Veolia cumple más de cinco décadas de prestación de servicios hídricos en Galicia y protagoniza estos días, junto al recuerdo del Día Mundial del Agua, una doble lectura: modernización técnica y compromiso social frente a los retos que trae el clima y la dispersión demográfica. Su huella en la comunidad abarca desde la instalación de contadores inteligentes en Ourense hasta programas sociales que buscan garantizar el acceso al agua para colectivos vulnerables.
El compromiso de Veolia en Galicia
En lo educativo, la empresa ha impulsado el programa Aquae STEM con el objetivo declarado de despertar vocaciones científicas entre el alumnado y, especialmente, entre las niñas. No es baladí en una región donde la brecha de género en carreras técnicas sigue siendo un reto: fomentar la presencia femenina en el sector del agua conecta directamente con la campaña de Naciones Unidas de este año sobre la relación entre agua y género.
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Conoce más →Además de la vertiente social, la inserción laboral figura entre las prioridades. Programas como las becas Talento Profesional y Talento Joven, en colaboración con la entidad local Igaxes, buscan facilitar la entrada al mercado de trabajo de personas en situación de vulnerabilidad. Según fuentes cercanas a los proyectos, uno de los objetivos es convertir formación en oportunidades reales en municipios con poblaciones envejecidas y limitadas ofertas de empleo.
Innovación para la resiliencia
La digitalización de redes y el tratamiento avanzado del agua son el otro frente donde Veolia centra esfuerzos. En la provincia de Ourense, el proyecto Ou-Inteligente, provincia del agua, promovido por AquaOurense y la Diputación de Ourense, contempla una inversión superior a los 13 millones de euros para desplegar telelectura y monitorización en tiempo real en 79 municipios. Un centro inteligente de gestión centralizará datos y dará soporte técnico a los ayuntamientos, con la promesa de mejorar tiempos de respuesta y reducir pérdidas.
Al proceso se suma el PERTE municipal bautizado Ourense termal verde y digital, con una dotación de 4,5 millones de euros para instalar más de 6.500 contadores inteligentes, sectorizar la red en 40 áreas y modernizar infraestructuras, incluidas fuentes de energía renovable como la planta fotovoltaica de la EDAR de Reza. La sectorización, en teoría, permite localizar fugas y priorizar inversiones; en la práctica, será clave verificar reducciones reales de agua no contabilizada y analizar su impacto en las facturas municipales.
Compañías y centros de investigación trabajan de la mano: el Cetaqua Galicia aparece como pieza central para proyectos de economía circular y descarbonización. Iniciativas como Waterun, AWARD o CIGAT Circular abordan la reutilización de aguas de escorrentía, la transformación de residuos en recursos y la eliminación de microplásticos, marcando un rumbo que unifica sostenibilidad y eficiencia técnica.
Retos y repercusiones locales
La modernización y la inversión no están exentas de discusión pública. En Galicia, donde la gestión del agua ha sido tradicionalmente competencia municipal y autonómica, los modelos de colaboración público-privada siempre suscitan debate. Cabe recordar que muchos ayuntamientos afrontan el dilema entre asumir costes de mantenimiento e inversiones o externalizar servicios para garantizar continuidad técnica.
En ese cruce aparecen varias preocupaciones: la transparencia en los contratos, la repercusión de las tarifas sobre hogares con bajos ingresos y la gestión de datos que generan los contadores inteligentes. A falta de confirmación oficial sobre métricas comparables, expertos locales insisten en que la digitalización debe ir acompañada de garantías sobre privacidad y de mecanismos claros para que los ahorros por eficiencia reviertan en la ciudadanía.
Por otra parte, el elemento climático añade urgencia. Galicia no es ajena a episodios extremos: temporadas de sequía estivales alternadas con episodios de lluvias intensas exigen redes más flexibles que permitan tanto almacenar y reutilizar agua como responder a crecidas. Las inversiones en desalinizadoras, EDARs modernizadas y sistemas de telemetría cobran sentido en ese marco, pero requieren planificación a largo plazo y coordinación entre ayuntamientos, la Xunta y entidades supramunicipales.
La apuesta por la economía circular, si se implementa con criterios técnicos rigurosos, puede generar beneficios adicionales para el territorio: reducción de vertidos, creación de empleo en sectores verdes y cierre de ciclos productivos. Ya hay indicios locales, como el uso de energía fotovoltaica en plantas de tratamiento, que apuntan a un enfoque más integrado entre gestión del agua y transición energética.
Sin embargo, no es la primera vez que proyectos de modernización suscitan reticencias. Muchos vecinos miran con recelo la entrada de grandes operadores en servicios de proximidad; otros, en cambio, reconocen que la complejidad tecnológica exige recursos que pequeños municipios no siempre pueden aportar. El equilibrio entre eficiencia técnica y control público será determinante en los próximos años.
Más allá de la técnica y la política, la dimensión social del agua reclama atención. Impulsar programas que reduzcan la vulnerabilidad de familias y que promuevan la igualdad de género en el acceso y la gestión del recurso conecta con un objetivo mayor: garantizar que las políticas hídricas no solo optimicen tuberías y cifras, sino que mejoren la vida cotidiana de las personas.
De cara al futuro, Galicia se juega la oportunidad de convertir sus infraestructuras en palancas de innovación social y ambiental. Si las inversiones anunciadas se acompañan de auditorías independientes, participación ciudadana y reparto equitativo de beneficios, la modernización del ciclo del agua puede convertirse en una pieza central de la resiliencia regional. Esa es la promesa que traen los proyectos en curso; su cumplimiento dependerá, en gran medida, de la vigilancia pública y de la voluntad de transformar promesas tecnológicas en mejoras tangibles para pueblos y ciudades por igual.
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