La Asociación Veciñal Aldea de Bordóns ha denunciado que el Concello de Sanxenxo denegó su petición, presentada el 2 de marzo, para fijar el domicilio social en la Casa da Cultura de San Pedro de Bordóns. Según los vecinos, la negativa impide completar los trámites administrativos necesarios para recibir una subvención y obtener la autorización para usar el edificio en el que celebran actividades. El conflicto estalla ahora porque, a su juicio, otras asociaciones del municipio sí figuran con sede en inmuebles públicos y se sienten discriminadas.

La entidad expone que solicitó formalmente al ayuntamiento que le autorizase establecer su dirección oficial en el centro cultural parroquial con el objetivo de gestionar ayudas y dar continuidad a las iniciativas locales. La Casa da Cultura funciona como espacio comunitario donde la asociación celebra asambleas, prepara talleres y pretende impartir cursos para los vecinos. Además, la organización ya cuenta con una ayuda concedida en el marco del programa Provincia Activa 2026, destinada a la compra de mobiliario para mejorar esas instalaciones.

Para tramitar la subvención, explican, es preciso adjuntar una autorización del Concello que acredite el uso del inmueble por la asociación, documento que el ayuntamiento se niega a facilitar. En la comunicación oficial remitida desde Alcaldía se argumenta que no es posible autorizar la petición porque los inmuebles municipales no pueden constituirse como domicilio social de entidades externas al ser de titularidad pública. Esa postura municipal ha sido el eje de la discrepancia entre ambas partes.

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Los representantes vecinales consideran difícil de entender la negativa, ya que en el Registro de Asociaciones de la Xunta constan grupos del propio municipio que tienen fijada su sede en edificios públicos. Citan, por ejemplo, a la Asociación Mulleres Rurais Santa Catalina de Portonovo como entidad que figura con domicilio en un inmueble de titularidad municipal. La asociación de Bordóns reclama coherencia administrativa y exige que se aplique el mismo criterio a todos los colectivos locales.

La junta vecinal también denuncia contradicciones en la tramitación administrativa: aseguran que el concejal responsable trasladó a su presidenta que el documento requerido por la Deputación no era necesario, una versión que la propia asociación niega. El concejal Marcos Guisasola, según relatan desde el colectivo, afirmó en una conversación que esa exigencia no figuraba en la documentación de la Diputación, pero los vecinos sostienen que sí se les ha reclamado ese comprobante para completar el expediente.

Ante la discrepancia, la asociación afirma haber consultado a la Xunta de Galicia y a la Deputación de Pontevedra para verificar los requisitos de la subvención y la necesidad de la autorización municipal. Los representantes del colectivo demandan que el concejal se informe correctamente y deje de rechazar solicitudes «sin antes asegurarse», en palabras que resumen el malestar con la gestión local. La organización insiste en que la autorización es un trámite imprescindible para legalizar la intervención en el edificio y justificar las compras previstas.

El conflicto abre discusiones sobre el uso de bienes municipales por parte de colectivos vecinales y sobre la transparencia en la concesión de ayudas públicas. Para la asociación, la denegación no solo pone en riesgo la recepción de material para la Casa da Cultura, sino que limita la posibilidad de consolidar un proyecto vecinal que busca dinamizar la parroquia y ofrecer servicios formativos. En un entorno rural como Bordóns, subrayan, los edificios públicos cumplen una función esencial como punto de encuentro y esquema organizativo para la vida asociativa.

Fuentes municipales defienden la posición adoptada apelando a la normativa sobre titularidad de instalaciones públicas y a la necesidad de evitar que se utilicen inmuebles municipales como domicilios legales de terceros. La asociación, por su parte, no descarta acudir a vías administrativas para aclarar la situación o buscar alternativas que permitan ejecutar la subvención y garantizar el uso habitual del espacio. Mientras tanto, los vecinos mantienen sus actividades y anuncian que seguirán reclamando una solución que, dicen, es sencilla desde el punto de vista administrativo y necesaria para el desarrollo local.