La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha reclamado al Gobierno medidas urgentes tras el repunte de los precios de los carburantes y la electricidad provocado por la reciente tensión en Oriente Medio, que según la organización está dañando la viabilidad de miles de autónomos en toda España, incluidos transportistas, repartidores y agricultores. La protesta de la patronal de autónomos se hizo pública el 10 de marzo de 2026 desde Santiago, donde alertaron de que las subidas no se corresponden con los costes reales y suponen un aumento de desembolso diario para pequeños negocios. UPTA sostiene que, mientras la crisis internacional influye en los mercados, las prácticas de las grandes compañías energéticas agravan el impacto sobre los profesionales independientes. Por ello, exige supervisión, transparencia y alivios fiscales para evitar que el ajuste lo paguen los autónomos.

La organización subraya que parte del combustible que se vende en las estaciones fue adquirido antes del agravamiento del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero aun así los precios en surtidor han experimentado incrementos que en algunos casos superan el umbral del 20%. En su denuncia, UPTA indica que este encarecimiento repercute de manera directa en quienes dependen del vehículo para su actividad cotidiana, desde camioneros hasta agricultores y servicios de reparto, y que la subida de la luz añade una carga adicional a talleres, locales comerciales y explotaciones agrícolas. La sumatoria de ambos factores, combustible y energía, complica la gestión de costes para negocios con márgenes reducidos y escasa capacidad para repercutir precios al cliente. El presidente de la organización, Eduardo Abad, natural de Vilagarcía, ha insistido en la necesidad de respuestas rápidas por parte de las administraciones.

UPTA ha aportado además detalles sobre la estructura de los precios que, a su juicio, explican parte del problema y señalan posibles palancas de actuación. En el caso del carburante, la organización sostiene que, de cada 100 euros abonados en una gasolinera, alrededor de 54 € corresponden a costes de producto, refino, transporte y margen empresarial, mientras que el resto se encuadra en gravámenes fiscales. Esa composición, argumentan, impide que las oscilaciones de mercado se reflejen de forma proporcional en el precio final cuando hay movimientos especulativos o ajustes de margen por parte de los distribuidores. Para UPTA, conocer con precisión cómo se forma el precio es condición previa para una intervención regulatoria eficaz.

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En el recibo eléctrico, según la misma fuente, la distribución de costes explica por qué el encarecimiento de la energía penaliza tanto a los usuarios profesionales: cerca de 42 € se imputan a la generación y márgenes de las compañías, unos 33 euros a costes regulados del sistema y otros 21 euros a impuestos. Esa mezcla de componentes fijos y variables, apuntan desde UPTA, deja poco margen de maniobra para pequeños negocios cuando suben los precios mayoristas o cuando las empresas aplican ajustes comerciales. El resultado, añaden, es un incremento de los costes de producción que erosiona la rentabilidad de actividades ya de por sí frágiles. Para muchas explotaciones agrarias y pymes del sector servicios, la factura energética es una partida determinante en la cuenta de resultados.

Entre las peticiones concretas, la organización reclama mayor transparencia en la formación de precios y una supervisión más intensa por parte de los organismos de competencia para impedir prácticas especulativas. Asimismo exige alivios fiscales temporales para los autónomos más expuestos al coste energético y que el Ejecutivo valore mecanismos que limiten beneficios extraordinarios de grandes compañías en contextos de crisis. UPTA también solicita que las administraciones autonómicas, incluida la gallega, consideren medidas complementarias que alivien la presión sobre sectores estratégicos como el transporte y la agricultura.

Desde la sede de UPTA se ha hecho hincapié en que no se trata solo de un problema coyuntural sino de un riesgo para la continuidad de cientos de actividades y empleos vinculados a los autónomos. La organización recuerda que decisiones de política fiscal y regulatoria pueden amortiguar el impacto, y denuncia que algunas cotizadas en el IBEX han obtenido beneficios que, a su juicio, no se explican por el incremento de costes. Abad ha urgido al Gobierno a actuar con contundencia para evitar que la situación derive en cierres de negocios y pérdida de poder adquisitivo entre trabajadores por cuenta propia.

Consciente de la complejidad internacional que influye en los mercados energéticos, UPTA pide nonetheless respuestas domésticas que aporten calma y predictibilidad a los profesionales. La entidad ya ha señalado en comunicaciones anteriores que la subida de combustible puede elevar el gasto mensual de muchos autónomos en cifras que rozan los niveles de una nómina adicional, y ha planteado incluso la negociación de rebajas fiscales específicas en comunidades autónomas con alta densidad de trabajadores por cuenta propia. En Galicia, donde el tejido de autónomos es muy representativo, esas demandas cobran especial relevancia por el peso del transporte y la agricultura en la economía regional.

El llamamiento de UPTA llega en un momento en el que miles de profesionales observan la evolución de los mercados internacionales con creciente inquietud, mientras esperan medidas concretas del Ejecutivo central y de los reguladores. Si no se adoptan instrumentos de control y alivio, advierten, la combinación de carburante y electricidad más caros podría traducirse en más cierre de empresas, menos actividad económica y mayor precariedad para quien vive del trabajo diario. La organización mantiene la presión y anuncia que seguirá reclamando propuestas concretas hasta que se materialicen cambios que protejan a los autónomos.