro en un siniestro— vuelven a apuntar a la política como responsable indirecto: «No pedimos moratorias, pedimos prevención», resume una portavoz de asociaciones de víctimas, que llevaba meses reclamando medidas legislativas que ahora quedan aparcadas. La percepción de impunidad o de mínima probabilidad de ser cazado alimenta, según expertos en prevención, una cierta permisividad social.

Política, prevención y qué cabe esperar

La decisión del Congreso de no aprobar la rebaja de la tasa y de dejar sin efecto la propuesta para sancionar el aviso a los controles por aplicaciones móviles ha abierto una brecha entre los partidos. La alianza parlamentaria que tumbó la reforma —con apoyo de PP, ERC y Vox según el recuento— aleja, por el momento, una intervención normativa que a juicio de la DGT y la Fiscalía podía contribuir a reducir la siniestralidad. Esa fractura política deja sobre la mesa la pregunta de si la respuesta vendrá ahora de más dispositivos en carretera o de campañas educativas más ambiciosas.

Entre las opciones sobre la mesa figuran el aumento de controles selectivos en puntos neurálgicos de ocio nocturno y la implantación, en sectores profesionales y reincidentes, de dispositivos antirrobo de alcohol (alcolocks). También se debate reforzar la coordinación entre ayuntamientos y Guardia Civil para cerrar los itinerarios alternativos que los conductores usan para sortear controles principales; en Galicia, la orografía y la trama de carreteras secundarias facilitan esas maniobras.

Para las asociaciones de víctimas y para parte del cuerpo técnico de Tráfico, la solución no pasa sólo por endurecer penas sino por una estrategia sostenida: educación vial desde la escuela, campañas que no sean sólo puntuales y un refuerzo de los recursos humanos dedicados a la vigilancia. Queda además la vía judicial: los juzgados gallegos ya gestionan miles de causas por alcoholemia y su carga determina, en la práctica, la agilidad para sancionar y rehabilitar a quienes vuelven a conducir bebidos.

El balance que dejan las últimas cifras es claro y incómodo para la opinión pública: las herramientas existen, los datos muestran dónde actúan los problemas y las decisiones políticas marcan el ritmo. En Galicia, donde las distancias cortas entre localidades, las celebraciones populares y las carreteras secundarias componen un mapa familiar, la discusión no es sólo técnica; es una cuestión de prioridades colectivas. A falta de una respuesta legislativa unánime, los próximos meses serán clave para ver si la presión social y las cifras de mortalidad fuerzan medidas concretas o si, por el contrario, la tendencia seguirá subiendo hasta que otra desgracia obligue a actuar.