La Asociación Veciñal Aldea de Bordóns ha denunciado que el Ayuntamiento de Sanxenxo rechazó autorizar que la entidad establezca su domicilio social en la Casa da Cultura de la parroquia de San Pedro de Bordóns, solicitud que presentó el pasado 2 de marzo de 2026. Según la asociación, la negativa les impide completar trámites administrativos y optar a ayudas destinadas a la mejora del propio inmueble, donde celebran asambleas y desarrollan actividades. El conflicto ha salpicado el debate local por la aparente disparidad de criterios entre distintas entidades del municipio.
La petición formal buscaba una dirección oficial para la asociación y facilitar la gestión de subvenciones, en concreto una ayuda concedida por la Diputación de Pontevedra dentro del programa Provincia Activa 2026 para la compra de mobiliario destinado a la Casa da Cultura. Para cerrar el expediente administrativo, los técnicos de la Diputación requieren un documento municipal que autorice el uso del edificio como sede de la entidad. Sin ese papel, explican desde el colectivo, no pueden justificar ante la administración el destino del material.
En respuesta, el Ayuntamiento comunicó a la asociación que no puede acceder a la solicitud porque los inmuebles de titularidad pública no pueden constituirse como domicilio social de entidades ajenas a la administración local. Esa argumentación, según la asociación, se sustenta en que la Casa da Cultura es un edificio municipal y por tanto su dirección no puede figurar como sede de terceros. El Ayuntamiento no ha ofrecido, por ahora, una alternativa concreta para resolver la situación.
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Conoce más →Los vecinos contradicen esa interpretación y aseguran haber consultado previamente tanto a la Diputación como a la Junta de Galicia, cuyos servicios, según la asociación, confirman la necesidad de aportar la autorización municipal para completar la subvención. Además, la entidad sostiene que el concejal responsable transmitió verbalmente a su presidenta que ese documento no era imprescindible; en ese sentido critican que el comportamiento del edil generó confusión en la tramitación. El concejal implicado, Marcos Guisasola, no ha ofrecido una respuesta pública detallada sobre su criterio más allá del comunicado municipal.
La asociación considera que la postura del Ayuntamiento resulta incoherente porque, según consta en registros oficiales consultados por el colectivo, existen en el municipio otras agrupaciones que figuran inscritas con domicilio social en edificios públicos. Citan como ejemplo a la Asociación Mulleres Rurais Santa Catalina de Portonovo y otras entidades vecinales que, dicen, han podido registrar su sede en instalaciones municipales o dependencias comunitarias sin obstáculos similares. Para los vecinos de Bordóns, esa desigualdad plantea dudas sobre la igualdad de trato y la claridad de los procedimientos administrativos.
Los impulsores del colectivo recuerdan que la Casa da Cultura es el lugar donde celebran habitualmente sus reuniones y donde tienen previsto impartir talleres y cursos dirigidos a la población local, actividades para las que ya han solicitado material y mobiliario con la subvención concedida. Señalan además que, sin una dirección oficial, la asociación encuentra dificultades para presentarse ante otras administraciones y para gestionar futuras ayudas o convenios. La falta de una sede legal también complica la responsabilidad civil y la recepción de notificaciones.
En los últimos meses, la agrupación ha tratado de resolver el conflicto por la vía administrativa: presentó la solicitud el 2 de marzo, mantuvo contactos con la Diputación y la Junta, y reclama ahora una revisión de la decisión municipal. Exigen que el Ayuntamiento explique los criterios empleados para denegar la autorización y que facilite una solución que permita la continuidad de las actividades comunitarias en la Casa da Cultura. Mientras, mantienen la convocatoria y celebración de actos en el espacio, como la asamblea vecinal realizada a principios de agosto en la plaza Manuel Cortés.
El caso plantea además un debate más amplio sobre el uso de espacios públicos y la capacidad de las entidades ciudadanas para acceder a recursos y subvenciones. Para los vecinos de Bordóns, la negativa municipal no solo supone un obstáculo burocrático sino un freno a iniciativas culturales y sociales de base en una parroquia con escasos equipamientos. La asociación afirma que seguirá reclamando la autorización y advierte que, de no recibir una respuesta satisfactoria, estudia elevar la cuestión a instancias superiores para salvaguardar su derecho a funcionar con una sede reconocida.
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