Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) se concentraron este sábado, 14 de marzo de 2026, en la calle Alcalá de Madrid, entre la Puerta del Sol y la plaza de Cibeles, para reclamar mejoras laborales, plena equiparación salarial con las policías autonómicas, una jubilación que no suponga pérdida de poder adquisitivo y el reconocimiento de su actividad como profesión de riesgo. La protesta fue convocada por la plataforma recién creada JuntosPolGC, que se define como «apolítica y asindical», y reunió a representantes de distintos cuerpos en una marcha que buscó visibilizar demandas pendientes ante Interior y Hacienda. Los organizadores sostienen que las centrales sindicales no han conseguido avances suficientes y que la unión de cuerpos es la vía para presionar al Gobierno.

Los manifestantes avanzaron por Alcalá en filas compactas y con pancartas reivindicativas que aludían a la equiparación retributiva y a la protección social del personal. La movilización transcurrió sin incidentes significativos y contó con la presencia de efectivos veteranos y de más jóvenes, lo que según los promotores refleja un malestar transversal en las plantillas. Entre las consignas estuvieron la exigencia de que las retribuciones y condiciones laborales se adecuen a la peligrosidad y complejidad creciente de sus funciones. La organización explicó que la marcha era solo la primera de una serie de iniciativas para presionar a los ministerios competentes.

Una de las novedades más destacadas de la jornada fue la participación de agentes de la Agencia Tributaria integrados en el SVA, que por primera vez se sumaron a una protesta con policías y guardias civiles. El Servicio de Vigilancia Aduanera actúa habitualmente en investigaciones contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el crimen organizado, compartiendo operaciones con otros cuerpos del Estado. Los vigilantes aduaneros acudieron encuadrados en la entidad sindical JUSVA, que explica que su implicación responde a la necesidad de poner en común reivindicaciones similares a las de otros operadores de seguridad. Su presencia amplió el mensaje de unidad interinstitucional que promueven los convocantes.

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Para el coordinador de JUSVA, Jorge Samblás, participar en la movilización supone «estar codo con codo» con el resto de fuerzas, no solo en lo operativo sino también en la defensa de condiciones laborales y retributivas. Samblás señaló que los vigilantes aduaneros han sufrido años de «abandono sindical» y que ahora pretenden recuperar el terreno perdido mediante la acción conjunta. Subrayó además que la especialización de sus funciones y la exposición a riesgos derivados de la lucha contra organizaciones criminales justifican la reclamación de un estatus que reconozca esa peligrosidad. Según su diagnóstico, la unión entre cuerpos aumentará la capacidad de presión frente a las administraciones.

JuntosPolGC, la plataforma que articuló la concentración, agrupa a efectivos de distintos cuerpos y plantea una hoja de ruta centrada en tres ejes: equiparación salarial con las policías autonómicas, jubilación sin merma del poder adquisitivo y reconocimiento legal de las funciones como profesión de riesgo. Sus promotores sostienen que la dispersión de reivindicaciones entre sindicatos ha diluido resultados y que una plataforma común puede forzar soluciones ante Interior y Hacienda. Fuentes de la organización recalcaron que se trata de una iniciativa transversal, ajena a siglas políticas y a la estructura clásica de los sindicatos tradicionales.

Los convocantes han advertido de que las movilizaciones podrían intensificarse si no hay respuestas claras por parte de los ministerios implicados. En su argumentario recuerdan que las discrepancias entre las condiciones de los cuerpos del Estado y las policías autonómicas generan tensiones y desequilibrios en la gestión de la seguridad pública. Desde JuntosPolGC sostienen que además de retribuciones, es necesaria una actualización normativa que contemple la jubilación anticipada con complementos que mantengan el poder adquisitivo. También plantean revisar el reconocimiento de enfermedades profesionales y protocolos de protección para operaciones complejas.

Hasta el cierre de la protesta no constaba una respuesta oficial del Ministerio del Interior ni del de Hacienda a las demandas planteadas en la marcha, y desde fuentes gubernamentales se subrayó la voluntad de diálogo sin concretar medidas. En el pasado, las negociaciones sobre equiparación y protección social han sido largas y han dado lugar a acuerdos parciales, lo que genera escepticismo entre parte de los convocantes. Los sindicatos mayoritarios de las fuerzas de seguridad han apoyado históricamente algunos de estos objetivos, pero los organizadores de la plataforma consideran que los avances han sido insuficientes.

La implicación del SVA y la visibilidad conseguida en la marcha de Madrid abren un nuevo capítulo en la reivindicación sectorial que puede repercutir en la agenda política y en la gestión de recursos de los cuerpos. Los convocantes anuncian que evaluarán los resultados de la protesta y decidirán próximas medidas en función de las respuestas que reciban. Mientras tanto, la concentración de este sábado queda como una imagen representativa de la inquietud creciente entre los profesionales que, aseguran, asumen riesgos cada día en la lucha contra el crimen organizado.