El lector Francisco Domínguez Martínez ha reclamado en una carta publicada el 12 de marzo de 2026 en La Región que Galicia —y por extensión el conjunto del Estado— abra un debate sobre la reorganización municipal para fusionar ayuntamientos de pequeño tamaño, argumentando motivos de eficiencia económica y mejora de servicios. En su misiva, remitida desde Ourense, pide que la Xunta utilice la Ley de Régimen Local para iniciar, de oficio, procesos de fusión que configuren un nuevo mapa municipal similar al que, según afirma, ya se presentó en septiembre de 2024 para la provincia de Ourense. La propuesta busca, según el autor, ahorrar cargos públicos y destinar esos recursos a reforzar servicios en zonas rurales deprimidas.

Domínguez recuerda que ya en el siglo XIX se decretó la supresión de corporaciones locales con menos de 50 vecinos y subraya que hoy siguen existiendo más de 700 municipios por debajo de ese umbral. A partir de esa comparación histórica, el autor analiza la realidad demográfica actual: casi la mitad de los municipios españoles, el 49%, tiene menos de 500 habitantes, y cerca del 90% no alcanzan los 10.000, cifra que la Comisión Europea toma como referencia para un tamaño mínimo eficiente en la gestión local.

El relato incluye ejemplos contundentes para ilustrar la fragmentación: hay ayuntamientos con apenas tres residentes y otros cuya extensión se reduce a poco más que la superficie de un campo de fútbol, según el autor. Esa dispersión, sostiene, multiplica costes administrativos y políticos sin traducirse necesariamente en mejores servicios para la ciudadanía rural. Por eso propone impulsar fusiones mediante la normativa autonómica, una vía que permitiría a la administración gallega iniciar trámites sin depender exclusivamente de acuerdos locales.

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En el caso concreto de Ourense, el firmante alude a un estudio presentado a través de La Región que, de aplicarse, supondría la supresión de 72 alcaldías y la eliminación de alrededor de 500 concejalías. Domínguez plantea que esos cargos y los recursos asociados podrían reorientarse a atención sanitaria, transporte, educación y otros servicios básicos en comarcas con problemas de despoblación. El argumento económico y la promesa de mayores recursos para los pueblos constituyen el eje central de su petición.

La propuesta recoge además una lectura política: el cierre de filas en torno a la gestión eficiente requiere, en su opinión, «sentido común y valentía», apelación directa a quienes ocupan sillones municipales y a los partidos que gobiernan en las comunidades autónomas. Para Domínguez, los beneficios de la reorganización superarían las resistencias locales, puesto que el ahorro permitiría invertir en aquello que realmente precisan muchas poblaciones rurales, como infraestructuras y servicios sociales.

El debate sobre la fusión de municipios no es nuevo en España y ha vuelto a cobrar vigencia a raíz de la crisis demográfica que sufren amplias zonas del interior. Organizaciones internacionales y estudios académicos han señalado la necesidad de analizar tamaños óptimos de administración local, pero los procesos de reordenación se topan a menudo con la resistencia emocional y simbólica que supone la pérdida de identidad municipal. Esa tensión entre eficiencia y arraigo local es uno de los obstáculos que Domínguez reconoce, aunque advierte que la inacción también tiene costes.

Expertos consultados en otras ocasiones por diversos medios han señalado que los ahorros no siempre son inmediatos ni automáticos: la integración de servicios y plantillas requiere planificación, inversión inicial y acuerdos técnicos. No obstante, admiten que en áreas con municipios muy reducidos la racionalización puede liberar recursos a medio plazo. En Galicia, como en el resto de comunidades, la iniciativa planteada dependería del encaje legal, del consenso político y de mecanismos participativos que preserven derechos y servicios.

La carta concluye con un llamamiento a que la Xunta lidere un proceso pionero en España que siente las bases de un nuevo mapa municipal, y sugiere que la experiencia de Ourense puede servir de modelo. Si finalmente se impulsasen estas reformas, la discusión no solo versaría sobre números y ahorros, sino también sobre cómo equilibrar eficiencia administrativa y protección de la vida comunitaria en el medio rural.