Este jueves, día 12 de marzo de 2026, la Audiencia Nacional ha escuchado por videoconferencia a varios testigos con residencia en México, Argentina y Colombia que están citados en el juicio por la fortuna supuestamente oculta en Andorra atribuida a la familia Pujol. El tribunal ha convocado a más de 200 testigos y ha utilizado las conexiones remotas para ampliar las declaraciones sobre las operaciones internacionales del primogénito del expresidente catalán. La vista se centra en aclarar qué papel desempeñó Jordi Pujol Ferrusola en inversiones y negocios en el extranjero y en recabar pruebas que completen la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción.
Según explicaron las mismas fuentes judiciales, la mayoría de los citados para esta jornada son ciudadanos mexicanos que presuntamente colaboraron con las operaciones del hijo mayor de la familia, entre ellos empresarios y gestores documentales. Los magistrados intentaron organizar las comparecencias en horario vespertino por la diferencia horaria con América, y optaron por la videoconferencia desde despachos o domicilios para facilitar los interrogatorios. El fiscal encargado del caso, Fernando Bermejo, ha dirigido varias de las preguntas encaminadas a esclarecer transferencias y cesiones de crédito vinculadas a sociedades en el exterior.
Entre los declarantes previstos figuran nombres como Carlos Riva Palacio y el gestor de cobros y formalización de cesiones de créditos Urbano Baquero, que según el auto judicial habrían intervenido en operaciones financieras relacionadas con proyectos en América Latina. También debía comparecer otro testigo vinculado al denominado proyecto Azul de Cortés, una iniciativa para construir un gran complejo de ocio que, según la acusación, formó parte de las maniobras de inversión y canalización de fondos. Los interrogatorios buscan determinar el origen de los fondos, la estructura societaria empleada y si existió una contabilidad paralela o mecanismos para ocultar la titularidad real.
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Conoce más →Los tribunales han aplicado diferentes vías para incorporar testimonios extranjeros, pero han advertido de dificultades en la ejecución de comisiones rogatorias a algunos países implicados. En concreto, la Sala admite retrasos y obstáculos en gestiones con Gabón y el Reino Unido, lugares a los que se relaciona con mediaciones y operaciones atribuidas al procesado. También resta por cerrarse una conexión con Francia para tomar declaración a una persona citada, lo que podría prolongar el calendario judicial en las próximas semanas.
Durante las sesiones anteriores, la atención también se centró en la actuación que protagonizó la policía en sus gestiones con la entidad bancaria andorrana implicada en el caso. El ex consejero delegado de la entidad declaró que agentes contactaron con la entidad en busca de información, mientras que el propietario de la misma describió las presiones recibidas para obtener datos como algo similar a una «película de terror mala», en opinión de la defensa, aunque la policía negó que existieran coacciones en sus peticiones. Esos episodios han alimentado controversias sobre la legalidad y el alcance de las pesquisas preliminares.
El proceso penal, que arrancó con la investigación de movimientos sospechosos desde cuentas en Banca Privada d’Andorra y otras plazas, acumula ya numerosas diligencias y peritajes que intentan seguir la pista al patrimonio atribuido a la familia. Las acusaciones sostienen que se creó una estructura destinada a ocultar bienes y evasión fiscal, mientras que la defensa niega prácticas delictivas y subraya lagunas probatorias y defectos de instrucción. La complejidad del caso obliga a contrastar documentación bancaria, sociedades pantalla y declaraciones de terceros en distintos países.
La trama internacional que examina la Sala evidencia las dificultades que enfrentan los tribunales españoles para reunir prueba en jurisdicciones con marcos regulatorios y de cooperación judicial variados. Las comisiones rogatorias y las videoconferencias se han convertido en herramientas esenciales, pero su ejecución depende de la colaboración de autoridades extranjeras y de la disponibilidad técnica de los testigos. Ese escenario ha obligado al tribunal a modular la agenda procesal y a admitir demoras que podrían alargar la vista oral más de lo previsto inicialmente.
El juicio a los Pujol sigue siendo uno de los procedimientos de mayor complejidad por los vínculos transnacionales que plantea y por el volumen de personas implicadas en calidad de testigos o peritos. Las declaraciones de esta semana aportan piezas más al rompecabezas sobre las actividades en América Latina atribuidas a Jordi Pujol Ferrusola, pero los magistrados y la Fiscalía advierten de que harán falta más actuaciones y, probablemente, nuevas diligencias internacionales para poder completar el relato probatorio. La causa continúa abierta y con numerosas comparecencias pendientes, mientras la opinión pública sigue la evolución de un caso que combina finanzas, política y derecho internacional.
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