Veinte jefes de servicio de la Universidad de Vigo han firmado un manifiesto en el que advierten del «profundo deterioro» en la gestión institucional y solicitan a los tres candidatos que concurren a la rectoría compromisos concretos para revertir la situación. El documento, enviado a todas las cuentas de correo de la universidad, apunta a problemas de liderazgo, lentitud en la toma de decisiones y fallos en la comunicación interna que, según los firmantes, ponen en riesgo la operatividad diaria. La campaña electoral comienza el 20 de abril y las votaciones están convocadas para el 6 de mayo, fechas en las que los firmantes consideran clave conocer propuestas claras. Los responsables apelan a un cambio de rumbo ante lo que califican como una crisis en la coordinación de los servicios.

Los firmantes pertenecen a servicios y unidades de gestión técnica, económica y administrativa, y subrayan que la pérdida de peso de criterios técnicos frente a directrices de carácter político ha ido erosionando la eficiencia. En el texto, los jefes de servicio denuncian que muchas decisiones se adoptan sin su participación y que se han creado estructuras paralelas que dificultan la coordinación interdepartamental. Este esquema, añaden, ha generado compartimentos estancos que ralentizan procedimientos administrativos y complican la respuesta a las necesidades docentes e investigadoras. La queja incorpora una llamada a priorizar la gestión técnica y profesional para evitar el bloqueo de trámites esenciales.

Los firmantes alertan de un «colapso administrativo» y de una ralentización injustificada en la gestión ordinaria, que afecta a plazos, certificaciones y contratación. Fuentes internas consultadas por este diario señalan que la acumulación de expedientes pendientes y la lentitud en la resolución de asuntos rutinarios están perjudicando el funcionamiento académico y el apoyo a los proyectos de investigación. El documento busca poner en evidencia esas disfunciones de forma pública antes de que se abra la campaña electoral, con el objetivo de que los aspirantes incluyan medidas concretas en sus programas. Entre las reivindicaciones se pide un refuerzo de los canales de comunicación y la recuperación del papel de los equipos técnicos en la toma de decisiones.

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La contundencia del manifiesto siguió a una réplica del actual rector, Manuel Reigosa, que el jueves publicó un texto en el que reclamaba lealtad institucional y defendía la profesionalidad del personal universitario. En su escrito, el rector advirtió sobre el riesgo de erosionar la confianza institucional y criticó a quienes, a su juicio, actúan con motivaciones políticas ocultas. Fuentes consultadas interpretan esa intervención como una respuesta tanto al manifiesto de los jefes de servicio como a otra carta firmada por 213 trabajadores del personal técnico y administrativo que planteó reivindicaciones para el próximo mandato. La tensión pública entre distintas voces del campus ha abierto un debate sobre transparencia y participación en la gobernanza universitaria.

En el manifiesto, los jefes de servicio sostienen que su papel en la gestión ha sido en muchos casos ignorado y que esa exclusión ha facilitado la aparición de una administración paralela que asume funciones que corresponderían a las unidades competentes. Según relatan, esa dinámica no solo complica la coordinación, sino que también resta responsabilidad y rendición de cuentas en procesos administrativos. Las consecuencias, añaden, pueden llegar a afectar a la ejecución presupuestaria y al cumplimiento de plazos legales en materia de contratación y recursos humanos. Por ello reclaman protocolos claros que garanticen la participación técnica en decisiones relevantes.

El manifiesto exige compromisos directos a las tres candidaturas, que concurren con propuestas distintas para dirigir la institución. Los aspirantes son Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro, y los jefes de servicio reclaman medidas concretas para mejorar la gobernanza, agilizar trámites y restablecer canales de comunicación efectivos. El documento solicita además garantías de que los criterios técnicos volverán a presidir la gestión universitaria, sin interferencias de naturaleza partidaria. Por ahora, no se ha hecho pública una respuesta formal de las listas candidatas sobre las propuestas planteadas por los firmantes.

Analistas y representantes de sectores del personal técnico ven en esta polémica un síntoma de problemas estructurales que trascienden la figura del rector y que podrían requerir reformas organizativas. Recuperar la operatividad, señalan, pasa por clarificar competencias, mejorar la planificación y fortalecer la carrera profesional del personal de gestión. En el entorno académico se pone el acento en la urgencia de medidas que garanticen seguridad jurídica en los procedimientos y agilidad en la ejecución de proyectos docentes e investigadoras.

Con la campaña ya próxima, la batería de críticas plantea un debate público que obligará a los candidatos a posicionarse sobre reformas concretas en la administración universitaria. La comunidad universitaria seguirá de cerca si las propuestas electorales recogen cambios en la estructura de gestión y cómo se articulará la participación técnica en la toma de decisiones. Para muchos firmantes, el próximo rector debe priorizar la estabilidad administrativa si pretende recuperar la confianza y la eficiencia en la Universidade de Vigo.